SOMOS MENOS (más muertes que nacimientos)
La población de España se redujo en 72.007 personas en la primera mitad de 2021, tras cinco años de subida, según las Cifras de población a 1 de julio de 2021. Estadística de migraciones. Primer semestre de 2021, publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, de los datos se desprende que, a 1 de julio de 2021, la población de España se situó en 47.326.687 habitantes, 72.007 menos que a comienzos de año. Según el INE, este descenso de la población en la primera mitad de 2021 se debió casi en su totalidad al saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones), que fue negativo en menos 70.736 personas. Mientras, el saldo migratorio fue casi nulo (de menos 366 personas).
VIENEN MENOS (menos inmigración y más emigración)
De los datos se desprende que se redujo tanto la población extranjera, que descendió en 42.364 personas en la primera mitad del año, el mayor descenso en un semestre desde el segundo de 2014; como la española, que cayó en 29.643 personas. Además, la estadística revela que, en los seis primeros meses de 2021, abandonaron España con destino al extranjero 202.004 personas, la cifra más alta de emigrantes desde el segundo semestre de 2013; y llegaron 201.638 inmigrantes, el mínimo desde la primera mitad de 2016.
En cuanto a la emigración, 164.794 salidas fueron protagonizadas por extranjeros (81,6%) y 37.210 por españoles (18,4%). De estas últimas, 23.828 habían nacido en España.
El INE destaca que la tendencia creciente de la inmigración se ha revertido desde 2019, resultando en el primer semestre de 2021 un 22,6% inferior al mismo periodo de 2020. Por el contrario, la emigración ha sido un 82,8% superior que en la primera mitad de 2020. Las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros fueron la marroquí (con 23.686 llegadas a España), la británica (16.036) y la italiana (11.763). Por otro lado, las nacionalidades de emigrantes extranjeros más numerosas fueron: Rumanía (27.301), Marruecos (17.316) y Colombia (8.601).
EMANCIPACIÓN JÓVENES (la “misión imposible”)
Solo 1,5 de cada 10 jóvenes menores de 30 está emancipado, la peor cifra de todo el siglo. Este dato es un marcador unívoco de la precariedad que la juventud española arrastra de forma endémicay refuerza la tesis en relación con el empeoramiento progresivo de las condiciones de vida de las personas jóvenes.
Si la gran crisis económica que comenzó en 2008 ya lastró de forma permanente las trayectorias vitales de toda una generación la pandemia de la COVID-19, está teniendo unos efectos incluso peores, dado que las personas jóvenes que los sufren se encuentran en una situación de partida más precaria que la de la generación que las precedió. Concretamente, la tasa de emancipación más baja se observa en los jóvenes de 16 a 24 años (solo un 4% de ellos está emancipado) y sube hasta el 33,9% entre los jóvenes de 25 a 29 años, es decir, algo más de 3 de cada 10 de ellos vivían ya fuera del hogar familiar.
Otro dato a destacar es la tasa de temporalidad juvenil, que aumentó para este período 5,8 puntos. Además, aunque se está produciendo una recuperación del empleo, las condiciones en las que se está dando no contribuyen a mejorar la calidad del empleo joven.
El salario medio percibido por una persona menor de 30 años en España es de 12.537 euros netos anuales, con una disminución interanual del 1,09%. Sin embargo, el 62% del total de personas jóvenes no tenía salario y en un 15% de los hogares jóvenes ninguno de sus integrantes tenía trabajo.
Las malas condiciones laborales de la juventud se trasladaron en el primer semestre de 2021 al acceso a la vivienda: una persona joven que quisiera emanciparse en solitario dedicaría, de media, el 82% de su sueldo al alquiler y el coste de acceso de alquiler a un piso compartido para una persona joven asalariada supondría destinar el 26% de sus ingresos.
Parece obligado alcanzar un pacto entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil, una Alianza por la Juventud pues en todo cado la juventud es nuestro futuro, ¡y no es una simple frase hecha!
YA FALTA MANO DE OBRA (los “oficios” tradicionales no tienen relevo)
La falta de trabajadores comienza a ser una realidad en la mayoría de sectores empresariales de la economía española. Según la encuesta de actividad del Banco del España, el porcentaje de compañías con dificultades para reclutar empleados se dispara del 13,2% al 27,2%, en el último trimestre del año.
La dificultad se produce en todas las ramas empresariales y cerca del 40% de las empresas dedicadas a la agricultura y construcción reconoce que pasa apuros a la hora de realizar contrataciones. Por encima del 30% las ramas de actividad que encuentran problemas son hostelería (36,2%), información y comunicaciones (34,7%), y transporte (31,1%). Sectores del que dependen el 20% del PIB y que son uno de los pilares de la economía. Solo el sector administrativo se libra de la escasez de mano de obra
Las empresas que perciben en la actualidad mayores dificultades en la disponibilidad de mano de obra anticipan mayores presiones sobre sus costes laborales, lo que denotaría que esa escasez de fuerza laboral tendría un reflejo sobre la cuantía de los incrementos salariales y, en consecuencia, sobre la inflacción.
El Portal Único de Empleo, Empléate, en colaboración con el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), ofrece a los ciudadanos más de 20.000 ofertas de empleo, destacando por sectores: Informática/Telecomunicaciones con más de 3.000 ofertas y Transporte, Ingeniería, Construcción, Hostelería, Comercial y Salud con más de 1.000 ofertas cada uno.
Según el INE el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) encadena ya tres trimestres al alza y subió un 5% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2020, hasta situarse en 2.650 euros. El coste salarial se sitúa en una media de 1.952 euros por trabajador y mes también un incremento anual del 5
Si el incremento de la inflación se convierte en unos precios finales mayores y en unos salarios superiores, se corre el riesgo de generar un proceso inflacionista más severo y duradero con efectos adversos para la competitividad, la actividad económica y el bienestar de los ciudadanos.
