QUÉ SON LOS FPEPP
Los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) tienen por objetivo hacer que las pensiones colectivas, que hasta el momento solo se ofrecían a los empleados de grandes compañías y funcionarios de algunos organismos públicos, se hagan más accesibles para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, así como para los autónomos.
Los FPEPP se caracterizan esencialmente por estar promovidos por el gobierno. Por este motivo, cuentan con un riguroso control ejercido por una Comisión de Control Especial que supervisará la gestión de los fondos por parte de las distintas entidades.
Los fondos de pensiones de empleo de promoción pública se ofrecerán por las cinco entidades gestoras que superaron el concurso público y que son BBVA, Ibercaja, Caser Seguros, Banco Santander y VidaCaixa. Cada una de ellas ofrecerá hasta tres alternativas: una de mayor riesgo que invertirá en Bolsa, otra más segura que se dedicará a activos más estables y una tercera que tendrá un sistema gestión mixto combinando acciones y renta fija.
Se puede decidir tomar varios de los planes de pensiones existentes para dar cobertura a las necesidades de los trabajadores según su momento vital. Para los de más edad se ofrecerá alternativas de ahorro más seguros y para los más jóvenes se podrá gestionar fondos con más riesgo.
En principio estaba proyectado que a partir de este mes de enero, las entidades gestoras podrian empezar con la comercialización para ofrecer a las empresas sus fondos de pensiones de empleo de promoción pública junto con sus propios planes de pensiones. Una vez finalizados los trámites burocráticos para este lanzamiento y haya empezado la promoción, las gestoras tendrán un plazo de tres años para conseguir 500 millones de euros cada una con estas herramientas de ahorro.
LA COMISIÓN PROMOTORA Y DE SUPERVISIÓN Y LA COMISIÓN DE CONTROL ESPECIAL
Existen dos organismos que tendrán una importante misión en funcionamiento de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Uno de ellos es la Comisión Promotora y de Supervisión, que será dependiente del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Entre sus funciones se encuentran:
- – Velar por la creación y el desarrollo de los FPEPP.
- – Establecer las estrategias de inversión.
- – Decidir los miembros para la Comisión de Control Especial, así como ratificar sus decisiones que afecten a la política de inversión, a la sustitución de las entidades gestoras y a las modificaciones de las normas de funcionamiento del fondo de pensiones.
Las FPEPP serán supervisadas muy estrechamente por un Organismo de Control Especial que cuidarán de los intereses de los beneficiarios de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Actuarán de manera independiente y su cargo durará seis años y para su composición se seguirá el principio de representación equilibrada.
¿POR QUÉ AÚN NO ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE SIETE MESES?
Los plazos marcados para el arranque de este ambicioso proyecto no se están cumpliendo. El ministerio de Seguridad Social ha tenido que corregir el reglamento de los planes y fondos de pensiones hasta en tres ocasiones en año y medio. La última, en junio de este año. Así con todo, el ‘macrofondo’ de pensiones que aspiraba a contar con 4.000 millones en su primer lustro sigue estancado por la política retributiva de los consejeros de la Comisión de Control Especial.
Los supervisores de este fondo público están nombrados a reparto por el Ministerio (5), CEOE y Cepyme (2 cada uno), UGT y Comisiones Obreras (2 cada uno).
El articulado actual establece que la retribución de los consejeros, que han sido nombrados de forma personal por las asociaciones a las que representan para buscar cierta independencia, tienen una retribución fija de 3.375 euros al mes en doce pagas más un extra por reunión de 1.390 euros, además de algunos bonus por reuniones no agendadas. La patronal y los sindicatos plantearon al Ministerio la voluntad de que las retribuciones definidas las cobre la asociación (empresarial o sindical) con carácter de institución en vez de la persona nombrada para el cargo.
Las elecciones de verano de 2023 obligaron a aprobar el reglamento de forma exprés y de forma incompleta, a la vista de las modificaciones, apuntes y mejoras a las que se ha debido someter el texto en el último año ahora con la ministra Saiz.
En junio, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tuvo que cambiar el texto para aplazar el momento en el que cobrarán los miembros de la Comisión de Control Especial. Paradójicamente, el sueldo de los consejeros se repercute sobre el patrimonio de estos fondos públicos de empleo que manejarán las gestoras, incluso si el ahorro es nulo como ocurre en la actualidad. Así, el departamento de pensiones tuvo que rectificar para establecer que los consejeros podrán cobrar solo cuando el patrimonio conjunto de dichos fondos alcance los 1000 millones de euros y mientras se mantenga dicho importe. Antes, sin dinero no se les podía pagar y no podían reunirse.
Otro error legal paraliza la puesta en marcha de este proyecto: el reglamento de planes y fondos de pensiones no recoge de forma expresa la posibilidad de comercializar planes de empleo en el ámbito empresarial. Esta figura sería vital para conseguir que cale entre el tejido empresarial más allá de su concepción en los convenios colectivos.
Según se desprende la memoria justificativa de la licitación pública, que firma la secretaría de Estado de pensiones, el patrimonio previsto en este instrumento de ahorro generado por las aportaciones de aquellas empresas que se sumen al plan que promoverá el Estado será de 4.000 millones de euros en cinco años. Como ya se ha indicado las gestoras ganadoras del concurso fueron Caser Pensiones, Santander Asset Mangement, Ibercaja Pensión, VidaCaixa y BBVA.
La plataforma digital común, que es el servicio informativo para los usuarios y los promotores de los planes, está lista para ser lanzada desde comienzos de año. Sin embargo, los mencionados lastres encontrados en el camino, además de una cierta inacción del Gobierno, están complicando el inicio del ahorro: ya lleva siete meses. Deberán alcanzar unos ambiciosos objetivos las citadas gestoras durante el próximo lustro, una vez eche a andar el proyecto que integrará planes de pensiones simplificados, con especial atención a los planes sectoriales, a las pymes y a los autónomos.
Fuera del fondo público, la maquinaria de los nuevos planes de pensiones parece engrasar tras aumentar el número de partícipes en 337.000 en el primer trimestre del curso, según datos de Inverco. Estos ahorradores provienen mayormente del sector de la construcción. Los planes de empleo acumulan ya algo más de 2,4 millones de personas y el objetivo son 10 millones de ahorradores. Para ello deberán incorporar a varios negocios: el metal, la hostelería, grandes almacenes o agencias de viajes.
El mayor plan de pensiones de empleo de España, el de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), que cuenta con medio millón de empleados del sector público que no reciben aportaciones desde 2011. El objetivo de recuperar este plan por parte de Escrivá está de nuevo paralizado y, de hecho, depende más de Hacienda que de su actual cartera, Función Pública. Con su desbloqueo, además de aumentar el patrimonio de los planes de empleo, se podrían sumar hasta 1,5 millones de empleados del sector público.
Fuente: El Economista El fondo público de pensiones, paralizado siete meses después por la retribución de sus consejeros (eleconomista.es)
