UN OTOÑO CALIENTE EN CUESTIONES SOCIALES-LABORALES

El Gobierno ha ido dejando los “deberes” para intentar solucionarlos en el próximo otoño bajo las premuras de los compromisos con Europa para el acceso a los Fondos Europeos de Recuperación (Next Genaration EU) que alcanzarían hasta los 140.000 millones de euros, 70.000 millones hasta 2023 en forma de subvenciones no reembolsables y otros 70.000 millones en créditos blandos hasta 2026. Pero el acceso a estos fondos está condicionado al cumplimiento de requisitos en las pensiones públicas y el mercado laboral. Bruselas cree que los compromisos de España en el ámbito de las pensiones y el mercado laboral atienden efectivamente a sus recomendaciones, pero es consciente de que el “diseño final” de las modificaciones en esos dos ámbitos ha “quedado abierto”, puesto que será resultado del diálogo social para llegar acuerdos con los agentes sociales y del diálogo político para aprobar leyes en el Parlamento.

 

El reto de España es compaginar las políticas de reducción de impuestos (como, por ejemplo, la bajada temporal del IVA del recibo de la luz) con el mantenimiento de nuestro sistema de bienestar, como también por ejemplo, los 22.000 millones que, según Escrivá, debemos aportar los españoles vía impuestos para pagar las cuantiosas jubilaciones de los baby boomers que ya están a la vuelta de la esquina.

 

Durante reunión en el Ecofin de los ministros de finanzas de la UE del pasado mes de julio el Ejecutivo de los Países Bajos, dudaba de si España cumplirá la recomendación UE de no subir impuestos, y en su declaración se indicaba que “Nos hubiera gustado que se afrontaran mejor en estos planes las recomendaciones de la Comisión Europea en el capítulo de las pensiones, fiscal o laboral. Ha sido especialmente difícil que se incorporen reformas relevantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas”

 

En cualquier caso, en la Comisión Europea no van a quitar ojo de los países que no cumplan con sus compromisos en cuando a las reformas se refiere. En el Reglamento de los Fondos Europeos se puede leer (artículo 19) que cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente con los compromisos acordados el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá y además de forma inmediata, y además prosigue el reglamento: “Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión de las ayudas la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera”, en resumen, si no se cumple el fondo europeo que le corresponde a cada país podría rebajarse el monto de las aportaciones de los Fondos a ese país.

 

Además el Gobierno de Pedro Sánchez ya incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 una partida de 27.000 millones de euros adelantados de los fondos europeos, lo que supone unos 8.000 millones más de los que finalmente llegarán en 2021, 9.000 millones en agosto a los que podrán sumarse otros 10.000 millones antes de que termine el año 2021

 

REFORMA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

A primero de julio se presentó a bombo y platillo el denominado acuerdo sobre la reforma de las pensiones entre los agentes sociales, y el Gobierno ha redactado el correspondiente “Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”, que en realidad se ciñe a lo que se ha denominado el Primer Bloque de la reforma Escrivá de las pensiones que se limita a que la revalorización anual de las pensiones se realice según el IPC del año anterior, se deroga el Factor de Sostenibilidad aún vigente, pero que no se llegó a aplicar nunca, a cambio de un eufemístico “Mecanismo de Equidad Intergeneracional” (que tendrá en cuenta la esperanza de vida para el cálculo de la pensión de jubilación y sobre el que, de momento, se desconoce todo sobre su planteamiento conceptual, aunque debe incorporarse al Anteproyecto como una Disposición Adicional al mismo antes del 15 de noviembre), y a un maquillaje de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas.

 

Se ha dejado para el Segundo Bloque los aspectos más delicados e importantes: el ya mencionado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la cotización de los autónomos en función de sus ingresos, los Planes complementarios de Pensiones de Empleo (de empresa), la reforma de las cotizaciones y de las pensiones máximas, ampliación de los años cotizados en el cálculo de la pensión, …

Así y todo, una vez acordado este Primer Bloque, y tras presentarlo en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, el ministro aunó los críticas (algunas feroces) de “tirios y troyanos”, incluido de los Grupos parlamentarios “socios” del Gobierno de coalición, hasta el punto de que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su “preocupación” por el “tono” de algunos de los discursos de los grupos políticos y ha criticado que “a derecha y a veces a izquierda del arco político se está confundiendo a la gente e introduciendo temores injustificados sobre la viabilidad de las pensiones”.

El acuerdo no gusta ni a Unidas Podemos, socio de la coalición de Gobierno, ni a los grupos de los que depende el Ejecutivo en el Parlamento para sacar adelante esta iniciativa. ERC, PNV y EH Bildu que han mostrado su rechazo a una reforma de pensiones que contiene puntos “inquietantes” y “recortes encubiertos”.

 

El PP ha criticado abiertamente el acuerdo, pese a que votaron afirmativamente de las conclusiones elaboradas en el marco del Pacto de Toledo, ya que considera que “demoniza la exitosa reforma del 2013” (del PP). C’s se ha abierto a negociar el contenido del acuerdo durante su tramitación en el Congreso, no obstante ha recalcado que “”el diálogo social es muy importante, pero no puede servir de coartada para eludir el Parlamento, ya que la labor de representación nos corresponde a las Cortes Generales”.

 

Unidas Podemos ha señalado que el acuerdo “está bien, pero no es suficiente“, ya que se han dejado para un segundo paquete de medidas los puntos más espinosos. En Comú Podem ha advertido a Escrivá de que “no admitirán recortes ni fórmulas rarasExtraña forma de explicar un acuerdo el centrarse en algo que no forma parte de él” (en referencia la Factor de Equidad Intergeneracional)

 

El PNV ha valorado el consenso alcanzado por Escrivá con los agentes sociales aunque no por ello ha dado por seguro su ‘sí’ a la norma pues están recelosos de la autonomía vasca en la gestión de dichas competencias, e indican que “a pesar de pasar por socios, nos tenemos que enterar por la prensa de los acuerdos con los agentes sociales”. EH-Bildu ha advertido “no aceptará ninguna medida que suponga recortes“, como la ampliación del periodo del cálculo de la pensión (de 25 a 35 años) y ha criticado que la reforma “impulse los planes privados de pensión“, dejando simplemente en cuarentena el polémico mecanismo de equidad intergeneracional.

 

ERC, con sus 13 votos en el Congreso, ha ido más allá de los recelos y ha avanzado su rechazo al proyecto de ley si no introduce modificaciones sustanciales. “La reforma que hoy nos presenta representa un recorte encubierto de los derechos de los pensionistas. […] ERC no va a ser cómplice de este recorte”. Misma línea la manifestada por el BNG, que sí votó a favor de Sánchez pero que votará en contra de la reforma de las pensiones, ya que considera que “consolida los aspectos más lesivos y regresivos de la reforma del 2013”.

 

LA REFORMA LABORAL

La reforma laboral en negociación se basa fundamentalmente en los siguientes aspectos:

 

  • Simplificación de contratos: Generalización del contrato indefinido, redefinición de la causalidad de la contratación temporal.
  • La creación de una Ley de Empleocon la participación de las CC.AA. e interlocutores sociales.
  • Fondo tripartito con el fin de cubrir la financiación de las prestaciones y la compensación de las cotizaciones a la Seguridad Social.
  • Revisión de las subvenciones y bonificacionesa la contratación laboral.
  • Modernización y reforma de la negociación colectiva, incluyendo la ultraactividad de los convenios colectivos y la relación entre convenios sectoriales y de empresa
  • Modernización y reforma de la contratación y subcontrataciónavanzando hacia la equiparación de condiciones entre trabajadoras de la empresa principal y trabajadoras subcontratadas.
  • Modernización de políticas activas de empleo y simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo. Acercando los servicios a la ciudadanía y agilizando la resolución de las demandas de las personas.

 

Aunque esta reforma está aún en fase de negociación con los agentes sociales, la CEOE-Cepyme ha rechazado la reforma laboral propuesta por el Ministerio de Trabajo, e incluso así lo ha indicado la patronal en un durísimo comunicado en el que indica textualmente que el borrador presentado por el equipo de Díaz  “parece responder a una motivación ideológica sin fundamentos económicos; no tiene en cuenta la realidad del tejido empresarial y de las personas trabajadoras, y, por ello, aboca inevitablemente al desencuentro”, y ademásparte de la desconfianza y la sospecha hacia la empresa, arrojando a la opinión pública dogmas confusos como la asimilación de temporalidad y precariedad”..

 

Entre las advertencias, destacan “que estos planteamientos van en contra de la adaptabilidad que necesitan las empresas para poder generar empleo en la actual coyuntura de incertidumbre y transformación, y también de las directrices que nos marca la Comisión Europea en esta materia, con lo que se está poniendo en juego en último extremo la recepción ágil de los fondos europeos que el país necesita para la reconstrucción tras la pandemia.

 

También la CEOE recuerda que “la temporalidad es un elemento intrínseco a muchas actividades de carácter estacional, con lo que reducirla a un fenómeno residual perjudica la empleabilidad de muchas personas, en especial de las que carecen de cualificación y los jóvenes, en un momento en el que su tasa de paro ronda el 40%, e incluso supera el 50% en muchos territorios”. Así, comparten la necesidad de actuar contra la temporalidad irregular y no causal y piden ampliar las herramientas para ello. También advierten de que si el Gobierno persevera en esta dirección, será sin el apoyo de las organizaciones empresariales.

 

EL SMI

A todo ello hay que sumar el “folletín” de la subida del SMI, en el cual existe un público enfrentamiento entre los sectores del Gobierno de Coalición. El Gobierno avanzó que la mesa de expertos llegó a la conclusión de que habría que subir el SMI de los 950 € actuales a una horquilla de entre 1.011 y 1.049 € en 14 pagas. Si bien el Gobierno ha dejado claro que el SMI subirá tarde o temprano, la vicepresidenta y ministra de asuntos económicos, Nadia Calviño, aclaró que lo principal ahora es “impulsar la recuperación económica y la creación de empleo”, y la negociación de este incremento se volverá a retomar una vez pasado el periodo estival, cuando se puedaver cómo sigue evolucionando el mercado laboral “.

 

La patronal es contraria al incremento del SMI por considerar que no es el mejor momento teniendo en cuenta la situación de crisis económica y financiera que atraviesan muchas empresas y negocios y apuntan que, si se llega a aprobar el incremento del SMI, esto implicarían un aumento de los costes salariales de empresas y profesionales que podrían optar por reducir su plantilla.

 

Esta postura es defendida también por Banco de España que, tras su último informe, cuantifica entre 83.000 y 180.000 los empleos que costó el 22% de subida del SMI del año 2019 hasta colocarlo en 900 euros.

Por su parte, los sindicatos ya han instado al Ejecutivo a que acometa con carácter inmediato el incremento del SMI para 2021 basándose en el principio de mejoría y recuperación económica anticipado por Banco de España y motivado por el avance de la vacunación y la mejora en los sectores de la hostelería y el turismo.

 

OTRAS REFORMAS

Otro hito relevante a culminar este año es la reforma de la ley concursal para acercarla a los estándares europeos, elevando de cuatro a 12 meses el periodo preconcursal y desarrollando los mecanismos de segunda oportunidad. Aún en audiencia pública, su aprobación debería lograrse antes de que venza la moratoria concursal vigente hasta diciembre a fin de ayudar a encauzar los procesos aplazados.

 

Economía tiene pendiente también el desarrollo de la ley de creación de empresas en 10 días por un euro y telemáticamente.

 

En paralelo, los socios de coalición siguen pendientes de consensuar una Ley de vivienda que aspira a contener el alza de los precios del alquiler, aunque está por ver si con incentivos o topes legales. El texto, que acumula ya meses de retraso, fue la llave del pacto sobre el plan presupuestario de 202 1 y promete salir a escena ahora que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (por el PSOE), y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (por Podemos) han iniciado la negociación de las nuevas cuentas para 2022.

 

LOS PRESUPUESTOS

De hecho, la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, con un techo de gasto récord para incorporar las nuevas ayudas europeas previstas, será otro de los grandes retos del Ejecutivo en el otoño. La antesala será la petición de Montero al Congreso de los Diputados de activar la llamada cláusula de escape para dejar en suspenso los objetivos de déficit de 2022, como ha permitido la UE.

 

La ministra, que acaba de sumar a su cartera la de Función Pública, será responsable también de llevar a buen puerto la norma de limitación de la temporalidad en el empleo público y de regulación de los interinos. El decreto del que parte ya evidenció la debilidad parlamentaria de un Gobierno en minoría, que solo salvó la norma como proyecto de ley gracias a importantes concesiones de última hora. Una tesitura en la que el Ejecutivo puede volver a verse en cada una de las normas citadas y cuya aprobación será clave para ir cumpliendo la agenda reformista comprometida con la UE.

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