Los representantes de la Comisión Europea mantendrán reuniones trimestrales con Montero para comprobar el cumplimiento de los distintos hitos y podrán solicitar encuentros concretos para las materias más complejas
El Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con Bruselas para el seguimiento de los hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia y la liberación de los distintos tramos de las ayudas europeas. El pacto quedó cerrado definitivamente el martes, con la firma del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y ha sido publicado hoy por el Ministerio de Hacienda. España asume con el acuerdo que la Comisión Europea realizará un seguimiento continuado y exhaustivo del cumplimiento de todas las inversiones y reformas acordadas y que este será previo a la entrega de los fondos europeos. En concreto, los responsables de la Comisión Europea celebrarán reuniones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que será la encargada de toda la coordinación con Bruselas, “al menos trimestralmente”.
Además, los representantes de la Comisión pueden organizar reuniones ‘ad hoc’ a la ministra Montero para tratar los asuntos más espinosos, esto es, las reformas que generan más polémica. Es el caso, por ejemplo, de la reforma laboral o de pensiones, que deberían estar listas antes de que acabe el año y que, hoy por hoy, están lejos de aglutinar el apoyo de los agentes sociales ni del Congreso. El Gobierno prometió a Bruselas que no habría ninguna dificultad para el despliegue de estas dos políticas, pero, a medida que pasan los días, es posible que la Comisión Europea se impaciente, como ya lo están los agentes sociales.
El cumplimiento de los hitos permitirá a España recibir los siguientes pagos del plan de recuperación. Para empezar, el que recibirá este trimestre (correspondiente al cuarto de 2021) por el que España podrá solicitar casi 11.500 millones de euros. Durante todo el año 2022 el Gobierno podrá solicitar, de media, unos 10.000 millones de euros cada trimestre. Sin embargo, para cumplir este objetivo será necesario que el país pueda cumplir la ambiciosa agenda de inversiones y reformas pactada con la Comisión Europea en la pasada primavera.
En lo referente a las pensiones públicas la Comisión Europea pedirá al Gobierno que entregue a finales de 2022 un análisis de impacto que “pruebe” que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad como parte de la reforma laboral que el Ejecutivo debe ejecutar en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, efectivamente garantiza dicha equidad. El documento también obliga al Gobierno a alargar el periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación.La cuestión intergeneracional en el futuro de las pensiones ha sido una de las principales preocupaciones de la Comisión Europea a lo largo de los últimos años y por eso el Gobierno la ha incluido en su reforma de las pensiones. “Entrada en vigor legislación de sustitución del factor de sostenibilidad actual que vincula las pensiones a la esperanza de vida con un mecanismo que garantice la equidad intergeneracional y la sostenibilidad presupuestaria ajustándose a los cambios demográficos”, reza el objetivo que España debe cumplir a finales del próximo curso. Lo que pide Bruselas es que lo demuestre con un estudio de impacto.
Además el documento vuelve a incidir, tal y como fue reflejado también en el documento publicado en junio, que uno de los hitos para dar por cumplida una de las reformas clave del sistema de pensiones será la “entrada en vigor de legislación […] alargando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”. Se trata de la reforma número dos, titulada: “Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal, adaptación del periodo de cálculo para el cálculo de la pensión de jubilación para nuevas carreras y reemplazo del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional”.
La Comisión Europea vincula normalmente el impacto fiscal de la vinculación de las pensiones con el IPC con la cuestión intergeneracional. El acuerdo en el Pacto de Toledo blindó que la idea haya sido aceptada por Bruselas. Pero el Ejecutivo comunitario quiere que se siga el impacto sobre las cuentas públicas de esa medida. Por eso, el análisis que el Gobierno tenga que entregar a finales de 2022 sobre cómo se garantizará la equidad intergeneracional de las pensiones no será el único que tenga que enviar a la capital comunitaria: tendrá que publicar también “proyecciones actualizadas que muestren cómo las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad fiscal a largo plazo, teniendo también en cuenta el impacto de otras reformas estructurales, como las reformas del mercado laboral”.
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Fuente: El Confidencial
