Critican que hay varias normativas superpuestas y algunas autonomías estudian denunciar al TC
El plan de ahorro energético presentado por el Gobierno hace aguas antes de entrar en vigor. La falta de concreción de algunas de las medidas, la falta de consistencia para la aplicación de posibles sanciones, la dificultad para aplicar la norma y el no haber sido consensuado con las comunidades autónomas, invadiendo sus competencias, ya que la aplicación debe de hacerse a través de ellas, han elevado las críticas y amenazado con llevar esta normativa a los tribunales en algunas de las comunidades, como es el caso de Madrid, Murcia o País Vasco.
La nueva norma, que estará en vigor hasta noviembre de 2023, –es decir; las restricciones durarán 16 meses–, concede un plazo de siete días para que los establecimientos se acomoden a las exigencias de control de temperatura y luz.
Las CCAA denuncian las prisas, la falta de información y el caos que ha provocado este decreto, del que no saben cómo debe articularse sin incumplir otras normativas y ni siquiera se sabe cómo aplicarlo y hacerlo cumplir.
En cinco días, espacios comerciales, edificios públicos, hoteles o estaciones de transporte tendrán que haber adaptado sus instalaciones al plan de ahorro energético aprobado el pasado lunes por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De no hacerlo, se exponen a multas que van desde los 60.000 euros hasta los 100 millones de euros en los casos de mayor gravedad, según el régimen sancionador ligado a la normativa, la Ley de Industria de 1992 actualmente en vigor. Sin embargo, en el texto publicado en el BOE no se incluye específicamente el régimen sancionador de oficial aplicación, por lo que a las administraciones regionales les surgen las dudas sobre si debe aplicarse esta ley de industria o simplemente los reglamentos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado o el de instalaciones térmicas en edificios, ambas incluidas en la Ley de Industria, pero con diferente aplicación.
Además, el baremo de sanciones de entre 1.000 y 60.000 euros de las faltas leves, las que reconoce el Ministerio de Transición Ecológica que se aplicarían en estos casos –descartando las graves y muy graves, que van desde seis y hasta 100 millones–, tampoco se ha especificado, por lo que «cada una de las comunidades podría aplicar de forma aleatoria el importe de las multas», se quejan fuentes de varias de las administraciones involucradas.
También surgen dudas sobre la aplicación de la limitación del aire acondicionado a una temperatura mínima de 27 grados. Las comunidades no saben si ajustarse a lo previsto en el Real Decreto 486/1997, que regula que en los locales en los que se realiza una actividad profesional «ligera» no pueden superarse los 25 grados, o al nuevo decreto publicado en el BOE, el Real Decreto-ley 14/2022, que lo regula a 27. «No sabemos si rectifica a ese o no. Nadie nos especifica nada», critican.
Todas las comunidades reconocen que el decreto es necesario, pero critican la forma en la que se ha aprobado. «Si es competencia de las comunidades tendría que haberse contado con nosotros para su elaboración», recuerdan desde la Comunidad de Madrid, que se plantea ya denunciar este plan en el Tribunal Constitucional, paso al que se podrían unir otras, como Murcia o País Vasco, aunque son mayoría las que han elevado quejas de una u otra forma sobre la falta de información, las inconcreciones y las dificultades para su aplicación. Critican que «la reunión de la Conferencia Sectorial de Industria no sirvió para casi nada, solo para imponernos el real decreto sin más explicaciones», se quejan fuentes madrileñas. «No parece razonable que se haya celebrado una conferencia sectorial y no conozcamos el contenido de ese plan, con medidas estéticas más que en medidas reales», se quejó el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde.
Otra de las cuestiones que trae de cabeza a los gobiernos regionales es cuál de sus consejerías, departamentos o instituciones debe asumir las competencias para controlar su aplicación y sancionar a los que la incumplan. Desde la Comunidad de Madrid han remitido al Gobierno que les aclare «de dónde y de quién depende la competencia sancionadora». Por ejemplo, en Galicia han decidido que se encargue la consellería de Energía, en la Comunidad Valenciana, en primera instancia decidieron que lo asumiría Industria, pero finalmente será Economía Sostenible, Comercio y Trabajo y en el País Vasco se hará a través de la consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
Con este contexto, algunas de las comunidades gobernadas por el PP se plantean acudir a los tribunales. Madrid y Murcia ya han advertido que analizarán «al detalle» el plan de ahorro energético antes de decidir si lo aplican, mientras Andalucía asume su cumplimiento aunque no descarta acciones legales «porque un recurso no exime de su cumplimiento», y Castilla y León esperará «a que nuestros técnicos analicen el decreto para tomar una decisión». También el Ejecutivo murciano ha adelantado que van a estudiar todas las posibilidades jurídicas que ofrece el decreto para estudiar su aplicación o no. Desde Galicia, el vicepresidente económico de la Xunta criticó que el Gobierno pidiera la «colaboración» de las comunidades pero no contara con ellas.
Policías y guardias civiles alertan: el apagón traerá inseguridad
Según fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apagar los escaparates a las 22:00 de la noche puede incrementar la inseguridad ciudadana. «Tienen más facilidad los delincuentes para delinquir», advierten. Y es que, aunque las farolas sigan iluminando, hay numerosos escaparates de España que sirven de «acompañamiento» y complemento a la iluminación de algunas vías que no siempre cuentan con la suficiente luminosidad. Recuerdan, las mismas fuentes que esto «da pie a que los delincuentes actúen con mayor clandestinidad y puede constituir un peligro mayor para la seguridad ciudadana».
Desde Jucil -asociación de guardias civiles- creen que no se está gobernando desde «el sentido común» y recuerdan que puede haber un incremento de robos y «otros problemas», no solo en las tiendas en sí, también para los ciudadanos. Es un hecho que el delincuente no tiene horario fijo, pero también que, entre sus preferencias, está la de «esconderse» por lo que «aumentan su actividad de noche porque «obviamente son menos visibles» y hay menos gente. «Es mucho más difícil identificar a alguien en las sombras de la noche, pero también encontrar testigos, aunque a algunos les pueda sonar a película de «thriller».
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran que «con más luminosidad en las vías públicas es obvio que se aumenta la seguridad en los individuos. Por un lado, de una forma subjetiva de seguridad entre la ciudadanía y, por otro lado, de una forma objetiva en la que los delincuentes huyen de la exposición pública y de la luz para cometer delitos».
Asimismo, tanto el SUP, Jucil, como fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recuerdan que, los delincuentes siempre «buscan las zonas más débiles para cometer sus hechos delictivos» y con ello, coindicen en que «las calles mal iluminadas son la oportunidad que encuentran para cometer estos hechos», es decir; que la luz actúa como un elemento incluso «disuasorio».
De hecho, ya existen hasta aplicaciones en las que advierten qué calles están más solitarias y oscuras para evitarlas y según estadísticas, alrededor de un 83% de mujeres siente miedo al regresar a sus casas, solas, por la noche.
Sin embargo, el portavoz del PSOE, Patxi López restó importancia a este hecho y ayer, en rueda de prensa, aseguró que la seguridad no puede depender de los escaparates, porque si no, «mal vamos». López insiste en que la medida va encaminada a «evitar males mayores» y que, de no cumplirse se «da impunidad para cometer un delito» y que eso «no es libertad». Advierte, incluso de que, si no se cumplen «se cerrarán empresas» y llamó a «arremangarse» tildó las críticas contra las medidas de «ruido».
