Saturada la Administración y desbordadas gestorías y asesorías, los afectados por ERTE, cerca ya de tres millones, tendrán que esperar al 10 de mayo para cobrar los 1.098 euros
Las mutuas siguen esperando a que la Seguridad Social les remita las actividades afectadas por la suspensión
La Administración está desbordada, incapaz de digerir la avalancha de regulaciones temporales de empleo. Miles de empresas del país se han visto obligadas a hacer ajustes en sus plantillas para tratar de capear el parón de la actividad económica, un desastre laboral sin precedentes, provocado por el coronavirus, que en estos momentos nadie es capaz de aventurar hasta dónde puede llegar. La deseada recuperación en «V» va a depender del apoyo que reciban pymes y autónomos, el grueso del tejido empresarial en España y pulmón del empleo, hoy escasamente respaldado en un mes en el que, además, tendrán que rendir cuentas con Hacienda y, de nuevo, con la Seguridad Social, que no perdonan.
Las comunidades autónomas han tramitado ya unos 250.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 620.000 trabajadores, según las cifras oficiales, pero según ha podido saber ABC los expedientes presentados superan ya los 330.000 y los empleados afectados alcanzan los tres millones de personas. Andalucía y Cataluña son las regiones más afectadas con más de un millón de trabajadores.
Esta avalancha ha provocado un auténtico colapso de la Administración y superado a gestorías y asesorías en su tramitación, de forma que buena parte de los empleados a los que se ha aplicado ya un ERTE no podrán cobrar la prestación el próximo 10 de abril, como aseguró el Gobierno, y tendrán que esperar al 10 de mayo. Las entidades financieras lo van a adelantar unos días, pero en cualquier caso ya sería el mes próximo y no abril como prometió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La nómina de marzo del SEPE se cerró ya el pasado 31 de marzo, con lo que apenas dio tiempo a que entraran expedientes. Los pocos que hayan entrado deberían cobrar el 10 de abril, pero no hay nada garantizado.
Las empresas que vayan a hacer un ERTE deben comunicarlo a la autoridad laboral autonómica, que según fijó el Gobierno central dispone de 5 días hábiles para autorizarlo o rechazarlo; si en ese tiempo no se pronuncia se da por autorizado, lo que se conoce como silencio administrativo positivo.
Ahora bien, ante la oleada de expedientes presentados y la imposibilidad de cumplir el plazo fijado por el Ejecutivo, varias autonomías, entre ellas Galicia, Cataluña y Castilla y León, han ampliado ya ese periodo a 10 días hábiles, que se pueden ir a 14 días naturales contando los fines de semana. Esto hace que si, por ejemplo, una empresa empezó a tramitar su ERTE el pasado 30 de marzo, la autoridad laboral dispone hasta el 10 de abril para dar su autorización a ese expediente.
A ello hay que sumar la obligatoria comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem y organismo encargado de abonar la prestación a cada empleado el día 10 de cada mes, de la lista detallada de trabajadores afectados. Pues bien, no fue hasta el pasado sábado cuando, a través de un decreto, el Gobierno fijó en 5 días el plazo para que las empresas presenten al SEPE esa relación. Por tanto, los ERTE tramitados desde el pasado lunes día 30 todavía tenían de plazo hasta el pasado viernes para cumplir este trámite. Por si fuese poco, y según a ABC los asesores consultados, para dar cumplimiento a la ley de protección de datos, las empresas deben recabar el consentimiento de sus trabajadores para comunicar sus datos al servicio de empleo, algo sencillo en una pequeña empresa, pero que supone un trámite más laborioso en el caso de compañías con cientos o miles de trabajadores.
Y ahora, la Renta
Todos esos trámites, explican las fuentes, hace prácticamente imposible que el SEPE, colapsado por la magnitud de ERTE presentados, pueda abonar las prestaciones el 10 de abril. Además, a las gestorías y asesorías se le suma a este volumen de expedientes sin precedente el arranque de la campaña de la Renta, lo que desborda todavía más sus capacidades.
En el caso de los asesores fiscales y gestores, el caos no lo han provocado las medidas sino la falta de ellas: en su caso la no relajación de los plazos tributarios señalándolos como «servicio esencial» en un momento en el que el propio Defensor del Pueblo ha instado al Ministerio de Hacienda a flexibilizar los plazos del pago de impuestos de abril a mayo -en abril tienen la declaración trimestral de IVA y el pago fraccionado de Sociedades- y ampliar el plazo de la declaración de la Renta al 30 de septiembre.
Desde los despachos están colapsados. «El otro día a un asociado de Sevilla la Policía le impidió ir a su despacho pese a ser servicio esencial. Los despachos están muy enfadados y no entienden por qué hay que poner en riesgo la salud de los clientes que nos entregan la información en papel por cumplir con Hacienda, cuando las declaraciones no van a salir bien porque la información no fluye de la forma en que debería», critica el vicesecretario de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Eduardo Gracia, que recuerda que la Agencia Tributaria sí se ha dado más plazo para liquidar las actas correspondientes hasta mayo. El Colegio de Gestores Administrativos apunta que el 80% de las declaraciones trimestrales se realiza por profesionales y empresas externas.
Este caos administrativo en la gestión de las ayudas a los afectados por el impacto económico de la pandemia del coronavirus se está produciendo también en el caso de la prestación extraordinaria aprobada por el Gobierno para aquellos autónomos que hayan cesado su actividad o visto caer sus ingresos al menos un 75%.
Las mutuas, según ha podido saber ABC, estaban esta semana todavía esperando a que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente del ministerio dirigido por José Luis Escrivá, acabe de redactar y les comunique el listado definitivo de códigos de actividades (CNAE) afectadas por la suspensión de la actividad decretada por el Ejecutivo. Los trabajadores por cuenta propia ya han comenzado a tramitar el acceso a esa prestación a través de las mutualidades, pero estas están avisando de que podría darse el caso de que un autónomo que haya solicitado la prestación por cese de actividad, y al final su negocio no se encuadre en las actividades recogidas en ese listado, tenga que subsanar su solicitud.
Pero hay más. Desde las gestorías y asesorías informan a este diario de que hasta el pasado miércoles 1 de abril no se pudieron presentar peticiones de acceso a esa prestación por parte de los autónomos porque para justificar una caída del 75% de los ingresos han tenido que esperar al día 31 de marzo y cierre del mes para tener constancias de ese desplome de la actividad.
Suspender la cuota de abril
ATA, la organización de autónomos que dirige Lorenzo Amor, volvió ayer a la carga y reclamó al Gobierno que elimine la cuota de autónomos del mes de abril. «Tras el hachazo que se le ha pegado a todo los autónomos en marzo, exigimos de nuevo al Gobierno que la cuota del mes de abril sea eliminada, ya que los autónomos están en estos momentos en su casa, confinados, ahogados, sin liquidez, sin facturar y sin vender», afirmó Amor, también vicepresidente de la CEOE.
Explicó que el Ejecutivo no puede seguir castigando a este colectivo, ya que «necesitan que salgan ya de una vez por todas a su rescate». «No nos valen aplazamientos ni moratorias para la cuota de abril. No podemos pagar una cuota por la que nosotros no estamos ni facturando ni vendiendo. Solo contemplamos la eliminación de la cuota de abril», concluyó Lorenzo Amor.
Fuente ABC
