BREVE INTRODUCCIÓN
Los problemas más importantes de España son dos: el paro y la sostenibilidad de las pensiones. España tiene actualmente unos 16 millones de personas que están trabajando, las cuales pueden mantener a todos los pensionistas, si bien las cuentas no terminan de encajar y se echa mano de transferencia del Estado para hacer frente a las obligaciones de la SS..
Una pirámide de Ponzi consiste en una estafa en la cual las personas que están en la base van alimentando a las que han entrado después en el sistema. Casos típicos son, en España, el de Fórum Filatélico o en Estados Unidos el de Bernard Madoff. En ambos casos estos chiringuitos financieros ofrecían unas altas rentabilidades que se iban cubriendo con las aportaciones de los nuevos inversores hasta que el sistema cae por su propio peso.
Los argumentos que muchas veces se exponen en algunos medios son que, por fortuna, cada vez vivimos más años y como al mismo tiempo ha bajado la natalidad, el ratio entre trabajadores (cotizantes) y jubilados (que cobran las pensiones) se ha desequilibrado, haciendo insostenible el sistema.
Como los jubilados de hoy cobran lo que pagan los trabajadores de hoy (sistema de reparto), parece evidente que en algún momento, no habrá dinero suficiente para pagar las pensiones. De allí la asociación entre un esquema Ponzi (fraude donde las aportaciones de nuevos inversores pagan los intereses de los anteriores) y el sistema de pensiones actual.
Pero el razonamiento anterior es muy simplista pues no toma en cuenta el incremento de la productividad derivada de los desarrollos tecnológicos, que permite producir mucho más riqueza con las mismas personas y lo que hace sostenible el sistema es que cada vez la economía sea más eficiente.
Como ejemplo simple: imaginemos un mundo donde solo se producen manzanas para comerlas. Supongamos que para vivir hay que comerse 5 manzanas al día. Hace unos años, 3 trabajadores eran capaces de producir un total de 20 manzanas. Cada uno se quedaba 5, las 5 sobrantes iban a dar de comer al jubilado. Si hoy esos 3 trabajadores son capaces de producir 40 manzanas al día (gracias a la productividad), entonces cada trabajador puede comerse 8 manzanas diarias y quedarán 8 también para los 2 jubilados.
Es decir, los jubilados de hoy (que eran los trabajadores de ayer) en su tiempo “solo” aportaron 5 manzanas al día, y hoy reciben 8 porque los beneficios de la productividad se reparten entre todos.
En cualquier caso lo que no podemos olvidar que el sistema de pensiones español es en realidad un pacto intergeneracional por el cual los trabajadores pagan las pensiones de los mayores a partir de sus cotizaciones sociales sabiendo que en el futuro los jóvenes les pagarán a ellos sus jubilaciones y el sistema funciona muy bien si hay más trabajadores que jubilados.
Pero lo cierto es que en toda Europa estamos viviendo nuestro invierno demográfico:
1.- De todas las personas que han llegado a los 65 años en la historia de la humanidad, dos terceras partes están vivas ahora.
2.- Cuando se ideó el sistema de pensiones actual el 35% de la población superaba los 65 años. Hoy, el 35% supera los 89 años.
3.- Una mujer española tiene 1,27 hijos, cifra muy alejada del 2,1 establecido como referencia de reposición de la población.
Y todo ello sin nombrar al conjunto de personas que no va a tener una jubilación por estar fuera del mercado laboral y que se tendrá que conformar con una pensión no contributiva asistencial. Por desgracia, los técnicos solo nombran la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, ¿dónde está la sostenibilidad de las personas?
LAS PENSIONES ESPAÑOLES SON SOSTENIBLES Y NO SON UN ESQUEMA DE PONZI
Únicamente si compartimos el discurso oficial sobre el sistema de Seguridad Social, que es considerado como una suerte de seguro o de inversión para la vejez, ambas afirmaciones (dudar de la sostenibilidad y considerar que es un esquema piramidal tipo Ponzi) pueden tener sentido.
La realidad es que nuestro sistema debe ser considerado como un impuesto al trabajo (con un tenue vínculo con la prestación cobrada posteriormente, cada vez más tenue por cierto) puro y duro. Y como tal impuesto no tiene más problema de persistencia que la coyuntura económica de la base fiscal que lo sustenta, esto es, la riqueza de los contribuyentes españoles.
Los sistemas de previsión social de reparto fueron concebidos como una ingeniosa forma de recaudar tributos sin generar gran oposición social. Coloquen ustedes a millones de trabajadores a cotizar y pongan a muy pocos perceptores a percibir y tendrán un impresionante superávit fiscal. Al principio eran tan pocos los perceptores (la edad de retiro era como hoy de 65 años, pero la esperanza de vida al comienzo de estos sistemas se situaba entre 45 y 50 años). Ida Mae Fuller, por ejemplo, la primera pensionista de la seguridad social norteamericana, cotizó por valor de 22 dólares y recibió prestaciones por valor de 22.000.
El truco consiste en no considerar las cotizaciones como un impuesto, sino una forma de seguro, de ahí que todos los sistemas estatales de previsión usen la retórica del seguro en su propaganda, pues la resistencia de las personas a pagar un seguro es mucho menor que a pagar un impuesto a fondo perdido.
Que no es un seguro quedó en su momento demostrado en el famoso pleito de los amish. Las creencias de los amish les permiten pagar impuestos pero no asegurarse y, por lo tanto, se negaron a cotizar a la Seguridad Social, pues se les vendía como un seguro. Fueron, por tanto a juicio, en el que se demostró que la Seguridad Social era en definitiva un impuesto y aceptaron integrarse en ella.
Tampoco ayuda a considerarlo un seguro o una inversión el hecho de que la prestación asociada al pago esté condicionada, pero los responsables de la Seguridad Social pueden cambiar a voluntad las condiciones de acceso a los beneficios (prestaciones) e, incluso, negarla en determinados casos: si se trata de realizar trabajos remunerados, volver a casarse, no cumplir un mínimo de años o cualquier otra condición que tengan a bien imponer. Esto implica que la prestación no es algo a lo que tengamos derecho, sino que los administradores públicos son quienes deciden cuándo y cómo podemos percibirla. Y nada impide que las condiciones sean cambiadas las veces que haga falta, incluso cuando ya hemos comenzado a ingresar la prestación (preguntémosle a los pensionistas griegos o portugueses).
Los ingresos recaudados por el sistema de Seguridad Social no se guardan en ninguna parte, de la misma manera que ocurre con cualquier otro impuesto, se ingresan como una partida más en Los Presupuestos Generales del Estado y son gastados de forma indistinta de las demás partidas. La única diferencia es que a efectos contables figuran de tal forma que aparentan ser una entidad aparte autofinanciada, cuando en realidad no lo son. De hecho, cuando la autodenominada Seguridad Social incurre en déficit, como en los últimos años, la diferencia es cubierta con otras partidas presupuestarias o con la emisión de deuda pública, como cualquier otro ministerio o agencia pública.
De la misma forma que asumimos que los gastos en sanidad, enseñanza o justicia no se cubren con los ingresos que generan esos servicios (las matrículas o tasas judiciales no sostienen los servicios que se prestan) deberíamos hacer lo mismo con las pensiones públicas. Si lo recaudado no llega, se recurre a otras fuentes o simplemente se recorta la prestación.
En ninguna parte está escrito que tengamos derecho a una determinada cuantía de pensión. Nada impide que se hagan las reformas que los gobernantes que democráticamente nos dimos decidan, pues la determinación última de las pensiones solo les corresponde a estos últimos.
Por otra parte, el sistema de pensiones español también es injustamente acusado de parecerse a un sistema piramidal del tipo Ponzi o Madoff. Nada más equivocado. Ni Ponzi, ni Madoff, tenían la capacidad de obligar a nadie a formar parte de sus bancas piramidales. Los sistemas de pensiones de reparto no son de Ponzi porque no existe una promesa de rentabilidad ni un plazo y porque la población afectada por el sistema no sólo no puede salirse de él sino que puede ser obligada a incrementar su cotización a voluntad del gestor del sistema.
En definitiva, el sistema de pensiones de reparto es el impuesto perfecto. Primero, porque no es percibido como tal por buena parte de la ciudadanía, sino que es visto como un sistema de inversión o ahorro a largo plazo según el cual el dinero está bien custodiado a la espera de nuestro retiro. Además, y esto es si cabe lo más relevante, la Seguridad Social se ha convertido en una de las principales instituciones legitimadoras del poder estatal y representa la cara más amable del Estado, pues se preocupa por los más desfavorecidos de nuestra sociedad y, sobre todo, nos ata a él.
Millones de personas en nuestro país no sólo dependen vitalmente de las rentas que el Estado decide darles sino que consigue que otros tantos millones estén interesados en que éste siga recaudando impuestos para que nuestras pensiones puedan también ser satisfechas. Las pensiones forman, junto a la escuela y los medios de comunicación, la parte esencial del aparato legitimador de los Estados modernos
