TIEMPO DE ELECCIONES: EL PNV EXIGE LA TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El PNV sigue poniendo sobre la mesa su catálogo de exigencias al próximo Gobierno español con el objetivo de activar el voto hacia sus siglas, y ha recuperado una exigencia histórica, la transferencia de la Seguridad Social, porque argumentan que está recogida en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika:

“Disposición transitoria quinta. La Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios.”

Pero cabe recordar que la Constitución Española enuncia como COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO “el régimen económico de la Seguridad Social”. definiendo la caja de la Seguridad Social como “única e intransferible” (ni siquiera transferible en su gestión como algunos reivindican).

En el primer calendario de transferencias que ofreció el actual presidente Pedro Sánchez, en 2018, ni siquiera aparecía pero tras firmar un pacto de investidura con el PNV accedió a incorporar esta materia para garantizarse un respaldo estable por su parte en el Congreso.

Aunque la transferencia del Ingreso Mínimo Vital sentó un precedente que supuso desplegar por primera vez la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, que permite firmar convenios para que Euskadi gestione materias de la Seguridad Social respetando la unidad de caja. De hecho este traspaso está recurrido ante el Tribunal Constitucional.

El PNV apela al bolsillo con las pensiones, que han provocado manifestaciones multitudinarias en suelo vasco y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, arenga que : “La única voz vasca, libre, limpia y clara es la del PNV. Por eso hay que ir a votar, para negociar en Madrid con fuerza. Nos jugamos que tengamos las transferencias que nos faltan, nos jugamos las pensiones, y hoy quiero reclamar aquí con rotundidad la transferencia de la Seguridad Social porque está en el Estatuto”.

Por su parte el portavoz del PNV en el Congreso y candidato por Bizkaia, Aitor Esteban, reforzó el mensaje al recordar que su partido fue el que consiguió doblar el brazo al popular Mariano Rajoy en 2018 y 2019 para que actualizara las pensiones de acuerdo con el IPC a cambio de permitir la aprobación de sus Presupuestos.

Euskadi supera el millón de cotizantes, en concreto, en junio de 2023 hay ya 1.002.586 afiliados a la Seguridad Social, además la cotización media supera en más de un 20% la del conjunto del Estado y se sitúa en 2.300 € de media. El número de pensionistas de jubilación en el País Vasco es de 380.460 y la pensión de jubilación de media se sitúa en 1.683,2 €. La pensión media de jubilación a nivel nacional es de 1.374,88 € y el número total de pensionista de jubilación es de 6.357.104

Nuestra Seguridad Social es un sistema de caja única y aplica los recursos con criterios no territoriales. Por ello algunas regiones “ricas” se benefician de esta solidaridad tanto como otras regiones menos ricas. La caja única, de momento, financia las pensiones en las regiones más envejecidas (independientemente de que sean ricas o pobres) dado que la cuantía de las pensiones depende fundamentalmente de los salarios y las bases de cotización de los trabajadores en el periodo previo a la jubilación (varias décadas), y también de la edad de acceso a la jubilación y de la carrera de cotización (años y bases de cotización históricas).

La Tesorería General de la Seguridad Social (la CAJA ÚNICA DEL SISTEMA) es la encargada de recaudar mes a mes las cotizaciones sociales, con el único fin de atender las riesgos de necesidad, garantizando a quien cotiza que obtendrá las mismas prestaciones resida donde resida, en definitiva, las prestaciones las reciben los trabajadores contribuyentes NO los territorios pues hay muchos jubilados que, tras terminar su vida laboral, deciden cambiar su residencia y abandonar la región en la que cotizaron.

Menos de dos cotizantes sostienen a cada pensionista en la mitad de CCAA

En la actualidad, lo habitual es que dos trabajadores sostengan a cada pensionista. Así lo indica la media para España, donde destacan regiones como la Comunidad de Madrid (2,8 cotizantes por pensionista) y Baleares (2,6). En la parte negativa destaca especialmente el caso de Asturias (1,2 cotizantes por pensionista). El principado tiene una gran presencia de jubilados en las minas y a este factor se suma que es una de las regiones más envejecidas.

Con el progresivo retiro de la generación del baby boom se agravará el tensionamiento financiero de las cuentas de la Seguridad Social y las nuevas altas contarán progresivamente con pensiones iniciales cada vez más elevadas, a la vez que dejarán de formar parte un gran número de actuales cotizantes. De forma natural, el ratio cotizantes-jubilados se verá reducido por debajo de dos.

En las próximas tres décadas la comparativa entre el número potencial de trabajadores (entendidos como personas en edad de trabajar y no necesariamente como empleados cotizando) respecto a la población jubilada pasará de 3,3 a 1,7. El mayor descenso de la Unión Europea después de Irlanda.

El Gobierno asume que la comparación entre los trabajadores y los jubilados se estrechará y por eso en su última reforma ha reforzado los incentivos para alargar edad de retiro, esperando que entre el 50% y el 60% de los futuros jubilados estire su vida laboral de forma voluntaria por los incentivos.

Aunque se espera que aumente la fuerza laboral, habrá menos trabajadores sosteniendo el sistema y un gasto ineludible. La previsión también es que la cobertura de las prestaciones será menor. La tasa de cobertura mide la suficiencia entendida como la comparativa entre la pensión media y el salario medio. Si actualmente es el 62,7% del salario medio, a mitad de siglo cubrirá el 53,9% de la retribución media, nueve puntos menos y por eso se trabaja para dotar de impulso del ahorro complementario a la pensión pública (el primer pilar del sistema), especialmente a través de los planes de empleo en la empresa (el segundo pilar).

La reforma Escrivá también incorpora varias medidas de contención que penalizan la contributividad: destopa las bases máximas de cotización, con el tope de la pensión creciendo a un ritmo más limitado; aplica una denominada cuota de solidaridad sobre el tramo salarial que supera la base máxima; y aplica una sobrecotización, el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sobre todos los salarios y cuya recaudación prevista, de 130.000 millones, irá destinada a la ‘hucha’ de las pensiones. Arranca en el 0,6% actual y llegará al 1,2%. Tanto el MEI como la cuota de solidaridad no generan derecho a pensión y resultan en un menor salario neto de todos los trabajadores.