La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tiene como uno de sus objetivos principales reducir la temporalidad en el empleo en España. La reforma, que fue aprobada a finales de 2021 y que entró en vigor plenamente en marzo de 2022, se centró en limitar las opciones de contratos temporales y promover los contratos fijos discontinuos como una solución para canalizar las necesidades del mercado laboral, especialmente en sectores con alta estacionalidad.
Objetivos de la reforma laboral
Uno de los propósitos esenciales de la reforma laboral fue hacer que la contratación indefinida se convirtiera en la norma, reduciendo así la dependencia de los contratos temporales. En este contexto, los contratos fijos discontinuos se han posicionado como una herramienta clave para sectores como la hostelería, el comercio y la educación, donde la demanda de empleo fluctúa en función de la temporada.
Evaluación de la reforma: Un comité de expertos en 2025
La reforma no solo introdujo cambios significativos en el panorama laboral español, sino que también incluyó una cláusula para evaluar los efectos de estas medidas. En enero de 2025, un comité de expertos será responsable de analizar si la reforma ha cumplido con sus objetivos. Esta evaluación también permitirá identificar si es necesario implementar medidas adicionales para corregir posibles deficiencias en la legislación actual.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha comenzado a formar el comité de expertos que realizará esta evaluación. Este grupo deberá proporcionar un análisis exhaustivo de los efectos de la reforma y proponer ajustes en caso de ser necesarios, en colaboración con los agentes sociales.
Reducción de la temporalidad: Logros y desafíos
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que la tasa de temporalidad en España ha disminuido significativamente desde la implementación de la reforma laboral. En el segundo trimestre de 2021, la tasa de temporalidad alcanzaba el 25%, mientras que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia de COVID-19, era del 26%. Tras la reforma, esta cifra ha caído al 16%, lo que indica un avance notable en la reducción de la temporalidad en el mercado laboral español.
Sin embargo, a pesar de estos logros, la reforma enfrenta críticas por la falta de transparencia en cuanto a los contratos fijos discontinuos. Estos contratos, aunque son indefinidos, presentan particularidades que complican su seguimiento estadístico. Los trabajadores con contratos fijos discontinuos se dan de alta y baja en la Seguridad Social en función de la reactivación de su actividad laboral, lo que ocurre con frecuencia en sectores como la hostelería y el comercio. Esta característica ha generado una falta de claridad sobre cuántos de estos trabajadores están en periodos de inactividad.
Contratos fijos discontinuos y desempleo: La controversia sobre la contabilización
Un punto controvertido de la reforma es cómo se contabilizan los trabajadores con contratos fijos discontinuos en las estadísticas de empleo y desempleo. En el caso del paro registrado, aquellos con contratos fijos discontinuos en periodo de inactividad no se consideran parados, sino que se incluyen en la categoría de “ocupados” dentro de los demandantes de empleo. Este hecho tiene implicaciones significativas para el acceso a prestaciones por desempleo, ya que estos trabajadores deben estar registrados como demandantes de empleo para poder recibir dichas prestaciones.
El Gobierno se comprometió a publicar datos desglosados sobre los trabajadores fijos discontinuos antes de las elecciones del 23 de julio de 2023. Sin embargo, este compromiso no se cumplió, alegando dificultades relacionadas con los relevos en los Gobiernos autonómicos, quienes son responsables de registrar a los trabajadores en los servicios de empleo regionales. Posteriormente, el Gobierno reconoció la imposibilidad de depurar completamente estos datos, lo que ha generado preocupación sobre si se están canalizando bolsas de temporalidad a través de esta modalidad contractual.
Evolución de los contratos fijos discontinuos: Datos reales
Según los datos de la Seguridad Social, en enero de 2022, antes de la plena entrada en vigor de la reforma laboral, había 370.783 trabajadores con un contrato fijo discontinuo. Para julio de 2024, esta cifra había aumentado a 911.667 afiliados, lo que representa un incremento significativo. Sin embargo, es importante señalar que los meses comparados no son directamente equivalentes en términos de actividad laboral.
Por otro lado, los datos de la EPA muestran que el número de trabajadores con contratos fijos discontinuos ha crecido de 514.700 en el segundo trimestre de 2022 a 790.300 en la última oleada publicada en julio de 2024. No obstante, tanto la Seguridad Social como la EPA carecen de información específica sobre cuántos de estos trabajadores se encuentran en periodos de inactividad, lo que sigue siendo una incógnita importante.
Estimaciones y estudios sobre fijos discontinuos inactivos
En una comparecencia en el Senado en abril de 2023, Yolanda Díaz cifró en 64.100 los trabajadores fijos discontinuos en paro, mientras que 55.300 se encontraban inactivos, basándose en datos de la EPA. Sin embargo, una respuesta parlamentaria de febrero de 2023, utilizando datos del SEPE, reveló que el número de demandantes de empleo excluidos del paro registrado por ser trabajadores fijos discontinuos en periodo de inactividad alcanzaba los 443.078 en diciembre de 2022.
Estos datos han generado controversia y han motivado a instituciones como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) a investigar más a fondo la situación de los fijos discontinuos. Fedea organizó un seminario para detallar una metodología basada en la Muestra Continua de Vidas Laborales, una fuente de datos más completa para identificar a estos trabajadores. Según sus conclusiones, a finales de 2022 había 1,42 millones de trabajadores con contratos fijos discontinuos, de los cuales 518.175 estaban en inactividad.
El futuro de los contratos fijos discontinuos
La evaluación que realizará el comité de expertos en enero de 2025 será crucial para determinar el futuro de los contratos fijos discontinuos y su regulación. Como ha señalado Fedea, aunque la temporalidad ha disminuido, persiste la preocupación sobre la precariedad laboral, especialmente en relación con los fijos discontinuos. Este análisis será fundamental para ajustar las políticas laborales en España y garantizar que los objetivos de la reforma laboral se cumplan plenamente.
