Debemos partir de que tanto la caja única de la SS como la contributividad del sistema (“tanto pagas, tanto recibes”) son simples ficciones. Pero todos usamos un lenguaje como si ambas ficciones existieran realmente.
Es cierto que el Estado paga las prestaciones a través de un organismo llamado “Seguridad Social”; aunque podría no hacerlo y enviar los cheques directamente desde el Ministerio de Hacienda (en el fondo, no cambiaría nada). Lo que hay es un impuesto, llamado “cotizaciones sociales”. Pero no hay caja, o, si se quiere, cada mes esa caja se vacía y lo que cobran los pensionistas depende de lo que pagan los trabajadores el mes anterior, no de un ahorro ficticio
La relación entre una prestación denominada “pensión de jubilación” y las cotizaciones abonada al sistema por el trabajado que recibe esa prestación no es tan diferente de la que existe entre otros impuestos y otras prestaciones. Pero el principio de que quien más ha puesto también debe recibir algo más, simplemente no existe.
En su comparecencia del 28 de enero de 2021 ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Escrivá explicó algunas evidencias estadísticas que son ciertas y evidentes. Una forma de incrementar los ingresos sin incrementar en la misma medida ni el gasto presente ni las promesas a futuro es subir las bases máximas de cotización por encima de las pensiones máximas. En el gráfico adjunto (sacado directamente de la presentación del ministro) se puede comprobar cómo las bases máximas han subido mucho más que las pensiones máximas en la última década. Tanto la relación pensión máxima/pensión mínima como pensión máxima/base máxima de cotización ha ido cambiando en las últimas cuatro décadas. Y siempre en la misma dirección: los trabajadores de sueldos medio-altos cotizan más, pero ese extra no les garantiza un incremento de los derechos a futuro.
Esto de subir las bases de cotización por encima de las pensiones máximas lo han hecho todos los gobiernos. Incluso, desde Podemos se ha propuesto destopar por completo las cotizaciones.
La media es atractiva para el Gobierno de turno porque no es fácil que el que la sufre (el cotizante actual) la asocie con su resultado (pensión que no subirá cuando, dentro de 10-15-20 años, se jubile). Además, es una reforma atractiva porque penaliza a los que más cobran sin que el castigo se perciba de forma inmediata, pero evidentemente se erosiona la “contributividad” del sistema.
Con estas medidas el incentivo a cotizar se ve cada vez más reducido, cuestión muy sensible desde la óptica de la reforma mil veces anunciada de las cotizaciones de los autónomos.
Además Escrivá sacó a colación ante los miembros de la Comisión un elemento “novedoso”: la edad pensionable (los años en los que se recibe una pensión) ligado evidentemente a la esperanza de vida. El ministro se apoyó en el este gráfico, con datos de EEUU (lo normal es que salga un gráfico similar para cualquier país del mundo) la esperanza de vida es más elevada para los trabajadores de sueldos más elevados. Además, perjudica a los trabajadores con sueldos medios-altos pero a los de salarios medios-bajos les dejan como están, porque no cobrará ni un euro más de prestación.
La pregunta que se deriva de esto es muy polémica: ¿deben cobrar menos en cada mensualidad, en proporción a lo que aportaron, los colectivos que tienen una esperanza de vida más elevada?
El argumento publicitario ya está diseñado: cuando se suban (y se subirán) las bases máximas, la excusa será que de esta manera de corrige una injusticia, derivada de la mayor edad pensionable que tienen los trabajadores con sueldos altos. Pero esta patraña tiene las piernas muy cortas pues supone cuestionar directamente el sacrosanto modelo de reparto.
De hecho, tal y como está enunciada, la propuesta no suena a recorte en un primer momento: porque no se plantea bajar las pensiones futuras de los que cobran pensiones altas, simplemente lo que se plantea es subir su cotización actual. En definitiva, el principio de contributividad queda de nuevo violentado, pues si bien es verdad que sería más contributivo que cada uno cobre en función de su esperanza de vida, el planteamiento es altamente radioactivo: piensen en el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013 o en las propuestas sobre reformas nocionales como la sueca. En los dos casos, la idea era asociar el sistema a algún tipo de elemento actuarial relacionado con la esperanza de vida. Y en los dos casos, las voces que lo proponían fueron acalladas por insolidarias y contrarias a la naturaleza del actual sistema
Aquí entra el elemento más polémico. De hecho, sin meternos en un análisis estadístico muy detallado hay una cifra que todos conocemos, que puede verse en el gráfico del ministro, que es políticamente muy incorrecto nombrar: la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. Según el INE, a los 65 años, los hombres españoles tienen una esperanza de vida de 19,5 años y las mujeres de 23,4 años, casi 48 meses (4 años) más de unas a otros. Con este nuevo criterio que Escrivá ha puesto sobre la mesa, no sería justo que un hombre y una mujer que hayan cotizado lo mismo reciban la misma mensualidad.
Todo este planteamiento suena a otro artificio estadístico más: quiero recortar el gasto y las prestaciones de los que más cotizan, pero necesito una buena excusa, así que tiro de la estadística de esperanza de vida por ingresos.