Escrivá asocia la alta tasa de paro a la generosidad de la protección a los desempleados
Escrivá asocia la alta tasa de paro a la generosidad de la protección a los desempleados-
Advierte de que la brecha entre la base de cotización (125% del SMI) y la cuantía del subsidio (480 euros) desincentiva el reempleo
El gobernador subraya que la cotización por desempleo duplica la de cualquier país europeo y el carácter indefinido del subsidio para mayores de 52 años
Hace algo más de un año el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, levantó una importante polvareda política cuando anunció que la institución dejaría de pronunciarse sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones con el argumento de que el supervisor bancario tenía poco que aportar al respecto y que no debía pronunciarse sobre asuntos de política económica que afectaran a la redistribución. Escrivá ha debido entender que la protección al desempleo es más una cuestión de productividad que de redistribución porque este martes ha aprovechado su comparecencia anual en el Congreso de los Diputados para enfatizar la generosidad del sistema de protección al desempleo en España y vincular esta circunstancia al diferencial histórico entre la tasa de desempleo de los países europeos y la de nuestro país.
En una intervención concertada para explicar el informe anual de la institución, Escrivá ha recordado que el sistema de protección al desempleo en España, reforzado de forma sustancial desde 2018 y especialmente desde que Yolanda Díaz fuera nombrada ministra de Trabajo en 2020, da cobertura al 80% de los desempleados, una cifra que supera con creces la media de los países europeos y también el grado de cobertura que había en España la última vez que la tasa de paro se situó en niveles similares a los actuales, cuando estaba en el 60%.
También ha recalcado que el informe del Departamento de Economía del Banco de España concluye que el tipo de cotización que pagan las empresas en España para financiar el sistema de protección al desempleo, que está en el 7,05%, duplica el vigente en cualquier otro país europeo, y ha sugerido que sus retornos en forma de políticas activas para incentivar la reinserción laboral de las personas en situación de desempleo tienen, como mínimo, «un amplio margen de mejora».
Débiles incentivos para volver a trabajar
Y ha apuntado en tercer lugar a la configuración de dispositivos como el subsidio de protección para los desempleados mayores de 52 años, cuya vigencia indefinida y la sobrecotización del 125% que proporciona a sus beneficiarios alumbran un esquema, que, ha dicho Escrivá, como mínimo hace «preguntarse si este sistema es el más adecuado para incentivar la reinserción laboral de los desempleados».
El gobernador del Banco de España, que ha evitado plantear cualquier recomendación explícita al Ministerio de Trabajo, con el que ya tuvo sus tiras y aflojas cuando era el ministro de Inclusión y Seguridad Social del Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que es lícito preguntarse si «al proteger a los parados ante cualquier situación se generan los incentivos suficientes para su reactivación o no».
Fuente: Escrivá asocia la alta tasa de paro a la generosidad de la protección a los desempleados
Confirmado por el Banco de España: cobrar el subsidio para mayores de 52 años desincentiva la búsqueda de empleo
Solo el 8,9% de los perceptores del subsidio por desempleo para mayores de 52 años que no trabajaron en 2021 logró volver al mercado laboral al menos un día en 2022, frente al 29,9% que se observa entre los beneficiarios de prestaciones contributivas ordinarias. El Banco de España apunta en su informe anual publicado este jueves a una causa estructural que ha pasado relativamente desapercibida: la sobrecotización que acumula esta ayuda, es decir, la brecha entre la base por la que se cotiza a la Seguridad Social (el 125% del salario mínimo interprofesional) y la cuantía real que percibe el beneficiario (el 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, el Iprem, equivalente a 480 euros mensuales).
Según el organismo, si esa cotización se redujese hasta equipararla al importe efectivo de la prestación, la probabilidad de reincorporarse al empleo aumentaría de forma significativa. En el caso de las mujeres, el efecto llegaría a duplicar las posibilidades de volver al mercado laboral en años recientes.
Qué es el subsidio de mayores de 52 años y a quién beneficia
Esta prestación, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), está destinada a personas en situación de desempleo que han cumplido los 52 años y han agotado ya su prestación o subsidio contributivo. Su rasgo más distintivo es que se percibe de manera indefinida desde su concesión hasta que el beneficiario alcanza la edad de jubilación, y que el propio SEPE asume la cotización por jubilación durante todo ese periodo
La ayuda asciende actualmente a 480 euros mensuales en 12 pagas. Nació en 1984 con el objetivo de proteger a los trabajadores sénior ante el riesgo de pérdida de empleo, al tiempo que se facilitaba el acceso de los jóvenes a los puestos vacantes en un contexto de paro estructuralmente elevado. Desde entonces ha acumulado múltiples reformas en lo relativo a la edad de acceso, la cuantía y, de forma especialmente relevante, la base de cotización.
En cuanto a la edad mínima de acceso, se redujo hasta los 52 años en 1989, se elevó a 55 en 2012 y volvió a situarse en 52 en 2019. La base de cotización, por su parte, partió del 100% del SMI, se incrementó hasta el 125% en 2007, retrocedió al 100% en 2012 y regresó al 125% en 2019.
La brecha entre cotización y prestación, en máximos históricos
El desequilibrio entre lo que se cotiza y lo que se cobra tiene su origen en 2004, cuando la creación del Iprem desvinculó la cuantía de la prestación del SMI. Hasta ese año, el subsidio equivalía al 80% del SMI y la cotización se calculaba sobre el 100% de esa misma referencia, lo que arrojaba una ratio de sobrecotización de 1,25 veces el importe de la ayuda
A partir de 2004, ambas magnitudes comenzaron a divergir de forma acelerada. El SMI ha subido más de un 60% en los últimos años, mientras que el Iprem permanece congelado desde 2023 en 600 euros mensuales. A esa diferencia se suma el incremento de la base de cotización hasta el 125% del SMI, lo que ha elevado la ratio de sobrecotización hasta niveles que el Banco de España califica de «significativos».
En términos prácticos, esto significa que el SEPE cotiza a la Seguridad Social por el beneficiario una cantidad notablemente superior a la prestación que este recibe, generando un incentivo implícito a permanecer en el subsidio frente a buscar un empleo con el que probablemente no se mejoraría la acumulación de derechos de jubilación en la misma proporción.
La duración indefinida, el otro gran desincentivo
El informe del Banco de España señala que la permanencia ilimitada de la ayuda hasta la jubilación es, de hecho, el factor con mayor peso en la reducida tasa de reempleo del colectivo. El 55% de los perceptores del subsidio en 2024 había comenzado a cobrarlo antes de cumplir los 55 años, lo que ilustra la tendencia a quedarse en esta situación durante un periodo prolongado, que en muchos casos se extiende hasta la jubilación.
A los factores estructurales de la prestación se suman otros de carácter socioeconómico. El organismo destaca que la probabilidad de vuelta al mercado laboral disminuye cuando existen otras rentas en el hogar ajenas al perceptor, ya que se reducen los incentivos económicos a buscar trabajo. La edad también es determinante: cuanto más próxima está la jubilación, menor es la probabilidad de reincorporación.
El Banco de España contextualiza estas cifras recordando que el subsidio se diseñó en un momento de expansión económica limitada y paro juvenil desbordado, circunstancias muy distintas a las actuales. Las tasas de desempleo entre los mayores de 55 años repuntaron con intensidad tras la crisis financiera de 2008 y no han terminado de retroceder, lo que, a juicio de la institución, «puede afectar negativamente a los incentivos a la reincorporación laboral de los beneficiarios«.
La comparación con las prestaciones contributivas ordinarias resulta elocuente: frente al 8,9% de vuelta a la actividad observado entre los perceptores del subsidio de mayores de 52 años, el 29,9% de quienes cobran una prestación contributiva logra volver al trabajo. Una diferencia de más de 20 puntos porcentuales que los datos del Banco de España vinculan, al menos en parte, a un diseño que acumula décadas de reformas parciales sin haber resuelto la tensión entre protección y reinserción laboral.
La reforma del subsidio para mayores de 52 tensiona las cuentas del Estado con un gasto extra de 18.000 millones
El número de perceptores prácticamente se ha triplicado en las dos últimas décadas, según datos de Fedea, que advierte de que esta ayuda reduce los incentivos para volver a trabajar
La reforma de este subsidio para mayores de 52 años llevada a cabo en el 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez está detrás de este fuerte aumento, ya que puso fin a los recortes y restricciones a estas ayudas fijadas por el PP para hacer frente a la crisis económica de 2012, que, a su vez, está tensionando las cuentas de la Seguridad Social con un gasto extra de casi 18.000 millones de euros hasta 2030, según advierte Fedea en este informe.
En concreto, el estudio estima que la reforma del 19 implicará un coste adicional extra para la Seguridad Social, en números rojos desde el 2012, de 17.935 millones de euros del 2025 en valor presente durante el período 2019-2030, así como provocará también un gasto directo para el SEPE que alcanzará los 1.818 millones de euros anuales en el año 2030 por el aumento de la prestación y del número de perceptores.
La reforma del 2019 revirtió los endurecimientos introducidos en el 2012, rebajó la edad de acceso de los 55 a los 52 años, modificó la evaluación de las rentas a la forma individual en lugar de por unidad familiar, extendió la ayuda hasta la edad ordinaria de jubilación e incrementó la base de cotización por contingencias comunes del 100% al 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que tiene un claro impacto en las cuentas del sistema de pensiones, puesto que eleva su cuantía.
Como consecuencia de esta flexibilización, los autores estiman que para el año 2030 el número de perceptores adicionales atribuibles exclusivamente al cambio de política alcanzará las 315.718 personas, elevando el total de beneficiarios de este subsidio hasta los 529.880, frente a los 214.163 que se habrían registrado de no existir la reforma.
