El freno del empleo en julio y agosto ha accionado las alarmas aún más si cabe ante un otoño e invierno que se temen más fríos que de costumbre. Y no sólo por la amenaza rusa de cortar el gas a Alemania, que terminaría por congelar la actividad en el resto del continente.
El Gobierno de Pedro Sánchez arranca el inicio del curso político bajo los peores presagios económicos. No hay un solo indicador que anticipe una mejora de la actividad en otoño, todo lo contrario. Las perspectivas sobre la evolución de la actividad del país avanzan un escenario de recesión cada vez más probable entre 2022 y 2023, con una subida generalizada de los precios que también se prolongará en el tiempo y que continuará ahogando a familias y empresas. Así, próximamente, a los ministros del ala económica del Gobierno se les van a abrir numerosos frentes que van a poner en evidencia el fracaso de sus medidas en cada una de las áreas de las que son responsables. Desde la evolución del PIB a la escalada de la inflación pasando por la sostenibilidad de las pensiones
Incertidumbres: Inflación y recesión.
La inflación no ha llegado aún a su pico. En julio alcanzó el 10,8%. España es uno de los siete países de la eurozona donde la subida de precios tiene ya doble dígito. Lo mismo ha ocurrido ya en el Reino Unido –10,1%–. Así que el consumo, el principal motor de la economía española, ya ha empezado a notar el aumento del coste de la vida, mientras los salarios pactados en convenio no han subido más que un 2,56%.
Para hablar del cierre del ejercicio analistas, políticos, sindicatos y empresarios repiten una palabra: “incertidumbre”. Este año aún no habrá recesión en España, según las previsiones: la economía crecerá un 4,3% si el Gobierno acierta en sus cálculos –en el segundo trimestre mejoró un 1,1%, casi el doble que el resto de la eurozona–, pero nadie se atreve a descartarla para 2023. Hasta junio al menos, la cifra de negocio de la industria había crecido un 31,7% anual y encadenaba 16 meses consecutivos de ascenso, aunque su principal motor son las ventas del sector energético. Mientras, la facturación de los servicios se elevaba un 23,4%, impulsada sobre todo por el negocio de los hoteles, que se ha disparado un 115,7% respecto a 2021, y de bares y restaurantes, que ingresan un 33% más.
El BCE, o al menos la representante alemana en el supervisor bancario no se atreve a descartar una recesión “técnica” –dos trimestres consecutivos con cifras negativas de PIB– en la zona euro, “ni prolongada ni profunda”, si se mantiene la inflación en sus niveles actuales durante mucho más tiempo. Para septiembre, el BCE prepara una segunda subida de tipos de interés, después de la decidida el pasado julio, en un nuevo intento por frenar la escalada de precios. Para conseguirlo, no hay otra medicina que enfriar la actividad económica encareciendo el precio del dinero.
En España, además, el otoño, con el fin de la temporada alta del turismo, es siempre una estación mala para el empleo. Por lo que el bajón este año puede ser doble. No obstante, Hosbec, la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, adelantaba que el sector quiere alargar hasta el 30 de noviembre la temporada alta para aprovechar el fuerte tirón que ha experimentado la demanda este verano y los turistas norteamericanos por la fortaleza del dólar frente al euro.
Pincha el empleo en pleno verano
El primer indicio de lo que puede suceder a partir de septiembre se reveló por sorpresa en julio, cuando el empleo se redujo por primera vez en ese mes desde hace 21 años: 7.366 cotizantes perdió la Seguridad Social en plena euforia estival. Pocos si se comparan con los 187.000 que el ministerio prevé que se den de baja en agosto si se confirma la tendencia de los 15 primeros días del mes.
No obstante, agosto suele perder empleo todos los años. “Todos los agostos el empleo cae en torno a un 1%. Es decir, uno de cada 100 afiliados deja el mercado de trabajo. Eso supone unos 250.000 para el nivel actual de empleo”, explicó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. La de este año, por tanto, queda aún por debajo del descenso habitual. Según precisa la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la caída del empleo de los meses de agosto “crece en fases expansivas y se reduce en recesivas”. Salvo en 2005, cuando coincidió con una regularización masiva de inmigrantes. Otro nubarrón puede ser también la caída de cotizantes extranjeros sufrida en julio, 11.398 menos respecto a junio, la primera tras cinco meses de crecimiento.
Sindicatos: “Acuerdo salarial cuanto antes o, de lo contrario, habrá conflicto”
“Es difícil hacer pronósticos. Si la inflación sigue por encima del 7% u 8% a final de año, es evidente que la economía se va ralentizando, y si la economía se va ralentizando, el empleo no va a seguir con los buenos datos en estos últimos trimestres”, advirtió el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
Lo que no es óbice, resaltan los sindicatos, para que los salarios, las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tengan que subir. Sordo lo considera “imprescindible” por la “erosión” que sufren los salarios por los aumentos “brutales” de los precios. También Pepe Álvarez, al mando de la UGT, apunta en esa dirección. “Queremos una revisión de los salarios para este mismo año. Creo que se producirá y espero que se haga cuanto antes o, de lo contrario, habrá conflicto”, apremió el pasado julio.
Ya antes ambos líderes sindicales habían anunciando su intención de “tensionar” la negociación de los convenios colectivos para conseguir subidas salariales. Un 3,5% para este año, un 2,5% para 2023 y el 2% para 2024, y con una cláusula de revisión salarial.
Sobre las pensiones, Sordo dice que actualizarlas de acuerdo con el IPC es “un compromiso asentado” con el Gobierno que éste debe mantener. Y respecto al SMI, hay programada para el 2 de septiembre una reunión del Ministerio de Trabajo con la comisión de expertos para alcanzar el 60% del salario medio en 2023. De acuerdo con sus cálculos, el SMI debería crecer el año próximo hasta entre 1.011 y 1.049 euros al mes en 14 pagas. UGT ha hablado de llegar a 1.060 euros.
Empresarios y PP
Estos tres asuntos serán parte capital del pacto de rentas que el Gobierno quiere impulsar para afrontar la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania. Una negociación que se prevé llena de obstáculos. La CEOE no secundó la última subida del SMI a 1.000 euros y, aunque acepta subidas del 3,5%, rechaza de plano las cláusulas de revisión salarial. Tampoco apoya que las pensiones se revaloricen en la misma medida que suba la inflación.
Cuando se hicieron públicos los malos datos de empleo de julio, la CEOE ya advirtió de la “desaceleración”. Contra ella su receta combina “flexibilidad”, con una menor presión fiscal y “moderar el coste laboral, incluyendo el salario mínimo interprofesional”. Además, a la luz de los últimos datos de la Contabilidad Nacional, la patronal destaca el repunte de los costes laborales unitarios en el segundo trimestre, un 4,8% superiores a los del cuarto trimestre de 2019. “Este aumento para las empresas resulta inoportuno en un contexto como el actual, de mayores incertidumbres que hace unos meses y de encarecimiento de los inputs necesarios para su actividad”.
Frente a ellos, el PP dice que ve “bien” la subida del SMI para ayudar a las rentas más bajas, pero ha precisado que prefiere que el peso de las medidas contra la inflación “no se cargue sobre el empresario” y reclama que se deflacte la tarifa del IRPF. Una posibilidad que ya ha descartado el Gobierno. Sobre las pensiones, un asunto especialmente delicado para los votantes, Alberto Núñez Feijóo no ha querido pronunciarse. Porque otro factor que influirá en las negociaciones de este otoño será el clima preelectoral: en 2023 habrá comicios municipales, autonómicos –en 12 territorios– y nacionales.
El futuro de las pensiones: años de cálculo y destope de las cotizaciones
El futuro de las pensiones se retomará en septiembre tras el parón de agosto. El ministro José Luis Escrivá ha ido cumpliendo paso a paso los compromisos con Bruselas y, tras sacar adelante en julio los planes de pensiones de empleo y el nuevo sistema para que los autónomos contribuyan en función de sus ingresos, ahora pondrá sobre la mesa de negociación con los agentes sociales los dos últimos temas para completar la transformación en profundidad del sistema. Se trata del destope de base de cotización y pensión máxima y la modificación del sistema de cálculo de las pensiones. Los dos son asuntos delicados, por su impacto en la cuantía de las pensiones futuras y por el previsible choque entre las posiciones del Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme.
¿CÓMPUTO HASTA LOS 35 AÑOS?
La reforma más delicada será modificar el número de años que se tienen en cuenta para determinar la jubilación. Es lo que el Ministerio de Seguridad Social denomina «adecuar a las nuevas carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión». La forma de abordar el cómputo para el cálculo de las pensiones se hará «teniendo en cuenta que los últimos años de cotización no son necesariamente los mejores».
El objetivo es que la pensión “refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”, según se indica en el plan de recuperación. Se busca así dar respuesta a una coyuntura marcada por las trayectorias laborales cada vez más fragmentadas, asociadas a la temporalidad, y que perjudican especialmente a jóvenes y mujeres.
Sin embargo, sindicatos y asociaciones de pensionistas temen que una ampliación del periodo de cómputo desde los 25 años actuales hasta 35 para una mayoría de nuevos jubilados signifique una rebaja de pensiones. Pero en el plan de recuperación se plantea que esta extensión se pueda combinar con la posibilidad de elegir los mejores años o bien con una mejor integración de las lagunas de cotización.
Las sucesivas reformas del sistema de pensiones han ido extendiendo el número de años cotizados para calcular la base reguladora. Las ampliaciones se han realizado de forma gradual:
-De 2 a 8 años en 1985.
-De 8 a 15 años en 1997.
-De 15 a 25 años en 2011, de forma gradual hasta 2022 a razón de un año desde 2013.
Las universidades de València y Extremadura analizaron en el 2021 qué ocurriría si se ampliase a 35 años del cálculo de la base reguladora, y también cómo influiría elegir los mejores 25 años. Los resultados varían entre un aumento del 6,5% de la pensión media si se excluyen los peores ejercicios y un recorte del 8,8% si se computan íntegramente los 35 años.
En el caso de seleccionar los mejores 25 años, las bases más bajas serían las más beneficiadas, con un aumento de casi el 13% de la pensión, mientras que las más altas se quedan con un incremento del 4%. Ganan también las carreras cortas (8%) frente a las largas (5,5%).
CÓMO HACER EL DESTOPE
Los agentes sociales también tendrán sobre la mesa en septiembre las propuestas de Escrivá para aumentar las bases máximas de cotización e incrementar las pensiones máximas, manteniendo la contributividad del sistema. El objetivo es que la legislación española se armonice a lo que es la práctica que existe en otros países europeos.
La base de cotización máxima, que se aplica a los trabajadores que cobran más de 4.139 euros mensuales, se incrementará en un proceso gradual que empezará en enero y culminará dentro de treinta años. Afectará a un 15% de los cotizantes, que verán que se aumenta el tope tanto de su cotización como de su pensión futura. Si la actual pensión máxima se sitúa en 2.819 euros mensuales, lo que supone un total de 39.468 euros por año, esta cantidad se irá incrementando a medida que se jubilen los que coticen por encima del límite actual.
Esto significaría un aumento de recaudación en un primer momento, lo que puede garantizar la sostenibilidad del sistema y un equilibrio entre gastos e ingresos, pero que se acompañaría posteriormente de un incremento también del gasto cuando estos contribuyentes se jubilen. A largo plazo, el ministerio calcula que su impacto presupuestario será neutral.
Además, destopar la cotización tendría riesgos para las empresas. Aquellas con trabajadores con una retribución por encima de los 45.000 euros, por ejemplo 60.000, verían como el coste laboral de esos trabajadores aumentaría automáticamente un 10 por ciento. Al mismo tiempo, conllevaría una disminución del salario neto de los afiliados por la parte de cotización a la Seguridad Social que les corresponde.
Sin embargo, no se prevé una gran resistencia de los agentes sociales respecto a esta medida. Los sindicatos UGT y CCOO están en principio de acuerdo, al considerar positivo que mediante el destope de la paga máxima la Seguridad Social recaude más.
La Ley de reforma de las pensiones, en vigor desde el 1 de enero de 2022, compromete al Gobierno a crear la Agencia Estatal de la Seguridad Social, para modernizar y hacer más eficiente la administración y el propio ministerio incluye esta iniciativa como uno de los deberes para la segunda mitad de año.
