Las cuentas de la Seguridad Social presentan este saldo negativo, a 31 de diciembre de 2020. La cifra es la diferencia entre unos derechos reconocidos (ingresos) por operaciones no financieras de 164.000 millones, que registran un incremento del 12%, y unas obligaciones reconocidas (gastos) de 185.000 millones, que crecen en un 11% interanual.
Del volumen total ingresos, el 89,5% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 10,5 restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones (gastos), el 89% ha sido reconocido por las entidades gestoras y servicios comunes y el 11% por las mutuas.
Ingresos no financieros
Las cotizaciones sociales han ascendido a 120.000 millones, lo que supone una disminución del 3,5% respecto a los ingresos del ejercicio 2019. Este comportamiento viene motivado por el descenso en la cotización de ocupados en 6.700 millones mientras que la cotización de desempleados se eleva en 2.400 millones. El descenso en los ingresos por cotizaciones tiene su origen en las exoneraciones de las cuotas de los trabajadores de empresas acogidas a ERTEs o por impedimento/limitación de actividad lo cual ha supuesto menores ingresos por importe de 4.300 millones. Las exoneraciones de las cuotas de los autónomos perceptores de las prestaciones extraordinarias han supuesto una reducción de ingresos por un importe de 2.200 millones.
Las transferencias corrientes ascienden a 43.000 millones, lo que representa un incremento del 121% interanual. Este incremento se debe, fundamentalmente, a las transferencias que el Estado ha concedido para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19
Gastos no financieros
Las prestaciones económicas alcanzaron 164.000 millones (un 8% superior a 2019). Esta cifra representa un 92% del gasto total realizado en el sistema de la SS. La mayor partida, 152.000 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 8% (11.500 millones más).
Las pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 3% hasta los 132.000 millones. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (0,08%) y en la elevación de la pensión media (2,2%). Las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 3.000 millones, con un incremento interanual del 14%, debido esencialmente al aumento del permiso del segundo progenitor de 8 a 12 semanas.
El gasto total en incapacidad temporal es de 12.000 millones (un aumento del 25%). El gasto de incapacidad temporal por procesos derivados del COVID-19 alcanza los 1.100 millones.
Las prestaciones extraordinarias para autónomos cuyo gasto acumulado hasta 31 de diciembre, ascienden a 5.000 millones.
Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 12.000 millones de euros. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 9.400 millones, y a subsidios y otras prestaciones 2.400 millones, de los cuales 2.200 millones corresponden a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital.
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OJO: La SS no está (ni puede estar nunca) en quiebra, pues las “cuentas” de la SS son simplemente un artificio contable del Estado.
Lo de la quiebra de la SS es pura demagogia, no hay que meter miedo a los pensionistas, lo que hay que hacer es pensar en cómo equilibrar su permanente déficit por los menores ingresos de las cotizaciones (paro estructural) y el aumento de las prestaciones vinculadas al incremento de la longevidad.
Si la Seguridad Social fuese una empresa privada si podría considerarse que está quiebra técnica, porque lleva desde 2010 con déficit anuales muy elevado. Pero como cuenta con el «aval» del Estado, esa quiebra es simplemente imposible.
Es preciso recurrir a nuevas fuentes de financiación vía impuestos o aumentar la deuda del propio Estado, lo que repercutirá a su vez en la financiación de otros servicios “deficitarios económicamente” (educación, sanidad, justicia, orden público,…) Es necesario hacer una reforma integral del sistema y no basta con las contradictorias y tímidas recomendaciones del Pacto de Toledo