El presidente del Gobierno solo podía hacer retroceder a su izquierda si quiere volver a gobernar y eso es justamente lo que ha hecho. Por lo demás, es difícil evitar cierta sensación de déjà vu ante la alegría con que este Gobierno sigue gastando sin que quede muy claro quién o cuándo se va a pagar la fiesta. Cuando Zapatero, se habló con ilusión de una “salida de la crisis por la izquierda”; estos días ya se ha elogiado a Sánchez por perseguir “una salida progresista de la crisis”.
El presidente del Gobierno anunció esta semana un conjunto de medidas que desgraciadamente no son parte de un plan de futuro para España. Al contrario, continúan la preferencia de este Gobierno por las subvenciones e impuestos arbitrarios y discrecionales frente a las reformas trabajadas y pensadas. El presidente busca ganar tiempo y calmar las aguas con sus socios de Gobierno e incluso fagocitarlos.
Recordemos que, en 2007, al comenzar la crisis financiera, España tenía una deuda pública ejemplar: un 36% del producto interior bruto (PIB). En esta larga década perdida, en la que nuestro PIB no ha crecido desde 2007, la deuda pública ha alcanzado un 120% del PIB. En números, la deuda ha aumentado un billón de euros entre 2007 y 2020 sin que crezca nuestra capacidad para pagarla.
Durante estos duros años de pandemia, la política de compras de deuda del BCE ha supuesto un apoyo excepcional para los países más endeudados. Gracias al BCE, hemos podido proteger a familias y empresas del parón de la economía por el covid sin tener que preocuparnos de la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. De hecho, el BCE ha comprado toda la deuda emitida por España desde el inicio de la pandemia: 200.000 millones de deuda pública entre enero de 2020 y marzo de 2022. Prácticamente, nada de lo que ha emitido España se ha financiado en los mercados.
Ahora, con la subida de tipos y el fin de la compra de deuda, la protección que nos brindaba el BCE comienza a desaparecer. Ante el nuevo escenario, los mercados empezarán a mirar con lupa qué hacemos con el dinero que nos prestan y cómo pensamos devolverlo.
Desgraciadamente, el Gobierno no está haciendo los deberes necesarios para que los inversores confíen en la solvencia de España cuando vengan mal dadas. Es verdad que, durante la pandemia, era necesario aumentar el gasto para proteger a los más afectados, pero el Gobierno se equivocó en el tipo de gasto necesario. España necesitaba apoyar a los trabajadores con los ERTE, pero el Gobierno ha aumentado el gasto estructural, a largo plazo: ha eliminado los mecanismos para el ajuste automático de las pensiones con los cambios en la esperanza de vida —mecanismos que se han introducido en todos los países de Europa durante las últimas décadas— con el fin de disfrutar durante unos años de su rédito electoral y esperar que sea otro Gobierno el que tenga que hacer el recorte si nos metemos en una crisis de deuda.
¿Cuánto ha costado esta irresponsabilidad? El déficit estructural, el que no depende del ciclo económico, del año que viene ha sido cifrado por los analistas en más de cuatro puntos del PIB (en términos del PIB de hoy, casi 45.000 millones de euros). Desgraciadamente, con este aumento del déficit estructural, la perspectiva es que los gastos serán mayores que los ingresos públicos durante mucho tiempo, incluso excluyendo de la cuenta el pago de intereses de la deuda.
España necesita reformas para hacer sostenible el estado de bienestar, aumentando la competitividad de la economía. Desgraciadamente, el Gobierno se ha negado a hacer las reformas necesarias y los españoles tenemos muchísimo que perder si se repite la crisis del euro y, además, merecemos que se nos trate como adultos.
La realidad es que, mientras el presidente gana tiempo, España lo pierde. La historia debería resultarnos demasiado familiar como para repetir los mismos errores del pasado.
