El Consejo de Ministros aprobará este martes 25 de Enero el Real Decreto por el que las pensiones contributivas suben para este año un 2,5% y las mínimas y no contributivas, un 3%, tal y como establecen los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y en el denominado “primer bloque” de la reforma Escrivá de las pensiones, en vigor desde el pasado 1 de enero. En concreto, este incremento del 2,5% es el resultado de la media del IPC entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Las pensiones de clases pasivas también suben este año un 2,5%.
La realidad es que los pensionistas terminaron 2021 y han empezado 2022 sufriendo una fuerte pérdida de poder adquisitivo debido a la imparable subida de los precios de consumo, que no van a poder compensar con la revalorización de sus pensiones.
Y es que, frente a la subida del 2,5% de IPC medio anual que va a realizar el Gobierno (como lo establece la Ley de reforma de las pensiones, en vigor desde el 1 de enero), la realidad constatable es que, en términos de comparación interanual, la cesta de la compra es un 6,5% más cara en el mes de diciembre (último dato disponible) de lo que era en diciembre de 2020, tal como certifica el Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, 2021 ha acabado con una escalada de precios inédita desde el año 1992.
Esto significa que el incremento de las pensiones contributivas se queda muy corto para cubrir el encarecimiento real que ha experimentado ya el coste de la vida, y que es de prever que siga siendo muy elevado al menos toda la primera mitad de 2022. Más en detalle, teniendo en cuenta el dato de inflación de diciembre (el citado 6,5% interanual), y pese a la revalorización legal de las pagas que se ratifica este martes, los pensionistas contributivos pierden un 4% de poder de compra en estos momentos.
Así lo vienen denunciando varios movimientos y plataformas de pensionistas, que llevan meses reclamando al Gobierno la revalorización en función del IPC real, y no en base a la media de la evolución de los precios de todo el año (en puridad desde diciembre del año previo al anterior hasta noviembre del año anterior)
Quienes más están notando ya la severa pérdida adquisitiva son los 2,24 millones de perceptores de pensión mínima y los más de 445.000 que reciben una pensión no contributiva, ya que el aumento oficial de sus nóminas, del 3%, se queda igualmente corto para compensar la inflación, y estos dos colectivos cobran unas pensiones especialmente bajas, en muchos casos, rozando lo vergonzoso,
Para las pensiones contributivas (más de 9,9 millones en diciembre), el aumento del 2,5% supone que, por ejemplo, quienes ganen 1.000 euros verán su nómina subir 25 euros mensuales, o lo que es lo mismo, en torno a 350 euros más anuales (las prestaciones contributivas se perciben en 14 pagas al año).
Por su parte, la pensión máxima de jubilación se sitúa desde el 1 de enero en 2.819,19 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 2.750,42 euros al mes de 2021.
Tras el aumento del 3% de las pensiones contributivas mínimas el importe de la paga mínima para los jubilados de 65 años con cónyuge a cargo queda en 890,5 euros al mes en 14 pagas (frente a los 851 euros al mes en 2021); la de sin cónyuge (unidad económica unipersonal) en 721,7 euros (689,7 euros anteriormente), y la de con cónyuge no a cargo en 685 euros mensuales (frente a los 654,6 euros de 2021)
El crecimiento de los precios de consumo va a empeorar en los próximos meses, según alerta el Banco de España en su último Informe Trimestral de la Economía Española., que prevé que las tasas medias anuales de inflación se acelerarán desde el 3% que se registró en 2021 hasta el 3,7% en 2022. . Según advierte la autoridad monetaria, «este factor continuará comprimiendo las rentas de los agentes y, con ello, su capacidad de gasto».
Asimismo, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro Luis de Guindos, reconocía hace unos días que la inflación en Europa «será más alta durante más tiempo, pero acabará bajando», advirtiendo asimismo de que hay que «evitar efectos de segunda ronda» vinculados a salarios y pensiones, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución de los precios de la energía.
