(I) SERVICIOS PÚBLICOS, SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIDAD
Se pagan más impuestos, pero muchos ciudadanos perciben que “hacer un papeleo” sigue siendo exasperante, aunque ahora la cola sea virtual esperando una cita.
No nos engañemos, la prueba del algodón de todo gobierno es la que inquiere por si nuestras condiciones de vida son mejores o no que justo antes de que empezara su tarea. Y este es el examen a que hemos sometido a los gobiernos Sánchez.
SERVICIOS PÚBLICOS: SANIDAD, EDUCACIÓN, DEPENDENCIA, TRANSPORTE Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sanidad (Salud pública): Los datos indican un deterioro en las listas de espera sanitarias. A finales de 2017 había unos 592.000 pacientes esperando una operación no urgente, con un tiempo medio de espera de 106 días. En junio de 2024 se alcanzaron incluso 848.340 pacientes esperando cirugía. Esto refleja mayores retrasos para acceder a intervenciones médicas en 2025 respecto a 2017.
En atención primaria y especializada también se registran esperas prolongadas, y un 17,4% de pacientes llevan más de seis meses esperando cirugía (dato 2023), señal de saturación. La inversión sanitaria per cápita creció en estos años, pero la demanda (envejecimiento poblacional, COVID e inmigración) ha superado a la oferta, generando quejas por falta de personal y sobrecarga en urgencias. En resumen, la Sanidad pública en 2025 está en un peor estado.
Educación (Resultados PISA): Los resultados educativos internacionales PISA se han mantenido estancados o ligeramente a la baja. En 2015 España obtuvo 493 puntos en ciencias (igualando la media OCDE), pero en PISA 2018 ya hubo un descenso. Para 2022, tras el impacto de la pandemia, España marcó 473 puntos en matemáticas, 474 en lectura y 485 en ciencias, cifras ligeramente inferiores a 2018. España sigue por debajo de la media de la OCDE en lectura y matemáticas. En comparación internacional, España se mantiene con rendimientos medios-bajos: En definitiva, no se observan mejoras significativas en el nivel educativo de los alumnos entre 2017 y 2025, según PISA.
Sistema de dependencia: En 2017 el llamado “limbo de la dependencia” (personas con derecho reconocido a ayuda, pero sin recibir prestación) era muy elevado, superando las 300.000 personas en lista de espera. Según informes recientes, gracias a un Plan de Choque 2021-2023 y al aumento de financiación pública, ese número se redujo drásticamente: de 385.000 dependientes en espera en 2015 se bajó a 135.400 en 2023-2024. Es decir, se ha agilizado el acceso a las prestaciones de dependencia en comparación con 2017.
Además, la financiación estatal de la dependencia aumentó un +251% entre 2020 y 2024, permitiendo incorporar más beneficiarios. No obstante, aún quedan carencias: casi 300.000 personas siguen esperando valoración o prestación a mediados de 2023, y se denuncia que decenas de miles de dependientes fallecen cada año sin recibir ayuda. Con todo, la situación global del sistema de atención a la dependencia ha mejorado ligeramente respecto a 2017.
Transportes públicos y ferrocarriles: En 2025 España presume de logros en infraestructuras de transporte. Se ha consolidado como “el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria” (AVE), superando a Alemania e Italia juntas en extensión. Desde 2017 se culminaron nuevas líneas (por ejemplo, AVE a Granada en 2019, a Burgos en 2022, a Galicia en 2021).
En 2023-2024 el Gobierno implementó descuentos y gratuidad en abonos de cercanías y media distancia, aumentando el uso del transporte público un 13%. Sin embargo, persisten y aumentan las deficiencias en algunos servicios: en la red de Cercanías (suburbanos) de grandes ciudades (Madrid, Barcelona) hay quejas por averías y falta de inversiones en mantenimiento. Un ejemplo de mala gestión fue el “caso de los trenes que no cabían en los túneles” en Cantabria/Asturias (2021-2023), reflejo de problemas de planificación. La degradación del servicio y la frecuencia de averías se ha extendido a los trenes de largo recorrido y sobre todo al AVE.
Administración pública (atención al ciudadano): En 2017 los trámites presenciales con la administración ya eran engorrosos, Hoy en 2025 han empeorado, casi todos los trámites requieren cita previa (DNI, pasaporte, consultas en Seguridad Social, etc.), lo que ha provocado colapsos periódicos en la obtención de citas.
Por ejemplo, en 2018 CCOO denunciaba falta de personal en expedición del DNI, con oficinas sin citas disponibles en todo un mes en ciudades como Barcelona. Tras 2020, esa situación se agravó: muchos ciudadanos reportaron dificultades para conseguir cita online, llegando a tardar semanas o meses para trámites básicos.
Aunque la administración general del Estado y las autonómicas han mejorado sus plataformas digitales, la atención personalizada se ha resentido, especialmente para colectivos menos digitales. La burocracia sigue siendo pesada (España suele ocupar puestos intermedios en indicadores de eficiencia gubernamental de la OCDE). En conclusión, no se aprecia una mejora clara en la atención administrativa al ciudadano entre 2017 y 2025; más bien una transformación digital a medias, con servicios electrónicos útiles pero saturación en la atención presencial. Se pagan más impuestos, pero muchos ciudadanos perciben que “hacer un papeleo” sigue siendo exasperante, aunque ahora la cola sea virtual esperando una cita.
SEGURIDAD CIUDADANA: DELITOS Y POBLACIÓN RECLUSA
España continúa siendo un país relativamente seguro en el contexto europeo, con tasas de criminalidad bajas o moderadas. La tasa de homicidios se ha mantenido muy baja: en 2017 hubo 307 homicidios consumados (0,66% hab.), cifra que aumentó levemente a 331 homicidios en 2023 (0,69%). Este repunte es mínimo y España sigue registrando una de las tasas de homicidio algo más bajas de Europa (en 2023, 0,7% frente a 0,9% UE).
En robos con violencia e intimidación, las estadísticas nacionales muestran una tendencia relativamente estable: se contabilizaban en torno a 60-70 mil robos violentos al año, tanto en 2017 como en años recientes. Hubo descensos coyunturales en 2020 por los confinamientos, seguidos de repuntes; pero comparando 2017-2019 con 2022-2023, los niveles son parecidos (unos 65.000 robos violentos anuales estimados). La tasa de criminalidad global (delitos por mil habitantes) en 2022 fue 48,8%, algo mayor que en 2017 (cuando rondaba 45%), debido sobre todo al aumento de ciberdelitos.
El dato más preocupante está en los delitos sexuales, que han aumentado notablemente. Las agresiones sexuales con penetración (violaciones) denunciadas casi se duplicaron: en 2017 se denunciaron alrededor de 1.400 violaciones; en 2022 se denunciaron 2.870 violaciones (8 al día), lo que supone un 53% más que en 2019 y un 34% más que en 2021. Esto refleja un problema social grave.
Además, la definición legal cambió en 2022 (con la ley del “solo sí es sí” se unificaron abuso y agresión), lo que puede haber influido en las cifras. En todo caso, España presenta en 2025 tasas altas de agresiones sexuales denunciadas en comparación con su propio pasado, lo cual genera alarma pública.
Otros delitos violentos (lesiones, riñas, intentos de homicidio) también repuntaron tras la pandemia (Interior reportó 44% en tentativas de homicidio vs. 2019), aunque en niveles absolutos España sigue relativamente segura.
El número de presos en España ha disminuido ligeramente de 2017 a 2025. En 2017 había 58.800 reclusos en total, equivalente a 126 presos por cada 100.000 habitantes. En 2022-2023, la cifra bajó a unos 55 mil reclusos (116% por hab.), continuando la tendencia descendente iniciada tras 2010. España ha pasado de tasas de encarcelamiento altas (158% en 2010) a más moderadas en 2023, acercándose a la media de Europa occidental. Este descenso se debe a la disminución de delitos durante la larga crisis económica anterior y a medidas de reinserción; además, las reformas penales (por ejemplo, revisión de condenas por la ley mencionada) han reducido la población penitenciaria marginalmente.
Conclusión en seguridad: en 2025 no hay un incremento global de la criminalidad violenta frente a 2017. Los homicidios se mantienen bajos y los robos violentos estables, aunque las violaciones aumentaron significativamente. La sensación de seguridad ciudadana sigue siendo buena, con España entre los países más seguros de la UE en homicidios, pero con desafíos en violencia sexual y nuevas amenazas (ciberdelitos en auge, etc.). La capacidad del sistema penal parece suficiente dado que hay menos presos que hace una década, lo que indica o bien menos delincuencia o alternativas a la prisión.
PAGAMOS COMO RICOS, VIVIMOS COMO POBRES
El verdadero castigo está en el llamado esfuerzo fiscal: lo que cada español paga en impuestos en proporción a lo que gana. Y en eso, España lidera el ranking europeo.
En 2025, España sigue atrapada en una paradoja fiscal que ni los años ni los gobiernos logran resolver: recauda como país moderado, pero exige a sus ciudadanos como si fuera una potencia del norte. Y todo ello con sueldos propios del sur. La presión fiscal aparente, esa que se mide en porcentaje sobre el PIB, ronda un 36,8 %, por debajo de la media de la UE (41 %). Pero el verdadero castigo está en el llamado esfuerzo fiscal español: lo que cada español paga en impuestos en proporción a lo que gana. Y en eso, España lidera el ranking europeo.
Según el Instituto de Estudios Económicos, el esfuerzo fiscal español es un 17-18 % superior al promedio de la UE. Traducido a vida real: el español medio paga impuestos al nivel de un alemán, pero con menos renta, menos servicios y menor retorno del Estado. O, como ya se dice entre economistas críticos: España se comporta como un país escandinavo… sin serlo.
De 2017 a 2025: más impuestos, más inflación, menos renta real
Desde 2018, la política fiscal ha seguido una escalada: subidas del IRPF a las rentas altas, impuestos nuevos como la Tasa Google o la Tasa Tobin, y recargos extraordinarios a banca, energéticas y grandes fortunas. Pero la verdadera sangría no ha sido legislativa, sino silenciosa: durante años, el IRPF no se ajustó a la inflación. Resultado: miles de contribuyentes de renta media y baja pasaron a pagar más simplemente porque cobraban más en términos nominales, no reales.
Pese a las bajadas temporales del IVA en luz, gas o alimentos en 2022 y 2023, la presión sobre las rentas medias ha aumentado. Y con ella, la sensación de que el sistema fiscal castiga al ciudadano medio más que lo que protege.
Cuña fiscal: tributar como Alemania, cobrar como Bulgaria
Uno de los datos más alarmantes es la cuña fiscal: la proporción de impuestos y cotizaciones sobre el coste laboral total. En 2023, un asalariado medio sin hijos soportaba una cuña del 40,6 %, frente al 34,9 % de media en la OCDE. Es decir, trabajar en España es casi tan gravoso como hacerlo en Francia o Alemania, aunque con sueldos significativamente más bajos y menos protección social.
Pese a este dato, las reformas han ido en dirección opuesta a la simplificación o el alivio: se han incrementado las cotizaciones máximas y, desde 2025, existe una “cuota de solidaridad” adicional para salarios elevados. El discurso oficial habla de equidad, pero la estructura impositiva sigue recayendo en el mismo segmento de siempre: las clases medias trabajadoras. Un sistema fiscal que recauda mal y distribuye peor
Aunque España no recauda tanto como sus vecinos —por economía sumergida (18 % del PIB) y una estructura con pocas grandes empresas— el diseño del sistema fiscal no compensa esa debilidad con progresividad real. La recaudación descansa principalmente en el IVA, las cotizaciones y el IRPF, es decir, en los bolsillos de quienes no pueden eludir ni optimizar su factura fiscal.
Los impuestos a grandes fortunas o empresas tienen más valor simbólico que recaudatorio. El grueso sigue viniendo del consumo y del trabajo asalariado. En otras palabras, la fiscalidad española es dura con los cumplidores. Esta situación se acentúa en algunas autonomías, de manera destacada en Cataluña, con una presión fiscal específica adicional, además de un esquilmante impuesto de sucesiones y trasmisiones.
¿Reforma o resignación?
En 2017, los expertos ya advertían de esta anomalía fiscal. En 2025, el desequilibrio no solo persiste: se ha agravado. Se pagan más impuestos en proporción a la renta, se trabaja más para contribuir lo mismo —o más— y se recibe menos a cambio. A esto se suma la sensación creciente de desigualdad y desprotección. Además, España tiene el compromiso incumplido con la Comisión Europea de abordar la reforma fiscal, tarea imposible con la debilidad gubernamental de Sánchez y la heterogénea coalición parlamentaria que le apoya.
La pregunta que flota en el aire es incómoda: ¿cuánto más puede estirarse el modelo fiscal español antes de romperse? Porque, como muestran los datos, los ciudadanos ya están tributando como europeos del norte… pero siguen viviendo como gentes del sur.
(II) INMIGRACIÓN Y VIVIENDA
La percepción general es que “el dinero rinde menos” en materia de vivienda ahora que hace unos años, erosionando la clase media pese a pagar más impuestos locales o autonómicos vinculados a vivienda.
INMIGRACIÓN: FLUJOS Y COHESIÓN SOCIAL
España ha pasado de una fase de relativa estabilidad demográfica a un nuevo ciclo migratorio al alza.
En 2017 la economía iniciaba la recuperación y la inmigración neta se reactivaba tímidamente (saldo migratorio 164 mil personas en 2017). Pero en la segunda mitad de la década y especialmente después de 2018, la inmigración creció con fuerza.
El año 2022 marcó un récord reciente de migración neta: 727.000 personas (máximo en 10 años). En 2023 todavía ingresaron unas 642.000 personas netas. Esto se refleja en la población: España ganó más de 2 millones de habitantes extranjeros entre 2017 y 2023.
En enero de 2024 se alcanzó la cifra más alta de residentes nacidos en el extranjero: 8,8 millones de personas (18,1% de la población), frente alrededor de 10% de extranjeros en 2017. Es decir, la proporción de inmigrantes casi se ha duplicado en estos años, situando a España entre los países de la UE con mayor peso de residentes nacidos fuera (en 2023 España 17,1% vs. promedio UE 13,3%).
Parte de este flujo son retornados españoles y muchos son inmigrantes latinoamericanos (Venezuela, Colombia), europeos (Italia, Rumanía) y africanos. También aumentó la inmigración irregular: tras la crisis migratoria de 2015 desplazada al Mediterráneo occidental, en 2018 España recibió un pico de llegadas en patera (64.000 entradas irregulares); se estabilizó luego en 30-40 mil anuales. En 2023-2024 las rutas atlántica (Canarias) y mediterránea siguen activas, desbordando centros de acogida.
El incremento migratorio tiene efectos mixtos. Por un lado, ha rejuvenecido ligeramente la pirámide de población y ha aportado mano de obra en sectores con demanda (construcción, campo, cuidados), contribuyendo al crecimiento económico.
Por otro lado, supone presión añadida sobre servicios públicos: escuelas en barrios con alta inmigración, atención primaria en zonas de llegada, o sistemas de acogida de refugiados (ej. ucranianos desde 2022).
España, no obstante, ha podido absorber hasta ahora a la mayoría de nuevos residentes sin grandes conflictos sociales; las segundas generaciones se integran razonablemente, aunque persisten retos en educación (brechas de rendimiento PISA según origen familiar) y en el acceso al empleo (tasa de paro de extranjeros superior a la de nacionales).
En cuanto a cohesión social, si bien España sigue siendo en general un país tolerante hacia la inmigración, en los últimos años ha crecido la polarización política sobre este tema. La irrupción de partidos antiinmigración (VOX) con discurso duro es síntoma de cierta preocupación ciudadana por la inmigración irregular y su efecto en la seguridad o el bienestar. Sin embargo, las encuestas indican que la población valora la inmigración como necesaria para la economía, aunque le preocupa su volumen.
En resumen, España en 2025 tiene más inmigrantes que en 2017, lo que ha traído diversidad y dinamismo demográfico, pero también nuevos desafíos de integración. A nivel europeo, España pasó de ser emisor neto de emigrantes durante la crisis de 2008 (muchos jóvenes españoles salieron) a recuperar atractivo como receptor de migrantes. Esto ha ayudado a compensar la baja natalidad, pero plantea la necesidad de invertir en políticas de inclusión (idioma, empleo) para evitar bolsas de marginalidad que dañen la cohesión social.
VIVIENDA: ACCESO, ALQUILERES Y PRECIOS DE COMPRA
La situación de la vivienda ha empeorado notablemente para el ciudadano medio entre 2017 y 2025. Tras la burbuja inmobiliaria de 2008 y el subsiguiente desplome, los precios tocaron fondo alrededor de 2014. Desde entonces, la vivienda inició una senda alcista, que se ha traducido en precios en 2025 muy superiores a los de 2017, tanto en compra como en alquiler. Esto dificulta el acceso, especialmente para jóvenes y rentas bajas.
En 2017 el precio medio de la vivienda en España rondaba los 1.500 €/m². A finales de 2024 se situó en torno a 1.918 €/m² de promedio (valor máximo desde 2008). Los datos de registradores señalan que 2023 cerró con el precio medio más alto en 15 años.
Portales inmobiliarios ofrecen cifras aún mayores: Idealista reporta en abril de 2025 un precio medio de 2.350 €/m² (frente a 1.600 €/m² en 2017). Es decir, la vivienda en propiedad se ha encarecido en torno a un 20% a 30% en estos años.
Este aumento ha sido impulsado por la recuperación económica pre-COVID, la demanda de inversión (fondos comprando viviendas para alquilar) y, tras la pandemia, por el ahorro acumulado y el teletrabajo (búsqueda de viviendas más amplias).
Aunque los salarios crecieron algo, el poder adquisitivo para comprar casa es menor que en 2017, máxime con las subidas de tipos de interés en 2022-2023 que encarecen las hipotecas. El esfuerzo de compra (años de sueldo para pagar vivienda) volvió a subir. España sigue teniendo una tasa de propiedad alta (75% de hogares con vivienda en propiedad), pero los jóvenes enfrentan mayores barreras para comprar su primera vivienda que hace 8 años.
El mercado del alquiler ha sufrido alzas aún más pronunciadas. En 2017, el precio medio del alquiler residencial en España era de unos 9,2 €/m² al mes. A finales de 2023 alcanzó 12,1 €/m² mensuales de media, y sigue subiendo: a febrero de 2025 ya rondaba 14 €/m². Esto implica una subida cercana al 50% en el coste de alquilar en apenas 6-8 años. Ciudades como Madrid o Barcelona han visto incrementos aún mayores, con precios récord (por ejemplo, Barcelona superó 18 €/m² de media en 2023).
Las causas incluyen la elevada demanda (jóvenes que retrasan la compra, hogares unipersonales al alza, turismo y alquiler vacacional, reduciendo oferta), y la insuficiente oferta de vivienda asequible. Pese a nuevas leyes (Ley de Vivienda 2023 que limita subidas anuales al 2% e insta a reservar vivienda protegida), el alquiler es mucho menos accesible en 2025.
Un dato: el porcentaje de salario destinado al alquiler para un joven supera el 40% en la mayoría de capitales, cuando en 2017 era del 30%. Esta carestía ha provocado que la edad de emancipación de los jóvenes se retrase aún más (casi 30 años, de las más altas de la UE).
La construcción de nuevas viviendas estuvo deprimida tras 2008 y, aunque se ha reactivado algo, no alcanza a la demanda en las áreas de alta población. El parque público de vivienda en alquiler sigue siendo exiguo (2.5% del total, frente a 15% en países como Francia). Los desahucios por impago, que habían bajado, repuntaron ligeramente en 2022, una vez vencida la moratoria de la pandemia. Ante la problemática, las Administraciones han tomado medidas: limitación de rentas en zonas tensionadas, bonos de ayuda al alquiler joven, y planes para movilizar viviendas vacías. No obstante, sus efectos aún son incipientes.
En síntesis, la situación de la vivienda en 2025 es más precaria para la ciudadanía que en 2017. Quien tenía una vivienda ha visto aumentar su valor, pero quien busca vivienda (para comprar o alquilar) lo tiene hoy más difícil y caro. Esto impacta en otros indicadores sociales: baja natalidad (parejas que posponen tener hijos por falta de vivienda estable), emancipación tardía, e incluso emigración de jóvenes a zonas con vivienda más barata. La percepción general es que “el dinero rinde menos” en materia de vivienda ahora que hace unos años, erosionando la clase media pese a pagar más impuestos locales o autonómicos vinculados a vivienda.
(III) SALARIOS, CONVERGENCIA CON EUROPA Y COSTE DE VIDA
Los españoles en 2025 ganan un poco más en términos nominales, pero también pagan mucho más por necesidades básicas.
EVOLUCIÓN DE SALARIOS (MEDIO VS. MÁS FRECUENTE)
Los salarios en España han experimentado un crecimiento nominal moderado de 2017 a 2025, insuficiente para compensar el alza del coste de vida reciente.
Según la Encuesta de Estructura Salarial, el salario bruto medio anual pasó de alrededor de 23.000 € en 2017 a 26.950 € en 2022 (un +17% en cinco años). Para 2024, estimaciones sitúan el salario medio cerca de 31.700 € (por 14 pagas, 2.270 €/mes), aunque esa cifra de Datos macro puede incluir pagas prorrateadas.
En todo caso, el salario medio alcanzó máximos históricos en 2022, tras nueve años consecutivos de incrementos. Sin embargo, la distribución salarial es muy desigual: en España el salario medio es notablemente superior al mediano y al modal. El salario más frecuente (modal) en 2017 se situaba en torno a 16.000-17.000 € brutos anuales. Entre 2018 y 2021, curiosamente, ese salario modal subió por encima de 18.000 €. Pero en 2022, debido al gran aumento del SMI, el salario modal cayó a 14.586 € (muchos trabajadores antes por debajo del SMI pasaron justo al entorno de 14.000 €, concentrando ahí la moda).
Esto significa que el sueldo más habitual en España (el que cobra el mayor número de gente) está en torno a 1.000 € netos al mes, y ha disminuido respecto a 2017 en términos reales. De hecho, el INE señala que en 2022 un 20,5% de asalariados cobraban entre 14.000 y 19.000 € al año, y que dos de cada tres trabajadores ganan menos de 2.000 € netos mensuales.
En resumen, los salarios medios han subido ligeramente en línea con la inflación pre-2021, pero la mayoría de los trabajadores no ha visto grandes mejoras en su poder adquisitivo. La subida acumulada del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) de 707 € mensuales en 2017 a 1.080 € en 2023 (+52%) sí elevó los sueldos más bajos, reduciendo la brecha de género (el SMI benefició sobre todo a jóvenes y mujeres) y contribuyendo a que la brecha salarial de género bajara al 9% en 2022.
No obstante, esta subida del SMI no se refleja en un alza equivalente del salario “medio”, ya que España tiene muchos salarios bajos concentrados cerca del mínimo.
En definitiva, en 2025 el trabajador medio gana un poco más en euros que en 2017, pero ese aumento ha sido absorbido por la inflación reciente (sobre todo la de 2021-2023), de modo que la capacidad adquisitiva salarial es similar o menor. Mal balance, con el hecho adicional que los salarios inferiores a 20 mil euros brutos anuales, a lo largo de la vida activa (en términos actualizados a fecha de hoy), arrojan un saldo negativo en relación con las prestaciones recibidas a lo largo de su vida; en otras palabras, el resto de los ciudadanos subvencionan este tipo de empleo.
La diferencia salarial entre la administración pública y el sector privado sigue siendo significativa a favor del sector público, aunque se ha reducido ligeramente tras la pandemia. Según la EPA, en 2022 un asalariado público cobró de media 2.835 € brutos/mes (12 pagas), frente a 1.957 €/mes en el sector privado, es decir, unos 878 € más al mes en promedio público. Esta brecha (el salario privado es 69% del público) era algo mayor en 2017 (entonces 67%).
En 2017, el sueldo medio público rondaba 2.500 €/mes y el privado 1.700 €/mes, diferencia de 47%.En 2020 la brecha alcanzó su máximo (salario privado era solo 63% del público), pero con las subidas recientes en convenios privados y la moderación de sueldos públicos, la distancia ha vuelto a 69%. España destaca en la UE por esta brecha (en la UE en promedio los salarios públicos y privados están empatados). La explicación está en la estructura: en el sector público casi no hay salarios mínimos (auxiliares administrativos cobran más que el SMI) y hay más proporción de empleados cualificados, mientras en el sector privado abundan empleos precarios (hostelería, comercio) con sueldos bajos.
Conclusión: aunque ambos sectores vieron subidas salariales desde 2017, el empleado público medio sigue ganando alrededor de un 30% más que el privado (en 2017 era cerca del 40% más). Es una anomalía más no corregida de la estructura económica española.
CONVERGENCIA DE RENTA CON LA UE
Un objetivo histórico es acercar el nivel de renta de España al de países avanzados de la UE. En 2017, el PIB per cápita español en paridad de poder de compra rondaba el 90-92% de la media de la UE. Lamentablemente, esa convergencia no se ha logrado mejorar; incluso se ha perdido terreno debido al duro impacto económico de 2020.
Según Eurostat, en 2023 el PIB per cápita de España se situó en 88% de la media de la UE (es decir, un 12% por debajo). España se ubica en el puesto 16º de 27 en riqueza por habitante, por detrás de Italia ligeramente. En 2007, España llegó a estar en el 98% de la media UE, pero tras la doble crisis (financiera 2008 y COVID 2020) se distanció. A pesar de crecer vigorosamente en 2021-2022 (España lideró crecimiento post-COVID), no ha recuperado plenamente el nivel relativo. El pregonado mejor PIB del gobierno, no se traduce en mejores ingresos para la mayoría.
En renta promedio, países como Chequia o Lituania se han acercado o superado a España. Cabe mencionar que el paro estructural lastra el PIB per cápita: seguimos con 12-13% de desempleo general (muy superior al 6% UE). En conclusión, en 2025 España no vive sustancialmente más cerca del estándar de vida europeo que en 2017; seguimos rezagados en convergencia real. No obstante, indicadores alternativos (IDH, consumo per cápita) nos sitúan algo mejor que el PIB per cápita puro. El pregonado mejor PIB del gobierno, no se traduce en mejores ingresos para la mayoría.
COSTE DE LA VIDA (VIVIENDA, ENERGÍA, ALIMENTOS)
Aquí es donde los españoles perciben un claro empeoramiento respecto a 2017. Como detallamos en Vivienda, el coste de la vivienda –sea alquiler o compra– se ha disparado, consumiendo más parte de la renta familiar. Pero, además, desde 2021 España sufrió una ola inflacionaria en energía y alimentos sin precedentes en décadas. La inflación anual promedio en 2022 fue 8,4%, la más alta desde 1986.
Los precios de la electricidad en concreto cuadruplicaron niveles: el mercado mayorista eléctrico promedió 210 €/MWh en 2022, frente a 50 €/MWh en 2017 (aunque en 2023 bajó a <60 €/MWh gracias al tope al gas). Esto se tradujo en recibos de la luz muy elevados para hogares y empresas a mediados de 2021-2022. También los combustibles tocaron máximos (gasolina 2€/L en verano 2022), mitigados en parte por bonificaciones temporales.
Lo más preocupante ha sido el alza de los alimentos: en 2022-2023 los alimentos subieron un 15% interanual en varios meses, encareciendo la cesta básica (carne, aceite, lácteos) y golpeando especialmente a rentas bajas. Aunque a inicios de 2025 la inflación general volvió a niveles moderados (3%), la inflación acumulada 2017-2024 supera el 15%, mientras que los salarios medios subieron bastante menos. Esto significa que el poder de compra es menor que en 2017 para muchos.
Costes esenciales como vivienda, luz o comida absorben más porcentaje del sueldo que antes. Por ejemplo, en 2017 un hogar tipo destinaba 30% de sus ingresos a vivienda+energía+alimentación; en 2023 esa partida podía superar el 40%. La situación se vio parcialmente amortiguada por medidas gubernamentales: rebajas del IVA eléctrico y de gas, cheques y bajada del IVA en alimentos básicos en 2023, y acuerdos para limitar subidas de alquiler. Aun así, la sensación de “carestía de la vida” en 2025 es generalizada, algo que no se sentía tanto en 2017 (años de inflación baja o nula).
En conclusión, los españoles en 2025 ganan un poco más en términos nominales, pero también pagan mucho más por necesidades básicas. La economía creció (el PIB recuperó nivel prepandemia recién en 2023), el empleo aumentó, pero la clase media no percibe claramente mejoras en su calidad de vida debido al encarecimiento de la vida. La ansiada convergencia con Europa se resiste y la desigualdad, aunque ligeramente menor que en 2017, sigue alta en comparación internacional. No es un buen balance después de tantos años de gobierno progresista de Sánchez.
POBREZA Y DESICUALDAD
Las tasas de pobreza se han mantenido estructuralmente altas y casi estancadas. En 2017 el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) rondaba el 26-27%. Los últimos datos (ECV 2023) la sitúan en 26,5%. Es decir, aproximadamente 1 de cada 4 españoles está en riesgo de pobreza, igual que hace 8 años.
Hubo fluctuaciones: subió ligeramente tras la crisis financiera, bajó algo en 2019, volvió a subir con el COVID (27,8% en 2020) y ha vuelto al nivel previo recientemente.
La pobreza infantil sigue muy elevada (33% de menores en riesgo en 2022, tercera peor de la UE). Esto evidencia un problema estructural, como señala la EAPN, que no se ha resuelto pese a la mejoría económica de 2015-2019.
En cuanto a desigualdad de renta, hay un ligero progreso: el Índice de Gini pasó de 34,1 en 2017 a 32,0 en 2022, indicando algo menos de desigualdad. Aun así, España presenta mayor desigualdad que la media UE (Gini UE ~30). La mejora en Gini puede atribuirse a subidas del SMI y más empleo, pero también a transferencias sociales (ingreso mínimo vital introducido en 2020, etc.). Resumiendo, no se vive “menos pobreza” que en 2017: los niveles de pobreza y exclusión son tozudamente semejantes (en torno al 26% de población), lo que significa que las capas más vulnerables no han visto gran mejoría en sus condiciones a pesar de más gasto social. La desigualdad bajó apenas a niveles de 2008 (Gini ~31.5), pero España sigue entre los países europeos más desiguales en renta, fruto de un mercado laboral polarizado y prestaciones que no logran sacar a todos de la pobreza.
EQUILIBRIO DE PODERES Y LIBERTADES
En la última legislatura (2019-2023) el Ejecutivo ha legislado frecuentemente mediante decretos-ley y con trámites de urgencia, reduciendo el debate parlamentario. Esto ha sido criticado por la oposición como “gobernar por decreto”, aunque es cierto que en 2017-2018 también se abusó de esta figura (por ejemplo, para aplicar el artículo 155 en Cataluña o para aprobar presupuestos prorrogados).
El Parlamento ha estado muy fragmentado, requiriendo pactos múltiples; esto a veces se tradujo en transacciones opacas en las leyes (introducir enmiendas de último minuto para contentar a socios). Pese a ello, España continúa teniendo un parlamento activo y una prensa libre que fiscaliza.
La libertad de prensa se mantiene en buen nivel (España suele estar en el puesto 32 del World Press Freedom Index, similar a 2017). No obstante, sigue vigente la polémica Ley Mordaza de 2015 que organizaciones civiles piden derogar por coartar libertades (manifestación, expresión); los intentos de reforma fracasaron en 2023, así que en eso no ha habido mejora respecto a 2017.
LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
Los derechos fundamentales no han sufrido regresiones formales: España sigue siendo catalogada como “Libre” en Freedom House con puntajes altos (94/100). Se garantizaron elecciones libres en 2019 y 2023 con alternancia local/regional.
No obstante, han ocurrido episodios preocupantes: por ejemplo, el espionaje con el software Pegasus a líderes independentistas (y posiblemente al presidente Sánchez) generó dudas sobre controles a los servicios de inteligencia. También, la polarización política ha traído crispación en la sociedad, con manifestaciones tensas y aumento del discurso de odio en redes, aunque sin mermar libertades formales.
El conflicto catalán es un indicador de las tensiones: en 2017 hubo líderes independentistas encarcelados por sedición, lo que medio mundo observó con recelo; en 2021 fueron indultados, y en 2025 se plantea amnistiarlos. Este vaivén refleja cómo la política incide en la esfera de la justicia y las libertades: la mitad del país cree que se socava el principio de legalidad al eximir a esos políticos, la otra mitad cree que se avanza en reconciliación democrática.
Podemos decir que España en 2025 sigue siendo una democracia, pero con ciertas erosiones en la calidad institucional respecto a 2017 y con prácticas que se asemejan al de una concepción dictatorial en la medida que no reconoce a la oposición como alternativa de gobierno, lo cual es un sinsentido.
Hay un consenso amplio en que es necesario despolitizar la Justicia, asegurar la neutralidad de instituciones (Banco de España, Defensor del Pueblo, medios públicos), y rebajar la confrontación partidista, para reforzar los contrapesos democráticos, pero la dinámica es exactamente en sentido opuesto. Aunque la vida cotidiana de los españoles sigue siendo libre, el sistema puede ir perdiendo la confianza ciudadana.
En 2017 ya había signos de desgaste (corrupción política en el gobierno de entonces, conflicto territorial); en 2025 estos problemas no solo persisten, sino que se han multiplicado hasta cercar al propio Sánchez. La diferencia es que ahora el escenario político está mucho más fragmentado y polarizado, lo cual dificulta reformas pactadas (por ejemplo, de la Constitución para mejorar los pesos y contrapesos, o de la ley electoral).
En síntesis, la calidad democrática ha empeorado sensiblemente con relación a 2017; y se identifican mayores amenazas (politización, polarización, reflejos antidemocráticos del gobierno).
(IV) NATALIDAD Y DEMOGRAFÍA JOVEN
La crisis de natalidad se ha agravado. En 2017 ya era baja (nacían 390.000 bebés, fertilidad 1,31 hijos/mujer). En 2022 nacieron solo 329.000 niños y la tasa de fertilidad cayó a 1,16, segunda más baja de la UE. Los datos preliminares de 2023 bajan la fecundidad a 1,12 hijos/mujer, un mínimo histórico. España está en mínimos de nacimientos desde que hay registros (1941).
La postergación de la maternidad (edad media del primer hijo 32 años) debido a la inestabilidad laboral, dificultad de conciliación y coste de la vivienda. Sumado a menos mujeres en edad fértil (efecto de pirámide invertida), resulta esta bajísima natalidad.
El saldo vegetativo es negativo desde 2015 y se ha ampliado (más muertes que nacimientos cada año). Esto implica un envejecimiento acelerado: la edad mediana supera 44 años, y la cohorte 65 años crece (20% población) mientras los 15 bajan (menos del 15%). El Gobierno ha implementado tímidos incentivos (cheque bebé en algunas regiones, mejora de permisos de paternidad, equiparándolos a maternidad, etc.), pero no han revertido la tendencia. En 2025 la natalidad es aún peor que en 2017, lo que compromete la sostenibilidad futura (pensiones, etc.).
Los jóvenes (aprox. 16-34 años) en 2025 enfrentan retos similares o mayores que en 2017. El paro juvenil, aunque ha disminuido porcentualmente, sigue siendo el más alto de Europa. A finales de 2017, la tasa de paro entre menores de 25 años era 37,4%. En 2023 bajó a 28,3%, una mejora significativa pero insuficiente. Para finales del primer trimestre de 2024 se reporta 26,5%, que sigue doblando la media UE (~14-15%). Es decir, 1 de cada 4 jóvenes activos no encuentra empleo, y los que lo hacen sufren mucha temporalidad (si bien la reforma laboral de 2022 redujo la temporalidad, aumentando contratos indefinidos entre jóvenes).
España sigue a la cola en emancipación juvenil. La edad media para dejar el hogar paterno ronda los 30 años, dos años más tarde que la media europea (26-28). En 2017 estaba en 29 años, o sea, ha empeorado ligeramente. Solo el 15% de los jóvenes de 16-29 años vive independiente. La dificultad para emanciparse está ligada a los salarios bajos y precios de vivienda altos.
Muchos jóvenes de esta generación encadenan precariedad: trabajos temporales o de baja remuneración (pese a mayor formación que generaciones anteriores), tardan en estabilizar su vida familiar (de ahí la baja natalidad), y algunos optan por emigrar.
Tras la crisis de 2008-2014, numerosos jóvenes cualificados emigraron (Reino Unido, Alemania…). En 2017 eso empezaba a frenarse, pero no se ha revertido del todo. España sigue perdiendo talento joven hacia el extranjero, aunque compensado demográficamente por la inmigración recibida.
En 2022 unos 28.000 españoles menores de 30 emigraron (estimación), un flujo menor que los 50.000 anuales de 2012, pero significativo. Al mismo tiempo, algunos retornan o nuevos nacidos en el exterior de padres españoles engrosan la población activa.
La fuga de cerebros preocupa por sectores (médicos, ingenieros buscando mejores condiciones fuera). La diferencia 2025 vs. 2017 es que ahora la economía española crea más empleo de alta cualificación (por ejemplo en tecnología, gracias a inversiones como los fondos NextGen), lo cual puede retener a más talento, pero aún los salarios y oportunidades no igualan a los de países destino. La pérdida de capital humano sigue ocurriendo, si bien mitigada por el hecho de que desde 2018 la emigración de españoles se ve superada ampliamente por la inmigración de extranjeros, generando crecimiento poblacional neto.
En suma, los jóvenes españoles de 2025 no lo tienen objetivamente mejor que los de 2017: el paro sigue altísimo, aunque algo menor, la precariedad laboral persiste (pero con atisbos de mejora en estabilidad tras la reforma), el acceso a vivienda es más difícil, y la emigración continúa como válvula de escape. Esto tiene consecuencias sociales: retraso en la formación de hogares, baja fecundidad, e incluso malestar generacional (muchos jóvenes sienten que vivirán peor que sus padres, alimentando desafección).
(V) EQUILIBRIO DE PODERES Y LIBERTADES
En la última legislatura (2019-2023) el Ejecutivo ha legislado frecuentemente mediante decretos-ley y con trámites de urgencia, reduciendo el debate parlamentario. Esto ha sido criticado por la oposición como “gobernar por decreto”, aunque es cierto que en 2017-2018 también se abusó de esta figura (por ejemplo, para aplicar el artículo 155 en Cataluña o para aprobar presupuestos prorrogados).
El Parlamento ha estado muy fragmentado, requiriendo pactos múltiples; esto a veces se tradujo en transacciones opacas en las leyes (introducir enmiendas de último minuto para contentar a socios). Pese a ello, España continúa teniendo un parlamento activo y una prensa libre que fiscaliza.
La libertad de prensa se mantiene en buen nivel (España suele estar en el puesto 32 del World Press Freedom Index, similar a 2017). No obstante, sigue vigente la polémica Ley Mordaza de 2015 que organizaciones civiles piden derogar por coartar libertades (manifestación, expresión); los intentos de reforma fracasaron en 2023, así que en eso no ha habido mejora respecto a 2017.
LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
Los derechos fundamentales no han sufrido regresiones formales: España sigue siendo catalogada como “Libre” en Freedom House con puntajes altos (94/100). Se garantizaron elecciones libres en 2019 y 2023 con alternancia local/regional.
No obstante, han ocurrido episodios preocupantes: por ejemplo, el espionaje con el software Pegasus a líderes independentistas (y posiblemente al presidente Sánchez) generó dudas sobre controles a los servicios de inteligencia. También, la polarización política ha traído crispación en la sociedad, con manifestaciones tensas y aumento del discurso de odio en redes, aunque sin mermar libertades formales.
El conflicto catalán es un indicador de las tensiones: en 2017 hubo líderes independentistas encarcelados por sedición, lo que medio mundo observó con recelo; en 2021 fueron indultados, y en 2025 se plantea amnistiarlos. Este vaivén refleja cómo la política incide en la esfera de la justicia y las libertades: la mitad del país cree que se socava el principio de legalidad al eximir a esos políticos, la otra mitad cree que se avanza en reconciliación democrática.
Podemos decir que España en 2025 sigue siendo una democracia, pero con ciertas erosiones en la calidad institucional respecto a 2017 y con prácticas que se asemejan al de una concepción dictatorial en la medida que no reconoce a la oposición como alternativa de gobierno, lo cual es un sinsentido.
Hay un consenso amplio en que es necesario despolitizar la Justicia, asegurar la neutralidad de instituciones (Banco de España, Defensor del Pueblo, medios públicos), y rebajar la confrontación partidista, para reforzar los contrapesos democráticos, pero la dinámica es exactamente en sentido opuesto. Aunque la vida cotidiana de los españoles sigue siendo libre, el sistema puede ir perdiendo la confianza ciudadana.
En 2017 ya había signos de desgaste (corrupción política en el gobierno de entonces, conflicto territorial); en 2025 estos problemas no solo persisten, sino que se han multiplicado hasta cercar al propio Sánchez. La diferencia es que ahora el escenario político está mucho más fragmentado y polarizado, lo cual dificulta reformas pactadas (por ejemplo, de la Constitución para mejorar los pesos y contrapesos, o de la ley electoral).
En síntesis, la calidad democrática ha empeorado sensiblemente con relación a 2017; y se identifican mayores amenazas (politización, polarización, reflejos antidemocráticos del gobierno).
