Más impuestos a los pensionistas
El paquete económico de Sumar completa su contenido en unas medidas laborales y de pensiones que, sin ser demasiado novedosas, sí revelan una visión diferente a la del Ejecutivo de coalición. Sobre todo en pensiones. Aunque el documento es un borrador que será completado con las aportaciones ciudadanas, y su publicación definitiva no se cerrará hasta junio, las propuestas iniciales ya suponen un aviso a navegantes. Su contenido permite intuir tanto a los laboralistas y los interlocutores sociales hacerse una idea de los planes de Sumar, a la espera de conocer las del resto de partidos.
Así, se pone el foco en la recomendación del Pacto de Toledo de 2020 que planteaba “corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones sociales” en la financiación del sistema y se instaba a buscar mecanismos innovadores en un marco en el que la revolución tecnológica puede elevar la productividad sin incrementar el empleo.
Pero en lugar de entender esto como un llamamiento a estudiar una fiscalidad de los robots (como lo plantean los sindicatos), la solución de Sumar pasa por “una reforma fiscal progresiva y justa en la que quienes más tienen más paguen”.
Y aquí no hablamos solo de los ‘ricos’, también de los “pensionistas con mayores pensiones”. De hecho, como alternativa a los recortes en pensiones el documento ve “razonable” pedir una “contribución adicional” que se materializaría “por la vía del impuesto sobre la renta total”. Es decir, gravando sus pensiones sin exención de ningún tipo.
Este planteamiento podría romper el principio de separación de fuentes del sistema (que establece que las pensiones contributivas se financien exclusivamente con cotizaciones). En cualquier caso demuestra que los expertos que Díaz ha convocado para sus grupos de trabajo no confían demasiado en las previsiones de la reforma de José Luis Escrivá.
Así, el Banco de España apunta a que la reforma requerirá de medidas adicionales ya en la próxima legislatura para cubrir el desfase generado por los cambios introducidos y la pura presión de la demografía y el envejecimiento. En marzo de 2025 será la primera revisión de la reforma, a través de la cláusula de escape, un mecanismo de ajuste automático impuesto por la Comisión Europea, del denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (una cotización extra sobre todos los salarios para nutrir el Fondo de Reserva que se usará para pagar las prestaciones del baby boom).
