SEPTIEMBRE: ÚLTIMA FASE DE LA REFORMA ESCRIVÁ DE LAS PENSIONES

El Gobierno afronta el último bloque de cambios, que debe estar aprobado este año, y que ha generado algunas dudas en Bruselas

 

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se encuentra con un gran problema encima de la mesa. Por un lado, tiene que cumplir en este otoño con los hitos comprometidos con la Comisión Europea para desembolsar los próximos tramos de fondos europeos, pero por otro lado, tendrá que medir lo que hace, porque sus socios parlamentarios no van a permitir que se haga ningún recorte, entre otras cosas porque recortar pensiones significa perder votos.

 

Por otro lado la tasa de dependencia de las pensiones (número de contribuyentes por cada pensionista), que es el indicador clave para medir la sostenibilidad de las pensiones, es muy baja en la mayoría de las provincias, y debería haber al menos dos contribuyentes por cada pensionista. Solo lo cumple un tercio de las provincias, y eso que hemos llegado al récord histórico de 20,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. En 34 provincias la tasa de dependencia de las pensiones ha caído por debajo del nivel necesario, y en Orense incluso hay más pensionistas que cotizantes.

 

Con estos datos no es de extrañar que la deuda de la Seguridad Social siga disparándose, y alcance ya la cifra astronómica de casi 100.000 millones de euros (99.185). El año en el que Sánchez llegó al poder, 2018, se situaba en 41.194 millones (menos de la mitad). El gasto en pensiones alcanzó en agosto el récord de 10.857 millones de euros. En total en 2022 el Estado español abonará en pensiones 170.494 millones de euros, y la previsión para 2023 es de 185.000 millones.

 

Además, pese al incremento desbocado de la inflación, el ministro ha confirmado que las pensiones se incrementarán de acuerdo con el aumento medio anual del IPC. Es una buena noticia para los nueve millones de pensionistas que hay en España, que a final de 2021 recibían una pensión media de unos 1.200 euros; pero habrá que ver si la Comisión Europea considera que es una medida acorde con la sostenibilidad del sistema. Si la media de aumento de la inflación es del 7,8 % este año, la AIReF calcula que el aumento del gasto para el Estado será de 15.000 millones: una cantidad más que sumar al agujero.

 

El progresivo envejecimiento de la población, el bajo índice de natalidad, los bajos salarios (y cotizaciones) son algunos de los factores que nublan las perspectivas de la sostenibilidad de las pensiones para los próximos años. Y si siguen incrementándose el gasto y la deuda del sistema, como puede pasar con las medidas de Escrivá, la cifra puede ser impagable para las próximas generaciones.

La reforma de pensiones del Gobierno de coalición afronta su última fase. El Ejecutivo presentó sus grandes cambios y los incluyó dentro del Plan de Recuperación de Bruselas por la pandemia que se han ido aprobando poco a poco desde 2020. Ahora comienza el debate de las últimas modificaciones, con la previsión de que el Ministerio de la Seguridad Social presente sus propuestas a comienzos de septiembre a los sindicatos y las patronales.

 

Quedan tres puntos fundamentales pendientes que han generado en el pasado tensiones en la coalición de gobierno: el periodo de años para calcular la pensión, lo que cotizan los sueldos más altos y despejar las dudas de Bruselas sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Por el momento, y sin haberse concretado todavía su letra pequeña, ya han generado varias tensiones dentro del Ejecutivo y también con los agentes sociales.

 

AÑOS PARA CALCULAR LA PENSIÓN

La Seguridad Social tiene en cuenta los últimos 25 años de la carrera laboral de un ciudadano para el cálculo de la cuantía de las pensiones de jubilación. En los documentos enviados a Bruselas esta reforma se encuadra dentro de la adecuación a las “nuevas carreras” laborales, menos continuas y en las que los últimos años no son necesariamente los mejores, y se recoge expresamente una ampliación de estos años. En el plan de recuperación se plantea que esta extensión se pueda combinar con la posibilidad de elegir los mejores años o bien con una mejor integración de las lagunas de cotización.

 

Las sucesivas reformas del sistema de pensiones han ido extendiendo el número de años cotizados para calcular la base reguladora. Las ampliaciones se han realizado de forma gradual:

-De 2 a 8 años en 1985.

-De 8 a 15 años en 1997.

-De 15 a 25 años en 2011, de forma gradual hasta 2022 a razón de un año desde 2013.

 

Las universidades de València y Extremadura analizaron en el 2021 qué ocurriría si se ampliase a 35 años del cálculo de la base reguladora, y también cómo influiría elegir los mejores 25 años. Los resultados varían entre un aumento del 6,5% de la pensión media si se excluyen los peores ejercicios y un recorte del 8,8% si se computan íntegramente los 35 años.

 

En el caso de seleccionar los mejores 25 años, las bases más bajas serían las más beneficiadas, con un aumento de casi el 13% de la pensión, mientras que las más altas se quedan con un incremento del 4%. Ganan también las carreras cortas (8%) frente a las largas (5,5%).

 

Ante los temores y críticas por una posible extensión de este periodo, que llegó a enfrentar a las dos almas del Ejecutivo por una propuesta para situarlo en 35 años que no triunfó, el ministro José Luis Escrivá ha señalado que aún hay “varias combinaciones” posibles, como la ampliación del periodo de la mano de la posibilidad de exceptuar los peores años. El ministro, en sus declaraciones, ha ceñido siempre la reforma a esas “nuevas carreras de cotización”, que ha cifrado en el 30% de trabajadores.

 

Así, está por ver cuál es la propuesta del Gobierno sobre este periodo de años para calcular la pensión y si se aplicaría a todo el mundo o solo a un colectivo concreto de trabajadores, y quiénes serían. Los sindicatos han advertido de sus recelos, ya que una ampliación de este periodo –sin peros como la posibilidad de exceptuar ciertos años– llevaría a una reducción en la pensión media de manera general, que beneficiaría a algunos colectivos (parados de avanzada edad) mientras que perjudicaría a otros (mujeres), según sus cálculos.

 

DESTOPE DE LAS BASES MÁXIMAS DE COTIZACIÓN

Los sueldos más altos se suele decir que están “topados”, es decir, que solo cotizan hasta cierta cantidad. En 2022, hasta los 4.139,40 euros mensuales. Por encima de esa cifra, los salarios no cotizan a la Seguridad Social con la lógica de que el sistema de pensiones también pone un tope a la pensión máxima que recibirán estas personas en un futuro. Esta modificación afectará a aproximadamente millón y medio de trabajadores y se negocia que se aplique de forma gradual durante los próximos 25 o 30 años.

 

Ahora, el Gobierno afronta un debate para aumentar estas bases máximas, lo que cotizan los mayores salarios. La discusión aquí es compleja, porque para preservar la contributividad del sistema (aporto más, recibo más) esta modificación también debería suponer un aumento de la pensión máxima. La clave es cuánto. Porque el sistema de pensiones es contributivo, pero también solidario. Los que más tienen aportan más a las arcas de la Seguridad Social y garantizan un mínimo de pensiones y otras prestaciones a los que menos tienen y, por tanto, menos han podido contribuir al sistema.

 

En Unidas Podemos insisten en la necesidad de “destopar” los sueldos más altos para que coticen mucho más a la Seguridad Social, pero sin abordar qué debería pasar con las pensiones máximas. En los sindicatos CCOO y UGT, que representan a trabajadores con salarios bajos, pero también con sueldos elevados, hay más matices con este tema: por un lado, una defensa de que quien más tenga, más aporte a lo público para alcanzar un sistema más solidario; pero también con una reclamación de que no se rompa la contributividad del sistema y que las pensiones máximas suban.

 

Por otro lado, las patronales son las más reacias a este punto, pues las empresas con trabajadores con una retribución por encima de los 45.000 euros, por ejemplo 60.000, verían como el coste laboral de esos trabajadores aumentaría automáticamente un 10 por ciento. Al mismo tiempo, conllevaría una disminución del salario neto de los afiliados por la parte de cotización a la Seguridad Social que les corresponde.

 

EL MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (MEI)

En último lugar, habrá que ver qué sucede con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el único elemento de la reforma de pensiones del que se descolgaron los empresarios y que genera dudas en Bruselas. El Gobierno lo aprobó para sustituir al factor de sostenibilidad aprobado por el PP en su reforma de 2013, que después tuvo que aplazar ante la falta de consenso y que reducía las pensiones futuras. Se trata, en definitiva, en incrementar un 0,6% las cuotas a las SS (el 0,5% a costa del empresario y el 0,1% a cargo directo del trabajador) para incrementar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS), hoy casi extinguido, y hacer frente a las inminentes jubilaciones de los babyboomers

 

El MEI es una herramienta de despliegue gradual, que refuerza los ingresos del sistema de manera temporal con una cotización a la espera de cómo estén las cuentas de la Seguridad Social en unos años y la evaluación sobre si hay que tomar más medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Es lo que el ministro Escrivá denomina un mecanismo “semiautomático”, pero que ha reconocido que no convence del todo a la Comisión Europea, lo que podría generar algún cambio.

 

Bruselas reclama una regla más automática, ha explicado Escrivá, y duda de las cuentas del Ejecutivo español a la hora de calcular su repercusión. En este último tramo del año, el Gobierno deberá presentar las dos últimas piezas de la reforma y justificar sus datos sobre el MEI, claves para que la Comisión Europea autorice el cuarto tramo de fondos por la pandemia.

 

OTRAS CUESTIONES PENDIENTES

 

Pero además Escrivá tiene otros dos polémicos deberes pendientes, que le vienen impuestos por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de reforma de las pensiones, vigente desde el pasado 1 de enero de 2022: la realización de una auditoría de la Seguridad Social desde el año 1967 y la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, y la Ley fija plazos máximos de ejecución que en los ambos casos ya ha expirado.

 

Auditoría de la Seguridad Social

La Ley vigente establece, en su Disposición adicional sexta, que el Gobierno realizará un Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, y establece que :

en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social“.

 

Es decir, según la Ley vigente desde el pasado 1 de enero, el plazo para finalizar el informe de auditoría habría expirado en julio pasado.

 

La Agencia Estatal de la Seguridad Social

Al igual que sucede con la auditoría, la Ley de reforma de las pensiones también obliga al Gobierno a crear la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social. Así lo contempla la Disposición final tercera:

En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará un proyecto de ley para dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, relativa a la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, garantizando la simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia del sistema de Seguridad Social, y preservando los principios de solidaridad, igualdad en el trato y equidad entre generaciones que informan dicho sistema. Todo ello con el objeto de asegurar el actual nivel de prestaciones públicas del régimen de reparto en el que se fundamenta nuestra Seguridad Social medido por su tasa de reemplazo”.

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