Gobierno y agentes sociales ultiman la negociación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que debería aprobarse el 15 de noviembre, el Ejecutivo ha planteado aumentar un 0,6% las cotizaciones sociales para llenar ‘la hucha de las pensiones’
Propuestas, acuerdos, negociaciones con agentes sociales, compromisos con Bruselas… La reforma de las pensiones es uno de los mayores cambios estructurales que el Gobierno tiene entre manos, con el que pretende garantizar la sostenibilidad del sistema en el futuro. Muchas de las modificaciones que se han puesto sobre la mesa proceden de las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo hace justo un año y han sido comprometidas con la UE en el Plan de Recuperación para acceder a los fondos europeos.
En total son 13 las reformas elaboradas por el departamento que dirige el ministro José Luis Escrivá, algunas de las cuales ya han sido consensuadas y están en trámite parlamentario para su puesta en marcha a partir del año que viene, otras están siendo negociadas ahora con sindicatos y patronal, y algunas tienen aún meses por delante para acordar su contenido definitivo.
¿QUÉ SE HA APROBADO YA?
El pasado mes de julio, los agentes sociales y el Gobierno firmaron “la primera pata” de la reforma. Ese acuerdo incluía tres cambios importantes:
- La separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Esto implica que algunos gastos que antes se pagaban con cotizaciones sociales ahora se harán con dinero procedente de los Presupuestos Generales del Estado. Esta medida ya se incluye en los Presupuestos del año que viene y también lo hará en los de 2023 para lograr el equilibrio presupuestario a corto plazo.
- La revalorización de las pensiones el con IPCpara mantener indefinidamente el poder adquisitivo de los pensionistas. Se calculará con la inflación media anual (de noviembre a noviembre).
- Alinear la edad efectiva de jubilación a la edad legal de jubilación. Incluye medidas tanto para incentivar económicamente la extensión de la vida laboralmás allá de la edad legal de jubilación, como para penalizar la jubilación anticipada.
Estas tres modificaciones fueron aprobadas en Consejo de Ministros el pasado 24 de agosto, la ley que las incluye se encuentra en tramitación parlamentaria y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2022.
¿QUÉ SE ESTÁ NEGOCIANDO AHORA?
Cuando Gobierno y agentes sociales acordaron en julio los puntos anteriores, pactaron también que comenzarían a negociar de inmediato el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es el sistema que debe sustituir al Factor de Sostenibilidad que existía hasta ahora y que incluía la esperanza de vida en el cálculo de las pensiones. Con esta reforma se pretende hacer frente al “desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población, y que libere a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”, dice el texto enviado por el Gobierno a Bruselas. Se trata, en definitiva, de introducir medidas para hacer frente a la llegada a la jubilación de la generación del ‘baby boom’.
Aunque en el compromiso con la UE el plazo para aprobarlo se extendía hasta finales de 2022, el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos decidieron llegar a un acuerdo antes del 15 de noviembre, para que este sistema entrara también en vigor a comienzos del año que viene. El plazo de las negociaciones acaba este lunes sin que las
partes hayan logrado alcanzar un consenso. Si no se llega a un acuerdo en el marco del diálogo social, el Gobierno regulará el MEI para que esté definido con la entrada en vigor de la ley en la que se introducirá como una Disposición Adicional a la misma.
La propuesta del Gobierno para el MEI es elevar las cotizaciones sociales un 0,6% durante diez años. De ese alza del 0,6%, un 0,4% correspondería a la empresa y el monto restante, un 0,2%, al trabajador. Esta medida serviría para rellenar ‘la hucha de las pensiones’, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros.
La medida ha sido ya rechazada por la CEOE, que considera que “no es el momento más adecuado” y que dañará el empleo por el aumento de los costes que supone. Los sindicatos, en cambio, han valorado “positivamente” esta propuesta.
¿TRES CUESTIONES QUE SE ABORDARÁN EN LOS PRÓXIMOS MESES?
Hay tres aspectos sobre los que también se ha comenzado ya a trabajar y que tienen que estar cerrados y aprobados en el primer semestre del año que viene:
- El nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales. Actualmente pueden elegir su base de cotización y el 85% del colectivo lo hace por la mínima. Esto provoca, dice el Gobierno, un agravamiento del déficit del Régimen de Autónomos y que más de una tercera parte de los pensionistas del RETA no alcancen la pensión mínima. El cambio al nuevo sistema se hará de forma gradual, aproximando las bases mínimas por tramos a los ingresos reales, para evitar un impacto negativo en los autónomos con ingresos más altos.
- La revisión e impulso de los sistemas complementarios de pensiones de empleo (de empresa): PPE. El ministro Escrivá ya se ha mostrado partidario de impulsarlos en detrimento de los individuales. Así, para el año que viene se han reducido en 500 euros, hasta los 1.500 euros las aportaciones deducibles a los planes de pensiones individuales, mientras que se amplían hasta los 8.500 a los colectivos.
- Antes de que acabe 2022 debe aprobarse otra de las reformas del sistema: la adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. Ahora mismo se tienen en cuenta casi los 25 últimos años de la carrera laboral. La ampliación de estos años supondría, en general, una reducción de la cuantía de las pensiones. El ministro Escrivá ha rechazado que esta «adecuación» sea una exigencia de la UE para reducir el gastoy ha asegurado que la medida pretende mejorar, modernizar y hacer más equitativo el sistema. Se trata, ha dicho, de adaptarlo a los cambios de un mercado laboral “más volátil”, para que no penalice a aquellas personas para las que sus últimos años de vida laboral no han sido los mejores o que tienen lagunas de cotización.
