Unidas Podemos ha planteado en el Congreso de los Diputados la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para actualizar el marco normativo de relaciones laborales dentro “del diálogo social” y “culminar el proceso iniciado durante esta legislatura para revertir los aspectos más lesivos de las reformas laborales de la década pasada”.
Así lo plantea el grupo confederal en una proposición no de ley registrada el 18 de marzo en la Cámara Baja la “Proposición no de Ley relativa a la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. (161/003964)” en la que defienden la elaboración de un nuevo Estatuto “incidiendo en la línea iniciada con la aprobación de la reforma laboral de diciembre de 2021”.
Unidas Podemos reivindica que la reforma “debe emanar del diálogo social” con el fin de “alcanzar un consenso que permita una legislación fuerte en defensa de los derechos de los trabajadores”.
En la exposición de motivos de su iniciativa, Unidas Podemos justifica la elaboración de un nuevo estatuto como parte de la reversión de las reformas estructurales llevadas a cabo entre 2010 y 2013, a raíz de la crisis financiera. En ese período se aprobaron en el mercado de trabajo dos reformas laborales, una bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y otra con Mariano Rajoy.
Unidas Podemos justifica la elaboración de este nuevo Estatuto al ver muchos de sus contenidos “anclados en el pasado”, y por ello defiende “una actualización de los derechos laborales al tiempo presente, eliminando o corrigiendo defectos de la regulación actual que se derivan de un desfase entre la norma y las condiciones sociales actuales”.
En este punto mencionan las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación o el cambio social derivado de la incorporación de la mujer al mercado laboral, reivindicando como “imprescindible” la actualización de este marco para evitar litigiosidad y mejorar la eficiencia de la legislación.
Entre los derechos afectados, se incluyen cuestiones no abordadas por la reciente reforma laboral, como es el caso de la rebaja de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, la eliminación de los salarios por tramitación o la simplificación de las causas económicas objetivas para poder aprobar un despido procedente con una indemnización por 20 días por año.
