El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones no es nuevo. Ni en España ni en tantas otras economías avanzadas. Tampoco es novedosa la larga lista de causas y consecuencias del reto que viene por delante, así como de las posibles recetas a aplicar. Donde sí radica cierta novedad es en las previsiones y cálculos que se hacen. En este apartado, la casa de análisis británica Oxford Economics ha elaborado un modelo en el que todas las economías de la eurozona aumentan en un año la edad de jubilación. Tomando esa medida, la deuda pública de la eurozona podría menguar 14 puntos porcentuales del producto interior bruto (PIB), estiman. En el caso particular de España, esa misma medida podría implicar una reducción del 25% del PIB dentro de tres décadas.
Cabe recordar que, en España, para la jubilación ordinaria se requieren 65 años de edad si se han cotizado 38 años o más, o 66 años y seis meses si se han cotizado menos de 38 años. La edad legal de jubilación se irá incrementando progresivamente hasta 2027, cuando será de 65 años para quienes tengan 38 años y seis meses o más de cotización, y de 67 años para los que hayan cotizado menos.
Hace apenas unos días, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicaba un informe en el que, entre otras opciones, abogaba por vincular la esperanza de vida con la edad de jubilación ordinaria para hacer más sostenible el sistema. El trabajo del think tank proponía elevar esa edad bien vinculando el aumento a la evolución de la esperanza de vida a los 67 años o bien con cambios puntuales.
El ejemplo de referencia lo tomaban del modelo desarrollado por algunos países: aumentar la edad de jubilación 2/3 del aumento en la esperanza de vida, para mantener aproximadamente constante la ratio entre años cotizados y años de pensión. Ello supondría, con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE ) y tomando 2027 como año base con una edad de jubilación de 67 años, que la edad de jubilación en España se situaría en 68 años en 2047 y en 68,5 en 2061.
La problemática es de sobra conocida. «Con un aumento planificado del gasto militar de proporciones históricas, los países europeos tendrán que recortar el gasto en otros sectores o emitir más deuda. Sin embargo, el bajo crecimiento estructural y las tasas de inflación contenidas implican que emisiones considerables podrían plantear problemas de sostenibilidad. Las tímidas perspectivas de crecimiento también reflejan un panorama demográfico débil, lo que a su vez agrava el impacto en las finanzas públicas debido al envejecimiento de la población europea. El envejecimiento de la población no solo implica un mayor gasto en el modelo social europeo, basado en el bienestar, sino que también implica que menos trabajadores paguen impuestos para financiar su coste», sintetizan los analistas Riccardo Marcelli Fabiani y Paolo Grignani en el informe de Oxford Economics, al que ha tenido acceso elEconomista.es.
Dentro de este preocupante lienzo, es notorio que el gasto en pensiones será uno de los costes que más infle las facturas de los gobiernos. Incluso ahora, cuando aún no se ha manifestado el impacto total del envejecimiento, las pensiones ya representan una partida importante del gasto público de los países de la eurozona, situándose constantemente muy por encima del 20% del gasto total en el período posterior a la crisis financiera, constatan Marcelli Fabiani y Grignani. En el caso de España, el servicio de estudios de Fedea prevé que el gasto público en pensiones llegue al 17,1% del PIB en 2050, un punto más que la Autoridad Fiscal Independiente (Airef). El gasto total de pensiones en España fue de 13.638,08 millones de euros en septiembre de 2025, lo que supone un aumento del 6,09% con respecto al mismo mes del año pasado.
El dilema es el de siempre y cualquier medida destinado a paliar estas consecuencias es impopular y tiene un importante coste político. Los analistas de Oxford toman como ejemplo los casos de Francia e Italia. En el país galo, las reformas de pensiones propuestas han generado inestabilidad política y tensión en las calles. En Italia, el gobierno esté considerando congelar la vinculación automática de la edad de jubilación a la esperanza de vida, poniendo en peligro una ya precaria sostenibilidad fiscal.
«Este dilema refleja los incentivos para que los políticos ignoren el problema y dejen intactas las prestaciones de pensión, consideradas un derecho adquirido. Al igual que con el aumento de impuestos, los votantes tienden a ignorar el impacto positivo en la sostenibilidad de las finanzas públicas y solo ven la desventaja personal de que unos impuestos más altos reduzcan sus ingresos disponibles», señalan Marcelli Fabiani y Grignani.
Reconociendo la realidad, remarcan ambos economistas, algunos países ya han aumentado la edad de jubilación o al menos planean hacerlo. Buscando ofrecer una suerte de guía, elaboran un modelo genérico para toda la eurozona, en la medida en la que «las generosas pensiones han permitido que las personas de entre 66 y 75 años disfruten de unos ingresos superiores a la media general en Francia, Italia, España, Portugal y Grecia«. «Y la brecha se ha ampliado. En consecuencia, el lastre para las finanzas públicas es significativo en la mayoría de los países de la eurozona», justifican.
Un «círculo virtuoso»
En el modelo diseñado por Oxford, todos los gobiernos de la eurozona irán introduciendo gradualmente el aumento de un año en la edad de jubilación a lo largo de seis años, a partir de principios de 2026, reflejando «la preferencia de los gobiernos por facilitar la aceptación de una reforma poco atractiva para el electorado», argumentan. En cualquier caso, defienden los economistas, esta reforma activaría una especie de «círculo virtuoso» en la economía.
Para empezar, una edad de jubilación más alta aumentaría el empleo total y la producción potencial. «Tras la introducción, los trabajadores del mercado laboral podrían jubilarse un año más tarde, lo que aumentaría la oferta de mano de obra. Sin embargo, cuando algunos trabajadores cercanos a la jubilación pierdan sus puestos de trabajo, les resultará difícil reciclarse y encontrar otro. Y creemos que el alcance de la sustitución de otros empleos es limitado, ya que algunas personas mayores que no se jubilan no son sustituidas por otras más jóvenes. De acuerdo con las estimaciones del Banco de Italia, suponemos un aumento neto del empleo total del 60% de la mano de obra adicional», explica el informe. Salvedades técnicas aparte, la tasa de desempleo sería más alta, pero la tasa de empleo y el número total de trabajadores también aumentarían. «Una población activa más numerosa significa un mayor producto potencial, si el resto de factores se mantienen constantes», subrayan Marcelli Fabiani y Grignani.
El ahorro en pensiones se traduce en una reducción del gasto público y de la deuda pública como porcentaje del PIB, lo que a su vez hace bajar los tipos de interés, prosiguen los economistas. El impacto sobre los tipos es doble. En primer lugar, explican, una menor deuda pública supone una reducción de la oferta de activos que pueden adquirirse con el ahorro, lo que pesa sobre el tipo de interés neutral (ni daña ni espolea la economía): «Nuestra investigación muestra que, tras un periodo inicial en el que la política monetaria reacciona al shock, el tipo de interés oficial del BCE convergería hacia el nuevo tipo de interés neutral, más bajo». En segundo lugar, unos niveles de deuda más contenidos mejoran la solvencia, por lo que los mercados financieros exigen una menor compensación por la compra de bonos del Estado, lo que se traduce en rendimientos más bajos y una prima por plazo más baja. Esto se ve reforzado por la reducción del tipo neutral, lo que significa un punto de partida más bajo al que se añaden las primas de plazo y de riesgo.
El aumento de la edad de jubilación mejoraría inmediatamente los saldos fiscales, ya que disminuirían las transferencias públicas, continúa el informe de Oxford. Para estimar el ahorro a lo largo del período de previsión, utilizan las tasas brutas de sustitución previstas en el Informe sobre el envejecimiento de la Comisión Europea. El ahorro como porcentaje del gasto total en pensiones estaría en consonancia con lo que sugiere la reducción del número de jubilados. Sin embargo, aclaran los economistas de Oxford, a la mejora derivada de la reducción de las transferencias públicas se ve parcialmente compensada por el impacto macroeconómico de la política.
«La perturbación del lado de la oferta enfriaría los precios, lo que provocaría una disminución de los ingresos públicos como porcentaje del PIB», advierten los analistas, estimando que la reducción de las transferencias públicas alcanzaría un máximo del 0,4% del PIB al cabo de seis años, para luego disminuir gradualmente. Sin embargo, creen que el efecto fiscal permitiría acumular rápidamente ahorros en el pago de intereses debido a la reducción de la deuda y a la bajada de los tipos de interés.
Diferencias entre países
Para 2060, los ahorros acumulados gracias a la reducción de las transferencias públicas superarían los 1,5 billones de euros en el conjunto de la zona euro, mientras que los pagos de intereses rondarían los 2,3 billones de euros.
A lo largo de las décadas, el impacto acumulado de la reducción de los déficits llevaría a que la deuda pública de la eurozona descendiera hasta el 64% del PIB en 2060, muy por debajo del 78% del escenario de referencia que maneja Oxford Economics. El impacto sería positivo en todos los países, pero en unos más que en otros dadas las diferentes casuísticas. Las diferencias en el impacto entre los distintos países serían significativas, oscilando entre alrededor del 2% del PIB en Irlanda y más del 25% en España, citan como ejemplos más extremos Marcelli Fabiani y Grignani, destacando que las economías del sur de Europa se encontrarían entre las más beneficiadas.
Esta heterogeneidad de los resultados depende de varios factores. «Desde el punto de vista demográfico, los países más envejecidos, con la tasa de dependencia de las personas mayores más elevada, experimentarían mayores reducciones de la deuda en relación con el PIB. Además, una tasa de sustitución bruta más elevada, es decir, un cálculo más generoso de las pensiones, conduce a mayores descensos de la deuda en relación con el PIB», elucidan los autores del informe de Oxford.
Por otra parte, concluyen, aproximadamente la mitad de las mejoras fiscales se deben a la reducción de los pagos de intereses, lo que beneficia a los países más endeudados en la actualidad (con datos del primer trimestre de 2025, Grecia un 152,5% del PIB, Italia 137,9%, Francia 114,1%, Bélgica 106,8% y España: 103,5%).
