España se está acercando al nivel de transferencias públicas de Alemania o Francia
Estos países asumen entre un 25% y un 33% del gasto en pensiones a través de impuestos
La Seguridad Social defiende el papel de la última reforma de pensiones, que recoge una subida de cotizaciones sociales y la separación de fuentes de financiación para aumentar los ingresos del sistema y apuntalar la sostenibilidad a largo plazo, en vez de actuar únicamente sobre el gasto, tal y como declaró el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. El efecto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) suma ya 3.500 millones adicionales a las arcas desde su puesta en marcha. Además, la Seguridad Social recibe una transferencia del Estado que ronda los 40.000 millones, supera ligeramente el 20% de los ingresos totales de esta Administración, que se pagan a cargo de impuestos y deuda en vez de a cargo de cotizaciones sociales, como recomendación primera del Pacto de Toledo. Esta inyección se realiza a través de una partida presupuestaria que acerca al sistema español a otros sistemas de referencia como Francia y Alemania, donde el Estado financia el 33% y el 25% del gasto en pensiones, respectivamente.
Borja Suárez, número dos de la cartera de las pensiones, ha avanzado este plan en un foro titulado ‘Tiempo de cambio, re-imaginando nuestras pensiones’, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) junto a la consultora Mercer y varias de las principales gestoras españolas, Santander Asset Management, BBVA Seguros y VidaCaixa. La intervención del secretario de Estado ha puesto el foco sobre los diversos pilares que garantizarán la sostenibilidad de las pensiones, y uno de ellos será el Estado.
La última reforma de pensiones ha puesto el foco en «apurar los márgenes en las cotizaciones sociales» con la incorporación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la subida de bases máximas y la creación de la nueva cuota de solidaridad, en vez de actuar racionalizando únicamente el gasto del sistema. Además, hay «una apuesta clara por implicar al Estado en la financiación del sistema de pensiones» por recomendación del Pacto de Toledo, en concepto de los llamados ‘gastos impropios’.
«La Seguridad Social no es un seguro, tiene algo más: la implicación del Estado en una parte del gasto en pensiones. Eso es así aquí [en España], pero lo es de una forma menos intensa que en otros países como Francia o Alemania. Esa aportación del Estado en el aspecto más técnico denominado ‘gastos impropios’ es una recomendación del Pacto de Toledo que permite homologar nuestro sistema a los del entorno de referencia», ha explicado Suárez.
El peso del Estado sobre el desembolso de las pensiones en Alemania es de una tercera parte del gasto total, mientras en Francia es una cuarta parte. España lleva ya el esfuerzo de estas transferencias por encima del 20% del gasto total. La ministra Saiz avanzó en el Congreso de los Diputados la intención de culminar la separación de fuentes y recordó unas semanas más tarde el sindicato CCOO.
Las transferencias del Estado diferencian las pensiones contributivas y las no contributivas. Financian las prestaciones no contributivas: incapacidad temporal, cuidado de niños, otras prestaciones, sanidad de las mutuas Colaboradoras e Instituto Social de la Marina y gastos de administración. Aquellas prestaciones de carácter contributivo se deberían abonar con los ingresos por cotizaciones.
La Seguridad Social dispuso de dos transferencias del Estado por valor de 27.231 millones de euros (1,9% de PIB): una paga el complemento por mínimos de pensiones (7.345 millones de euros) y otra está dirigida al pago de los ‘gastos impropios’ (19.886 millones de euros). Para pagar las pensiones de los beneficiarios del extinto régimen de Clases Pasivas también se dispone parcialmente de las inyecciones del Estado (16.891 millones de euros), además de los ingresos por cotizaciones sociales.
Futuro de las pensiones desde varios focos
El secretario de Estado ha puesto sobre el papel las diversas dimensiones de la sostenibilidad de las pensiones. «La primera dimensión es la financiera. No puede ser de otra manera, porque el principal esfuerzo del Estado se dedica a las pensiones. Todo lo que sucede en relación a la perspectiva financiera es capital para entender los retos a los que nos enfrentamos». Son casi 200.000 millones, el 13% del PIB aproximadamente al sumar las prestaciones contributivas y no contributivas.
El secretario de Estado ha aprovechado para poner en valor el papel de las prestaciones públicas dignas. «Las reformas tienen que garantizar la suficiencia, las pensiones tienen que ser un instrumento eficaz para combatir la pobreza. En nuestro modelo de pensiones, que es de corte continental, deben ser suficientes para sustituir la renta del trabajo en el momento en el que se llega a la jubilación».
Miguel Ángel Menéndez, Director del Área de Wealth de Mercer, ha tratado de hacer un ejercicio para ‘repensar’ el retiro: las pensiones están garantizadas, pero hay que exprimir los recursos para generar una renta complementaria en la jubilación. Es esta la dimensión jurídica de la sostenibilidad, recogida en la Constitución: el sistema de pensiones es público y de reparto, pero existe «margen de recorrido» para desarrollar las pensiones complementarias a través del ahorro, explica el secretario de Estado.
En las próximas décadas se llegarán a jubilar hasta medio millón de ‘boomers’ al año. La Comisión Europea explica en su reciente informe de envejecimiento que España deberá pagar a un 60% más de pensionistas, cerca de 16 millones, con un número similar de trabajadores, entre 21 y 22 millones. Para el secretario de Estado, el reto no será tanto la longevidad y mayor esperanza de vida, sino la retirada en masa de esta generación y el impacto temporal que tendrá sobre las arcas de la Seguridad Social.
La transformación digital de la economía en buscas de una mejora de la productividad y la salud del mercado laboral son varias claves, según Suárez, para conocer el futuro de las pensiones. Hay que «poner los mimbres que nos permitan trenzar un mercado de trabajo que garantice un empleo de calidad. Si el mercado de trabajo no responde a esas exigencias, el sistema de pensiones tiene un problema y es mucho más vulnerable», ha avanzado. Además, plantea medidas adicionales para cerrar la brecha de género en el mercado laboral, que se vean reflejadas en el sistema de pensiones.
