A lo largo del último siglo los sistemas de pensiones se han diseñado de acuerdo a dos modelos y ambos llegan (¡o al menos, así lo pretenden!) al mismo estado de bienestar a través de diferentes mecanismos.
EL MODELO BISMARCK
Este sistema de reparto contributivo tiene su origen en Alemania, a principios del siglo XX. Es un sistema de reparto lo que significa que su financiación procede de las cotizaciones de los trabajadores actuales. No obstante, la pensión de la persona jubilada se calcula teniendo en cuenta sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral (de ahí lo de contributivo).
Este esquema descansa en que las cotizaciones deben ser elevadas, ya que su objetivo es generar una renta de reemplazo durante la jubilación equivalente al salario. Por ello, los trabajadores asumen que su pensión será suficiente para cubrir sus necesidades vitales y, por tanto, no necesitan ahorrar para este fin.
Para que se cumpla esta premisa se requiere de un pacto intergeneracional, pues la generosidad de la pensión depende de la recaudación obtenida con las cotizaciones de los trabajadores del momento. Este esquema de pensiones es especialmente sensible a la demografía, ya que son los trabajadores en activo los que soportan el pago de las mismas. Si la ratio población jubilada/población trabajadora crece se produce un desequilibrio que puede llevar al colapso del sistema.
EL MODELO BEVERIDGE
Este modelo fue introducido en Reino Unido a mediados del siglo XX para luchar contra la pobreza en la etapa de la vejez. También es un sistema de reparto pero, a diferencia del anterior, la pensión no es contributiva sino asistencial. De este modo, se garantiza un nivel de subsistencia igual para todos los ciudadanos, independientemente de su contribución.
En este caso, la cuantía de las pensiones es más bajo, por lo que las cotizaciones son menores y el pacto intergeneracional es de menor intensidad. En cambio, se necesita de un pacto intrageneracional de mayor magnitud, pues los individuos de la misma generación obtienen la misma pensión, independientemente de lo cotizado.
Con el modelo Beveridge, el Estado limita su función a evitar la pobreza e incentivar el ahorro, y es el trabajador quien debe asumir la responsabilidad de provisionar sus necesidades futuras. Bajo esta modalidad, los trabajadores tienen mayor propensión al ahorro al anticipar pensiones inferiores y disponer de incentivos al mismo, fiscales o de otro tipo.
Este esquema es menos sensible a la demografía al necesitar recaudar menos. Eso sí, está condicionado al ahorro que los ciudadanos van capitalizando a lo largo de la vida, que es el mecanismo que garantiza el bienestar de los mayores, más allá de la pura subsistencia.
Hoy en día ningún país tiene un esquema de pensiones puramente Bismarck o Beveridge, la mayoría son modelos híbridos. Algunos sesgados hacía sistemas de reparto contributivo (España, Alemania, Italia, Portugal, Francia, Austria, etc.) pero moderados con topes mínimos y máximos en las pensiones y las cotizaciones.
Otros, responden al esquema Beveridge de reparto asistencial (Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Dinamarca, etc.) complementado con ahorro individual, incentivado fiscalmente o mediante otros mecanismos (por ejemplo suscripción automática a fondos de inversión, con opción de cancelación).
Las cotizaciones del modelo Bismarck suponen un 10/12 % del PIB; las del Beveridge, un 5/6 %.Por contra, el ahorro privado de los países con modelos Bismarck es del 1/2 % del PIB, frente al 6 % alcanzado en aquellos con modelos Beveridge.
EL MODELO DE PENSIONES ESPAÑOL Y SU INEVITABLE REFORMA
Las pensiones españolas siguen un modelo Bismarck bastante puro, en el que tanto las pensiones como las cotizaciones máximas están topadas, por lo que el pacto intrageneracional es moderado, siendo el intergeneracional muy intenso.
Cuando hablamos de pensiones se pierde la perspectiva de lo que suponen para el Estado y nos mareamos con los números de decenas de miles de millones mensuales. En 2007, último año de superávit, los ingresos del Estado fueron de 336.000 millones de euros y los gastos 324.000 millones. De dichos gastos, 96.500 millones fueron gasto en pensiones contributivas (un 30%) en las que se incluyen las pensiones de jubilación, las de incapacidad permanente, y las de viudedad/orfandad/ayuda familiares. Los ingresos por cotizaciones fueron de 145.000 millones que además de las pensiones deben atender a otras prestaciones sociales: incapacidades temporales, maternidad/paternidad, …
En 2022, con los datos presupuestados, los ingresos serán de 361.000 millones y los gastos de 426.000 millones. El gasto en pensiones contributivas será 143.000 millones (un 36% de los gastos) y los ingresos por cotizaciones serán de 168.000 millones
El gasto en pensiones está creciendo y es el principal responsable del déficit del Estado y que ha disparado la deuda del Estado en las dos últimas décadas. Es preciso además tener en cuenta que además la Seguridad Social debe al Estado 100.000 millones de euros por préstamos, ya que las cotizaciones llevan tiempo sin cubrir el gasto que deben sufragar.
En 2022 el gasto en pensiones contributivas, como hemos dicho, serán 143.000 millones de euros (es decir, 12.000 millones de euros al mes). El gasto anual en defensa será en 2022 de menos de 10.000 millones de euros, es decir, menos de un mes de pensiones contributivas. En infraestructuras se gastarán unos 10.000 millones. Las “transferencias a otras administraciones públicas” que totaliza 70.700 millones básicamente va para Educación y Sanidad, competencias de las CCAA, y la mayor parte de este gasto es en personal.
Lo que es más grave de este aumento es que se acelera. En 2021 el gasto en pensiones contributivas fue de 136.000 millones y en 2022 aumenta en 8.000 millones de euros (prácticamente el presupuesto de defensa). Todo esto por la subida de las pensiones y el aumento de los pensionistas además con pensiones cada vez más altas. Y todavía no ha llegado la jubilación del baby boom.
Por tanto, podemos concluir que el gasto en pensiones es un “monstruo” que devora todo. No es solo que sea la partida más importante, es que no para de crecer y el ritmo al que aumentan los ingresos es menor. En cambio, el resto de partidas se mantienen estables, a menudo con infradotaciones.
Está claro que priorizar el gasto en pensiones tiene consecuencias. Una de ellas es desatender a las necesidades sanitarias o de educación de los más jóvenes (¿pacto intergeneracional?). ¡Y el problema va creciendo con el tiempo!
La tasa de reemplazo (neta de impuestos) es superior a la media de la OCDE (62 %). Las pensiones españolas equivalen al 80 % del salario medio, un nivel muy superior al de Alemania (53 %); pero inferior al de Portugal (90 %) o Austria (87 %), y más similar al de Francia (74 %) o Italia (82 %). Todos estos países se inclinan hacia el esquema Bismarck.
La disyuntiva reside en elegir entre el mantenimiento del actual esquema Bismarck, alargando la edad de jubilación y elevando las cotizaciones para hacerlo sostenible, o el tránsito progresivo hacia un modelo Beveridge, que fomente el ahorro personal y reduzca la dependencia del factor demográfico.
Lamentablemente la cuestión de las pensiones de jubilación está demasiada contaminada por ideologías políticas (¡mejor dicho: estrategias de acceso y mantenimiento del poder político!) lo que corrompe las necesarias adaptaciones y reformas de nuestro sistema público de pensiones. Como siempre, para intentar resolver una cuestión llena de aristas y con muchas facetas, tanto económicas como sociales, será preciso hacer un alarde de responsabilidad y adoptar varias medidas complementarias enfocadas a un objetivo común. Entre ellas, podríamos resumir:
Aumentar los ingresos (las cotizaciones)
Cerca del 50 % del empleo es generado por pymes de menos de 50 empleados. Estamos, pues, ante un sistema productivo frágil y muy sensible al coste de las cotizaciones sociales. Por eso es arriesgado subir las cotizaciones en un país con un paro estructural tan elevado como el de España, además de que su potencial impacto negativo en el empleo, lo perjudicaría en la recaudación por cotizaciones e incrementaría el gasto en prestaciones por desempleo.
Una alternativa con un bajo impacto en el empleo y en las pymes sería destopar las bases máximas de cotización sin aumentar las prestaciones en la misma cuantía. Esta opción, que tendría que ser asumida por las empresas de más tamaño y los trabajadores con mayores salarios, exige una mayor generosidad intrageneracional. La denominada reforma silenciosa que se ha realizado a lo largo de los últimos años, elevando progresivamente la base máxima de cotización sin subir en igual cuantía la pensión, ha ido en esta dirección..
Financiar las pensiones con impuestos no parece lo adecuado si se quiere mantener un esquema parcialmente contributivo: toda la población estaría contribuyendo a sostener las pensiones mientras que solo aquellos que hubiesen cotizado en el mercado laboral tendrían derecho a cobrarlas. Sí tiene sentido, en cambio, financiar con impuestos las pensiones no contributivas o asistenciales (aquellas que se reciben sin haber cotizado). Esta alternativa no elimina el déficit sino que lo traslada del ámbito de la Seguridad Social al del Estado.
Contener los gastos: retrasar la edad de jubilación y también reducir su cuantía
Considerando el aumento de la longevidad parecería razonable alargar la edad de jubilación para reducir el periodo en el que es necesario financiar las pensiones. La limitación en este sentido se centra en el concepto esperanza de vida en buena salud, que no ha evolucionado tan positivamente, situándose actualmente en los 68 años de media (INE). A medida que se avanza en edad aumentan las diferencias en el estado de salud de las personas. Mientras algunas mantienen gran vitalidad otras ven mermadas sus facultades físicas o mentales. En la UE-28 el 50 % de las personas mayores de 65 años consideran que tienen buena salud, el otro 50 %, no.
Por otra parte, elevar la edad de jubilación podría frenar la renovación de plantillas, dándose el absurdo, en un país con un alto nivel de paro juvenil, de tener una población joven desempleada a la vez que una población trabajadora de edad avanzada y salud más frágil. Lo ahorrado en pensiones se igualaría con lo gastado en subsidios de desempleo y rentas de inserción.
Aplicar un factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la mayor esperanza de vida y la evolución demográfica parece una forma justa de repartir el coste de las pensiones entre la generación que las va a disfrutar (y que ha aportado menos de lo que va a obtener) y la generación que las va a financiar. Las pensiones españolas son elevadas con relación a los salarios disfrutados por lo que hay margen en este sentido. Eso sí, debe incentivarse el ahorro personal para compensar el recorte en la pensión e implementar progresivamente los ajustes, dando tiempo a los afectados de adaptarse.
Reforma del mercado laboral y el ahorro
En este contexto, un sistema de pensiones sostenible requiere de una reforma del mercado laboral que introduzca flexibilidad pero no precariedad. Es necesario fomentar el empleo a tiempo parcial voluntario para facilitar la salida progresiva de los trabajadores hacia la jubilación. Un país que ha seguido esta dirección es Holanda, que disfruta de una tasa de empleo del 74 % (59 % en España) gracias a que alrededor del 40 % de los trabajadores (15 % en España) son empleados a tiempo parcial, la gran mayoría (75 %) de forma voluntaria.
El ahorro a través de planes de pensiones (de empleo y privados) u otros instrumentos financieros será determinante para mantener el estado de bienestar para los futuros jubilados. Se deben diseñar con urgencia mecanismos que incentiven el ahorro (deducciones fiscales, contribuciones paralelas de las empresas o el Estado, suscripción automática a planes de ahorro…).