El escandaloso comportamiento de su esposa se completó con una bochornosa mentira reiterada que le obliga a marcharse sin dilación
Sánchez lleva mintiendo desde que se metió en política: “Con Bildu no vamos a pactar”; “Con Podemos en el Gobierno no dormiría por la noche”; “No voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas”; “Me comprometo, hoy y aquí, a traer a Puigdemont a España y que rinda cuentas ante la justicia española”
La condición procesal de la esposa del presidente, Begoña Sánchez, es el de investigada desde el mismo día en que el juez abrió diligencias previas sobre la denuncia. La investigaba ya, sin esperar a que la UCO le informara de si había o no había indicios; la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios; y le comunicó el 22 de abril que ésa era su situación legal: investigada. Aunque, en rigor, aún no le impute nada. Pero esto de investigada viene a ser como estar denunciada y a la espera de que el juez decida si le imputa algún delito y con qué base.
Hay un debate jurídico y terminológico fruto de la reforma de la ley de 2015 pues antes a quien era objeto de una investigación judicial se le llamaba imputado. Y los partidos políticos estaban deseando que un juez imputara a sus rivales para exigirles que se aplicaran la doctrina(injusta doctrina) de que el imputado tiene que irse a su casa y así los partidos políticos estaban deseando que un juez imputara a sus rivales para exigirles que se aplicaran esa doctrina. Con la reforma el imputado pasó a haber investigado y encausado, el primero si sólo se indaga sobre él, el segundo cuando ya se le cita para informarle de qué delitos se le imputan y basándose en qué indicios. Eso conduce a este debate, estéril pero vehemente, respecto de si Begoña Gómez está imputada o sólo denunciada. Pues ni lo uno ni lo otro: investigada desde el primer día. Y esto lo sabían las partes personadas en la causa (o sea, Gómez, su abogado, los denunciantes, la fiscalía) y lo sabía el marido de Gómez, Pedro Sánchez.
El viernes pasado, el diario El País ya informó, citando fuentes de la instrucción judicial, de que Gómez tenía esa condición desde el primer día. Los documentos del juzgado conocidos ayer, ahora que ya no hay secreto, confirman que esa información era correcta y Pedro Sánchez lo sabía bastante antes que El País pues el juez se lo comunicó a Gómez el 22 de abril. El 24 fue la esperpéntica carta de San Pedro a la ciudadanía que en ese momento ignoraba la verdadera situación de esta cuestión. Sorprendió que unas meras diligencias previas llevaran al presidente a replantearse su vida: hoy sabemos que no eran sólo unas diligencias, era una situación procesal que anticipa que Gómez acabará siendo, probablemente, citada en el juzgado en compañía de abogado.
El día 24 Sánchez escribe su carta. El 29 le pregunta Fortes en TVE si cree que su esposa acabará investigada (ahora sabemos que lo estaba desde muchos días antes) y pareció que el presidente respondía que el caso no terminaría con su esposa imputada aunque ya sabía que lo estaba, luego en su respuesta lo que hizo fue dejar pasar la ocasión de precisar que, en contra de lo que todos pensábamos, ese escenario ya había llegado.
En términos de culpabilidad no hay diferencia alguna entre ser investigada o no serlo. Begoña Gómez sigue siendo tan inocente, mientras no se demuestre lo contrario, como cuando pensábamos que sólo estaba denunciada. Incluso lo seguiría siendo si alguna vez el juez decidiera que hay razones para llevarla a juicio, procesándola. En términos políticos la diferencia es que una esposa de presidente investigada por corrupción suena más grave y pesa más porque permite afirmar que es el juez, no la denunciante Manos Limpias, quien aprecia indicios de una actividad delictiva, y permite investigar a Begoña Gómez sin esperar a tener ni investigación de la UCO ni indicios sólidos. Si el juez la llama investigada, pues investigada queda.
El asunto servirá de munición a quienes achacan un comportamiento inaceptable al presidente y su esposa y servirá de munición a quienes achacan al juez lawfare y empeño en imputar a Gómez fuera como fuera.
En cualquier caso, más allá del futuro procesal de Begoña Gómez, Pedro Sánchez debe dimitir con urgencia tras conocerse que mintió, de manera reiterada en el tiempo, para esconder la condición de imputada de su esposa desde el 16 de abril, tal y como confirma el sumario instruido por el juez de la causa, Juan Carlos Peinado. El líder socialista desapareció durante cinco días con una carta melodramática en la que, para no dar explicaciones de nada, anunciaba un tiempo de reflexión y amenazaba con dimitir.
Después regresó con una comparecencia cargada de victimismo, en la que anunciaba su continuidad y cargaba contra jueces, políticos y periodistas por poner en duda la ejemplaridad de su pareja, implicada en un presunto caso de delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Incluso tuvo la desfachatez de insistir en que desconocía de qué se la acusaba exactamente a Gómez, esconder su imputación y transformar sus problemas familiares en una excusa para impulsar una agenda de «regeneración», que en realidad era una intentona de dotarse de impunidad y criminalizar toda respuesta legal y pública a sus probables excesos. Nadie se ha atrevido, con tanta contumacia y desprecio por las reglas del juego, a fabricar un monumental bulo para maquillar el señalamiento judicial de su pareja por negocios con apariencia espuria. Se ha reído ad nauseam de España entera, incluido el Rey, con su infame numerito de ir a verle para decirle, después de sus cinco días de falsa reflexión, que seguía.
Las consecuencias penales no han sido nunca la única manera de medir la responsabilidad política de Sánchez, que debe basarse en la ejemplaridad y no solo en la legislación: incluso aunque fuera legal todo lo que ha hecho su esposa, es incompatible con la ética y estética que cabe exigir a quien dirige un país y a su entorno. Y es indecente conseguir una cátedra extraordinaria sin acreditar méritos; asociarse a de una manera u otra a directivos y empresas beneficiarias de decisiones del Gobierno y hurtarle a continuación explicaciones a la ciudadanía, haciéndose el ofendido y agrediendo a todo aquel que se atreva a recordarle que en España sigue vigente un Estado de Derecho al que nadie es ajeno.
Los hechos confirmados sobre el comportamiento de Gómez ya son, acaben siendo o no delito, inaceptables. Y si a ello se le añade una mentira sonrojante, la continuidad de Sánchez es inviable ocurra lo que ocurra en el juzgado.
Gómez ha actuado en esferas relativas a las funciones y decisiones de su marido. Y Sánchez ya lo ha tapado, a sabiendas de que un juez tenía imputada a su esposa. En cualquier caso, es insostenible, pero más aún en el de un dirigente político que llegó al poder apelando a la probidad, tras perder dos elecciones generales en seis meses, planteando una moción de censura contra un presidente legal y legítimo que no estaba ni imputado ni, por supuesto, condenado.
Si me engañan una vez (digamos la amnistía que Pedro Mentiras Sánchez decía que era inconstitucional y mañana pretende que el Congreso la apruebe) la culpa es mía. Cuando me engañan dos veces (la falsa reflexión de los cinco días sabiendo que su mujer ya estaba imputada), la culpa es mía. Ahora la culpa la tendrán los dirigentes del PSOE, sus militantes y votantes: o rompen el muro de la infamia y lo expulsan de la Moncloa o serán cómplices culpables de la mayor perversión de las reglas de la democracia perpetrada por un abyecto presidente del gobierno culpable de alta traición a su nación.
Su comportamiento personal es intolerable. Y con esos antecedentes, esas mentiras y esas coacciones, solo tiene una salida: dimitir, afrontar sus responsabilidades, dejar de coaccionar a los poderes del Estado y liberar a España del oprobio y la vergüenza a la que lleva sometiéndola desde 2018.
¡¡¡ YA ESTÁ BIEN !!!
¿Denunciada? ¿Investigada? ¿Imputada? ¿Acusada? ¿Procesada?. El asunto es bien sencillo. Pedro Sánchez conocía la condición de ‘investigada’ de su cónyuge desde horas antes de remitir la carta a los españoles en la que proclamaba ese inesperado amor hacia su esposa y el retiro de los cinco días. Una colosal estafa.
Cuando el 24 de abril Pedro publicó la infausta carta a la ciudadanía, ya sabía que Begoña tenía la condición de investigada. Pero mintió en la misiva, limitándose a enunciar que se habían abierto unas diligencias previas contra su mujer. Una mentira sobre la que escenificó un psicodrama con los llantos de sus plañideras durante cinco días para que no abandonase y los rezos en Ferraz implorando por su continuidad. Todo este esperpento -que aderezó con una visita a Zarzuela- le sirvió para anunciar su intención de asaltar la justicia y amordazar a la prensa crítica. Es curioso que El País, filtrase parte del contenido del informe de la UCO a pesar del secreto de sumario, pero no la imputación de Begoña.
Por supuesto que la condición de investigada no afecta a la presunción de inocencia de Begoña Gómez, cuya culpabilidad sólo puede certificarse mediante sentencia firme, pero sí que altera la situación de su marido al frente del gobierno: un ególatra sin escrúpulos que ha embarcado a millones de personas en una enorme mentira sobre la imputación de su esposa, no puede seguir ni un día más en la Moncloa. A saber con qué nuevo drama hiperventilado intentará distraernos ahora de la aprobación de una norma con la que pretende enterrar a la democracia española. El verdadero punto y aparte no lo encontrarán en la imputación de Begoña, sino en la ley de amnistía.