Parece ser que en Bruselas ya están con la mosca detrás de la oreja.
La polémica (técnica) de la semana ha surgido en un lugar inesperado. Y poco atractivo para los titulares, aunque ha generado bastante ruido. Primero, el Tribunal de Cuentas alertaba sobre algunos apaños contables del Gobierno de Pedro Sánchez en la Seguridad Social. El organismo desvelaba que el Ejecutivo recurrió en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones. Y no es la única partida: este viernes, El Mundo desvelaba que «el Gobierno desvió otros 8.500 millones de fondos europeos en 2025» hacia la Seguridad Social.
Parece ser que en Bruselas ya están con la mosca detrás de la oreja. ¿Esto puede hacerse o no? En Hacienda aseguran que no hay nada raro, que es una mera cuestión de técnica presupuestaria y que se hace así para sortear algunos de los problemas generados por la falta de Presupuestos. Las dos partidas que desencadenaron la advertencia del Tribunal de Cuentas estaban relacionadas con el pago de Clases Pasivas y los Complementos a Mínimos. Y más allá de si es legal o no, o de si el Gobierno ha estirado más de lo debido los márgenes con los que cuenta, la clave es qué se paga con este dinero y si es una señal de alarma sobre la sostenibilidad de las pensiones.
A esta última pregunta, la respuesta es negativa. Que el Gobierno (éste y el anterior) tenga que cubrir con transferencias directas estas partidas es lo normal. De hecho, el debate sobre si estos conceptos forman parte del sistema contributivo es un clásico. Lo relevante no su importe, aunque sea muy elevado: hablamos de unos 28.000 millones en conjunto, algo más de 20.000 para clases pasivas y más de 7.000 para complementos a mínimos (según los últimos PGE aprobados, en 2022, por lo que habría que ajustar los números ligeramente al alza). En este punto, como en el resto del gasto relacionado con la jubilación y la vejez, lo importante es la imagen panorámica.
Los números más claros sobre el gasto en pensiones son los que Ángel de la Fuente prepara para Fedea cada año en sus «cuentas del Sistema de la Seguridad Social ampliada». Según sus cifras:
Los ingresos por cotizaciones sociales ascendieron a 178.837 millones de euros en 2025 (es una estimación a falta del cierre oficial, pero no estará muy lejos)
- Las cotizaciones de clases pasivas sumaron otros 6.516 millones.
- Y del apartado «otros ingresos», llegaron a 2.808
- En total: 188.162 millones de ingresos antes de las transferencias del Estado, que sumaron 61.342 millones
Enfrente, en el lado de los gastos:
- 482 millones de prestaciones contributivas (de los que algo más de 7.000 millones corresponden a complementos a mínimos). De este montante, las pensiones se llevan 191.353 millones; y el resto es para otras prestaciones contributivas (incapacidad temporal, maternidad y paternidad, y un largo etcétera)
- 522 millones es el montante total que se gasta en prestaciones de Clases Pasivas
- Las no contributivas (pensiones no contributivas, IMV, dependencia) suman 14.810 millones
- Y el pago de servicios comunes asciende a algo más de 2.100 millones
- En total, los gastos suman 257.945 millones
Como vemos, la diferencia entre ingresos y gastos asciende a 69.783 millones. Incluso tras las transferencias del Estado, el saldo es negativo en más de 8.400 millones.
Todo esto es más o menos conocido: ¿es justo el reparto? ¿todas las prestaciones contributivas lo son? ¿Cómo deben pagarse todas estas partidas?
Y no hay una respuesta cerrada a cada una de estas preguntas. Si uno cree, como nos dice el Gobierno, que la Seguridad Social es una especie de sistema autónomo, al margen del Estado, con sus propios ingresos (cotizaciones) y gastos (prestaciones contributivas), entonces probablemente lo más limpio desde un punto de vista presupuestario sería separar realmente todos estos gastos e ingresos. Pero es que, incluso así, podrían discutirse partidas: de las pensiones de viudedad a complementos a mínimos, pasando por la incapacidad temporal: ¿debe computar todo esto en la parte contributiva? Si se saca, ¿debemos dividir también las cotizaciones en varios sub-apartados? Porque ésta sería otra solución: que Trabajo o Hacienda manejasen parte del presupuesto que ahora tiene la Seguridad Social y que este organismo se dedique sólo a temas de jubilación-vejez e incapacidad permanente.
¿CAJA ÚNICA?
La otra opción es asumir que ni hay sistema ni falta que hace. Sólo hay una caja (la del Estado) y allí entra todo lo que se recauda, venga de donde venga: impuestos clásicos, cotizaciones (que son otro impuesto), transferencias de la UE… Por ahí se intuye la extrañeza del Gobierno con las noticias de esta semana. No se lo diremos, pero es como si desde el Ministerio de Hacienda o el de Seguridad Social hubieran comprado la tesis de que la Seguridad Social no existe (y no, no existe tal y como nos la cuentan). Si uno piensa en términos de una caja común (la del Estado, no la caja única de la Seguridad Social), de dónde saque el dinero en cada momento es una mera cuestión de técnica presupuestaria.
Y luego está la segunda parte de la polémica, la que tiene que ver con Bruselas. En lo que toca a las pensiones, ni siquiera es muy problemático. En realidad, en las comparativas internacionales, todos estos gastos de los que hablamos (pensiones no contributivas, complementos a mínimos, clases pasivas) ya están integrados. Es lo lógico. Cada país tiene una forma de organizarse. Los hay (como Dinamarca) que no cobran cotizaciones con ese nombre, sino que financian las prestaciones relacionadas con la vejez con impuestos generales. Además, la forma en que cada Estado distribuye sus gastos es muy variada: ni mucho menos todos los países de la UE tienen una Seguridad Social que mezcle en sus Presupuestos prestaciones como el IMV con las de jubilación. Por eso, cuando contabilizamos el peso del envejecimiento en el PIB o en las cuentas públicas de un país, vamos a lo básico: cuánto gastamos en prestaciones de incapacidad-vejez-jubilación en total. ¿De dónde venga ese gasto? Qué más da.
En este sentido, quizás lo más raro en España sea esa dualidad cotizaciones generales y de clases pasivas. Son esos restos de una legislación que no se sabe muy bien ni por qué comenzaron ni por qué continúan. Desde hace años (desde 2011), además, se suma otro elemento que complica todavía más las cosas: los nuevos funcionarios ya sí están integrados en la Seguridad Social. Por lo tanto, las cotizaciones de estos trabajadores públicos más jóvenes van a la caja general, pero las pensiones de sus compañeros más veteranos (los de Clases Pasivas) se siguen pagando desde Hacienda. Muy extraño todo.
A partir de ahí, es lógico que la pulcritud presupuestaria se convierta casi en un imposible o un absurdo. De hecho, lo que cabría preguntarse es por qué no organizar esto de una vez para que este caos sea algo menos complejo. Porque, al final, todo esto también se lleva recursos: hay muchos funcionarios trabajando para que todo esto funcione, para que ningún pensionista se quede sin cobrar, para que las partidas del presupuesto se gasten según corresponda…
Por último, una pregunta que muchos se harán: ¿y Bruselas nos puede sancionar por esto? No teman. La principal enseñanza de esta semana en realidad es un recordatorio de lo obvio: los fondos europeos siempre se anuncian con muchos requisitos, controles, exigencias; y siempre se ejecutan por los gobiernos con total autonomía (vamos, que hacen básicamente lo que les da la gana). Tampoco por aquí habrá sorpresas.
