El Gobierno resiste las presiones del ala podemita que había iniciado una persecución de toda la asistencia privada
El Ministerio de Sanidad abre el plazo para realizar los trámites de audiencia e información pública con el objeto de recabar la opinión y obtener cuantas aportaciones realicen la ciudadanía, organizaciones y asociaciones afectadas por un proyecto normativo. El periodo para efectuar dichas aportaciones será efectivo desde el 16 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2021 y se podrán hacer a través de este buzón: [email protected]
El Consejo de Ministros aprobó en la reunión mantenida el pasado 8 de noviembre el Anteproyecto de la Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Esta nueva norma, que modifica o deroga legislaciones anteriores, pretende garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población.
La Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud persigue evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios como ya se hizo con los establecidos para los medicamentos. Tal es el caso de transporte sanitario no urgente, productos dietoterápicos y ortoprotésicos
El Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para «consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud» que ha preparado el Gobierno presenta cambios y disposiciones significativas como una modificación de la Ley General de Sanidad, de abril de 1986, para consolidar en torno a la «Gestión y Administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Sistema Nacional de Salud», que la prestación sanitaria «podrá llevarse a cabo, además de con medio propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas» en los «términos previstos».
Por ello, aunque el anteproyecto parte del concepto de que «lo que es de todos y de todas es para todos y para todas, mediante el establecimiento como fórmulas de gestión preferente de la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios», debe ser «sin perjuicio y sin afectar» a «las personas titulares y sus beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas».
Podemos ya ha anunciado, antes incluso de que se llegara a conocer la decisión del Consejo de Ministros, una “batería” de enmiendas a la ley, que a su juicio, contraviene el acuerdo de Gobierno que la formación morada acordó con Pedro Sánchez en 2019, para formar el actual Ejecutivo.
En la rueda de prensa del Ejecutivo, la ministra Darias ha insistido en que esta “es una ley del Gobierno” y en ese sentido, asegura que la norma “cumple con el acuerdo de gobierno, que habla del blindaje de derechos, que es lo que hace la ley”, al eliminar el establecimiento de nuevos copagos y al reconocer que la gestión directa y pública “sea la norma preferente” en el SNS.
