El documento con los “hitos” necesarios para acceder a los 70.000 millones de ayudas de la UE contempla alargar más allá de los 25 años el cómputo pese a la negativa de sindicatos y de Unidas Podemos
El denominado “Operational Agreement”, el documento que recoge las metas que debe cumplir España para recibir los 70.000 millones de euros de ayuda que le corresponden del fondo Next Generation y que ha sido hecho público hoy por el Gobierno, estipula que España deberá ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Según asegura el documento, para que se de por cumplida la reforma 2 del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) (”Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”), España deberá aprobar antes de que acabe el año 2022 la legislación para ajustar el periodo de cálculo de las pensiones, “extendiendo el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones de jubilación”.
En la actualidad, la legislación establece que sean los últimos 25 años los que se tomen en cuenta para calcular esta paga tras la última extensión de 2011. Hasta entonces el cálculo se efectuaba sobre los últimos 15 años cotizados. Se entiende que son los más beneficiosos para el trabajador porque, sobre el papel, es en los que ha dispuesto de un salario más alto, lo que le da acceso a una mejor pensión. Sin embargo, si se extiende el periodo de cálculo, lo más probable es que la cuantía de estas pagas disminuya. El acuerdo rubricado por Bruselas no estipula, sin embargo, los años a que debe ampliarse el periodo pero el Gobierno quiere tener listo a finales de 2022 la extensión del periodo de cálculo de las pensiones para evitar el castigo de Bruselas por el flagante incumplimiento del acuerdo.
El documento también estipula que para dar por cumplida la reforma 3 del componente 30, el Gobierno debe aprobar la sustitución del factor de sostenibilidad por el conocido como de equidad intergeneracional, que ligue a través de un nuevo mecanismo las pensiones a la esperanza de vida.
Escrivá ya desató la ira de los sindicatos con su propuesta para alargar el periodo de cálculo de las pensiones de jubilación, sin embargo mantuvo viva la idea. A pesar de que esta reforma no se contempla explícitamente en las recomendaciones del Pacto de Toledo, de la negativa de los sindicatos y de Unidas Podemos, socio del Gobierno, el Ejecutivo ha mantenido en todas las fichas remitidas a Bruselas esta opción. El departamento de Escrivá evaluó ampliarlo de 25 años a 35 años, un periodo que finalmente se diluyó ante las presiones por todos los flancos. Pero no así la propuesta. De hecho, el Gobierno quiere tener lista a finales del año que viene esta ampliación.
Escrivá defiende que esta extensión con “periodos más largos de cómputo del periodo de referencia para la base reguladora” facilita un tratamiento “más equitativo” a las interrupciones y lagunas en los últimos años de la vida laboral. En cualquier caso, el ministro siempre ha defendido la opción de exceptuar los peores años cotizados. “Es algo que tenemos en la cabeza”, ha mantenido.
La ampliación a 35 años del cálculo de la base reguladora en el sistema de pensiones -tiempo que manejaba el Ministerio en su estudio inicial- impactaría negativamente en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, ya que ésta disminuiría hasta en un 8,6% medio, una caída muy superior a la que barajaba el propio Ministerio, que lo situaba entre el 5,45% y el 6,3%, más de dos puntos por debajo. Así lo determina en sus conclusiones el análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson (WTW), en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura, sobre los efectos que tendría esta propuesta en la ampliación de 25 a 35 años del periodo para calcular la jubilación, así como sobre el gasto total en pensiones. Asimismo, los expertos han investigado cómo esta medida afectaría en mayor o menor medida a determinados grupos de trabajadores según sus diferentes características
La variable más relevante es que la duración de la carrera laboral es determinante para establecer una mayor o menor cuantía. Así, los individuos con carreras cortas verían disminuir su pensión un 15% frente a aquellos con carreras largas -por ejemplo, con más de 43 años y 8 meses cotizados-, que sufrirían la mitad de reducción, del 7,5%, aunque ambos perderían. Otro de los hechos constatados tiene que ver con las pensiones de las mujeres, ante las que se podría inducir a una discriminación indirecta por razón de género, ya que la pensión inicial de las mujeres disminuiría un 30% más que la de los hombres. En su caso, presentan carreras laborales más cortas, con lo cual su pensión inicial se recortaría un 10,3% general.
Fuente; La Razon
