Sánchez ha endeudado de manera exponencial a la economía española durante su quinquenio de gobierno pero especialmente preocupante es la senda que ha adoptado el endeudamiento de la Seguridad Social. Sánchez presume de que con él se ha incrementado la aportación a la hucha de las pensiones, pero la realidad es bien distinta.
Para empezar, el fondo de reserva, conocido como “la hucha de las pensiones”, fue creado por Aznar, tras sanear la Seguridad Social que los socialistas habían dejado quebrada. Recordemos que Felipe González dejó a la Seguridad Social con un desequilibrio de 600.000 millones de pesetas y que el Gobierno de Aznar tuvo que pedir un préstamo a la banca para poder pagar a los pensionistas la paga extraordinaria de diciembre de 1996.
Cuando Aznar creó ese fondo lo hizo con los excedentes que el superávit de las cuentas de la Seguridad Social aportaba, de manera que cada año iba ampliándose el mismo, hasta llegar a sumar más de 14.000 millones de euros al finalizar su mandato. Eso era un verdadero ahorro, porque venía de un excedente. Sin embargo, el ahorro vendido por Sánchez no es tal, pues la Seguridad Social es deficitaria, sólo equilibrada por las transferencias que la Administración General del Estado le realiza desde los Presupuestos Generales del Estado, porque los ingresos por cotizaciones no cubren el gasto en prestaciones.
Así, la Seguridad Social cuenta con un gasto no financiero de casi 200.000 millones de euros, donde la mayor parte va a pensiones contributivas, que incrementan el gasto en un 11,2% interanual, hasta llegar a los 166.776,9 millones de euros, con riesgo al alza.
Por otra parte, los ingresos son claramente insuficientes. Para empezar, son 7.200 millones inferiores a los gastos, quedándose en 192.000 millones. Pero esa cifra es engañosa, pues recibe casi 40.000 millones de euros en transferencias corrientes del Estado, con lo que, sin ello, el déficit sería mucho más importante.
Además, la aportación de los 2.793,2 millones al fondo de reserva viene cubierta por el préstamo del Estado, que sirve para cubrir dicha aportación, la pequeña diferencia entre el resto de operaciones de ingresos y gastos y el déficit no financiero. Por tanto, no hay ahorro, sino que se nutre el fondo con ingresos financieros, procedentes de deuda.
Y esa deuda, Sánchez la eleva en alrededor de 65.000 millones de euros desde que gobierna. Así, pasamos de una deuda de la Seguridad Social de 41.194 millones en 2018 a otra de 106.169 millones en el último dato publicado, mayo de 2023.
Por tanto el sistema público de pensiones necesita ser reformado. No es cuestión de ideologías sino de matemáticas actuariales. Cada vez tenemos más pensionistas y esos pensionistas cobran una pensión más elevada y lo hacen durante más tiempo. Cuando se puso en marcha en España el sistema de reparto, la esperanza de vida al nacer no era mucho más alta de 65 años en los varones, que entonces eran el grueso de la población activa. Ahora, sin embargo, la esperanza de vida se encuentra por encima de los ochenta años en ambos sexos (80,52 en el caso de los hombres y 85,89 en el caso de las mujeres, según nos muestra el INE). Este factor, sin duda, eleva el número de años que se percibirá una pensión, que supone, por tanto, un incremento del coste del sistema.
Por otra parte, la tasa de sustitución o de reemplazo de las pensiones en España -esto es, el porcentaje de pensión que se percibe respecto al último salario- no ha dejado de crecer y es la más elevada de Europa, con un 78,7%, según datos de la Comisión Europea, muy por encima de la media de la UE (46,3%) y de la eurozona (49,9%). Esto eleva también el coste del sistema público de pensiones, al ser mayores las pensiones que entran al sistema que las que salen.
El impacto será especialmente importante cuando se jubile el grueso de las cohortes del baby boom, período que tuvo lugar entre 1952 y 1977. Son muchas personas que, por un lado, accederán a una pensión, que, por otra parte, dejarán de cotizar como activos y, por último, percibirán, en términos generales, una pensión mayor que la media actual, con lo que dicha media se elevará y, con ello, el coste del sistema.
Adicionalmente, además de producirse esa salida de la población activa, esas personas no se reemplazarán con una entrada similar en el mercado de trabajo de las nuevas generaciones, pues los nacimientos de estas nuevas cohortes fueron ya muy escasos, de manera que la relación entre activos cotizantes y pensionistas caerá de manera importante.
La seguridad social acumuló 9.400 millones de déficit en los cinco primeros meses del año
El Gobierno anunciaba que, a finales de año, la Seguridad Social tendría una caja de más de 5.000 millones, lo que es muy extraño con la deuda de los 107.000 millones que tiene este organismo.
Pero el truco contable es muy sencillo: el Estado, es decir la Administración General del Estado, coge 5.000 millones de la caja se los pasa al Ministerio de Escrivá, este se los transfiere al Organismo Seguridad Social y se los pone en el Banco de España en una cuenta que se llama Caja de la Seguridad Social y ya tenemos los 5.000 millones creados.
Lo cierto es que la Seguridad Social tiene un déficit espectacular y se está endeudando hasta las cejas. Desde mayo de 2022 a mayo de 2023 tiene una deuda nueva emitida por 102.000 millones de euros, y esos 5.000 millones más o menos no importan demasiado a la hora de hacer un movimiento contable como el que se acaba de explicar. La única manera que tiene hoy el Gobierno de poner 5.000 millones en una cuenta corriente especial para decir que la Seguridad Social tiene esos 5.000 millones es endeudarse. Para verlo pasamos a los datos.
El año 2022 cerró, según la Intervención General de la Administración del Estado con unos ingresos contabilizados de 208.377 millones y las dos grandes partidas para sumar estas cifras fueron 169.636 millones de cotizaciones sociales y 38.575 millones de Transferencias corrientes, del ministerio de la Seguridad Social al Organismo, para que pudiese dar esta cifra de ingresos, más otros ingresos menores.
Los gastos fueron de 214.363 millones de euros, de los cuales, 199.383 millones fueron para prestaciones sociales y la segunda partida en importancia fueron 7.369 millones en gastos corrientes, más otros gastos como salarios, subvenciones y varios.
En definitiva, oficialmente el Organismo dio un déficit de 5.986 millones. Pero sin los 38.575 millones que puso el ministerio, el déficit real hubiese sido 44.561 millones de euros, que hubiese puesto en marcha en la Unión Europea una alarma que supondría para el Gobierno la obligación de afrontar una reforma estructural de las pensiones.
En 2023 los ingresos de la Seguridad Social han crecido en 7.026 millones, de los cuales 6.961 millones vienen de la reforma de las pensiones Escrivá, que lo que ha hecho ha sido subir las cotizaciones (a los empresarios, a los trabajadores y a los autónomos), y con eso ha conseguido que la recaudación crezca un 10,0 %. Pero la partida que ha tenido que mandar el ministerio para equilibrar las cuentas ha sido de 8.579 millones, que suponen un 0,8 % más, lo cual hace que, a mayo, la necesidad de financiación para equilibrar las cuentas sigue prácticamente siendo la misma. Recordemos que el año pasado fueron 38.575 millones. Los gastos, por otro lado, suben un 8,5 %, fundamentalmente porque las prestaciones sociales han subido en 6.646 millones, o lo que es lo mismo, un 8,9 %, es decir, la subida de las cotizaciones sociales es para pagar la subida de las prestaciones y, por lo tanto, hay que seguir mandando dinero todos los meses para que, como el año pasado, el déficit no fuese de 9.646 a mayo (y este año no fuese de 9.427 millones).
Pero lo bonito vendrá cuando se publiquen los datos del mes de junio, con doble paga a trabajadores y pensionistas. El año pasado el gobierno, a través del ministerio y siempre según datos de la IGAE, tuvo que enviar a la Seguridad Social, para evitar la quiebra de esta, 14.200 millones y cuando se publiquen los datos de junio (que incluyen la paga extra doble) la Seguridad Social habrá dado un déficit de más de 22.000 millones, que no aparecerán en sus cuentas, pero sí en el consolidado del Estado español.
