El negocio sindical es ya impúdico, y los sindicatos se gastan solo en personal lo mismo que la Casa Real en todo su funcionamiento, lo que atestigua que CC.OO. y UGT le cuestan más a España que la Jefatura de Estado: por mucho que las cuotas de afiliados supongan, según ellos al menos, hasta el 90 % de sus ingresos, las subvenciones directas decididas unilateralmente por el Gobierno duplican, ya de entrada, el presupuesto que tiene al Rey a su disposición. El dato es objetivo: los “sindicatos de clase” nos salen más caros que Felipe VI y la Monarquía en su conjunto cuyo presupuesto para 2023 (congelado desde 2021) asciende a 8,43 millones.
SUBVENCIONES A SINDICATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO
CC.OO. y UGT han batido todos los récords de inyecciones económicas con Sánchez y Yolanda Díaz, a las que hay que añadir un inagotable listado de convenios, programas, contratos e inversiones cuya pista es muy difícil de seguir pues la organización administrativa de los sindicatos, en federaciones, delegaciones y fundaciones territoriales; unida a la variedad institucional de sus patrocinadores públicos; hacen casi imposible saber cuánto dinero reciben de la Administración; cómo lo gastan de verdad y qué resultados prácticos tiene. Entre 2013 y 2020 las ayudas a sindicatos estuvieron congeladas en 8,88 millones de euros anuales, pero en 2021 el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos aprobó su primer presupuesto y asignó a estas organizaciones ayudas por valor de 13,88 millones y en 2022 se elevó hasta los 17 millones.
La incógnita se extiende al número y coste exacto de los liberados sindicales, alojados en el presupuesto público pero apartados de las funciones laborales que justificaron su contratación en un hospital, un ayuntamiento o una universidad. Todo ello conforma un negocio millonario que el PSOE ha estimulado, para consolidar su política fiscal y laboral, y tener un buen batallón de soldados en sus guerras demagógicas.
Los sindicatos, que eran fundamentales en una España industrial hoy desaparecida, limitan ahora su actividad a dos frentes, ambos incompatibles con su naturaleza fundacional: de un lado se han especializado en la negociación colectiva en el ámbito público, saqueando los presupuestos con la excusa de defender los servicios; y de otro se han transformado en la coartada del Gobierno para perpetrar reformas suicidas con coartadas sociales inexistentes.
Y todo a cambio de dinero con el que mantener estructuras innecesarias para consolidar el sanchismo: una entelequia reaccionaria, que mira a un mundo que ya no existe, para sostener un negocio político y económico que debería desaparecer por simple higiene democrática.
El saqueo económico es insoportable, pero peor es el intelectual: ayudan decisivamente a que una incipiente parte de la sociedad española piense que se puede vivir del Estado, cuando es el Estado quien vive de la gente. Y dentro de él, los sindicatos son la casta privilegiada de mayor enjundia. Por mucho que griten luego «a las barricadas», todo el mundo escucha ya «a las mariscadas».
