El 1 de mayo devuelve la triste imagen de CC.OO. y UGT, convertidos en simples apéndices del Gobierno a cambio de enormes subvenciones
Llega el 1 de mayo con la sangrante paradoja de que, ante un fenómeno de desempleo extremo, de cierres empresariales en masa, los sindicatos sólo se movilizan para intentar proteger al Gobierno, responsable de esos estragos anteriores sociales, pero el propio Gobierno alardea como “Paz Social” (comprada, eso sí)
UGT y CC.OO. dejaron de representar hace tiempo a los empleados para convertirse en meros altavoces del poder político, al que ayudan a sostener un espejismo de prosperidad inexistente o a señalar a falsos culpables de los estropicios generados por su inepcia.
El sindicalismo “de clase” no se ha reciclado y sigue instalado en un modelo clientelar, sectario e inútil cuya única misión es dar cobertura a la izquierda más ramplona o negociar acuerdos y convenios colectivos a costa del erario en la Administración Pública (por no hablar de la gestión de los EREs, andaluces o no). Quizá por eso nadie les cree, más allá de los que viven del negocio sindical.
En España hay 4.5 millones de demandantes de empleo, lo que dispara la cifra del paro, que es la peor de Europa incluso con el impúdico maquillaje estadístico de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, responsables directos de una manipulación estadística obscena que pretende ocultar la dura realidad con artificios contables indignos.
En la misma línea, la realidad empresarial se resume en el cierre de 26.000 sociedades en 2022; en el incremento desbocado de las cotizaciones; en la pérdida galopante de poder adquisitivo de los salarios por la inflación y las subidas fiscales o en la inaceptable brecha salarial entre los empleados públicos y los privados, disparada en un 89 % desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.
Que, ante ese tétrico panorama, completado por una deuda pública desatada y una voracidad recaudatoria del Estado cercana a la confiscación, los sindicatos se dediquen a hacer de tapadera de Sánchez, lo dice todo de su decrepitud y de su transformación en un vulgar negocio político para las élites que los dirigen.
Porque no lo hace solo por sectarismo ideológico: también por dinero y subvenciones, que han batido récord de «generosidad» interesada con este Gobierno, dispuesto a todo con tal de garantizarse la lealtad remunerada de unas organizaciones desacreditadas, más pendientes de sus ingresos que de ayudar a los trabajadores y, no digamos, a los parados.
Según los datos del portal de subvenciones de Hacienda, lo cierto es que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han concedido 215 millones en subvenciones directas a los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) durante los últimos tres años y cuatro meses.
Como ejemplo, el año pasado, el Gobierno decidió aumentar la cuantía de las subvenciones del Estado directas de casi 14 millones (que ése fue su montante en 2021) a 17 millones, en plena escalada inflacionista y este año, doblemente electoral (en mayo y diciembre), Sánchez y Díaz han optado por mantener esa subida, pese a que sigue la escalada inflacionista, fundamentalmente por el precio de los alimentos. Dado que el reparto de esos 17 millones se realiza en «proporción a su representatividad», año tras año UGT y CCOO se llevan en torno al 70 % de la tarta, más de dos terceras partes.
