El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lleva semanas diciendo que el acuerdo sobre la reforma de las pensiones, que está negociando con sindicatos y patronales, es «inminente» y una cuestión de días. Que solo quedan flecos, la letra pequeña del texto final, que debe estudiarse con detenimiento por todas las partes por una cuestión técnica, pero que el trato ya está hecho.
El ministro se adelantó hace un mes a asegurar que el acuerdo sobre el denominado Bloque 1 de la reforma de las pensiones estaría listo en junio, para unos días más tarde recular a que “como muy tarde en julio” debería llegar al Congreso de los Diputados. Lo que está claro es que los agentes sociales deberían llegar a un acuerdo antes de verano, para que el primer paquete de medidas pudiese ser aprobado por la Cámara a la vuelta de vacaciones y cumplir así con los plazos comprometidos con Bruselas.
“Este primer paquete de modernización del sistema de pensiones tiene que estar aprobado a finales de este año, según nos comprometidos en el Plan de Recuperación enviado a Europa”, recordaba Escrivá, por lo que insinuaba que el acuerdo no se puede retrasar mucho más tiempo.
Una semana más, el ministro José Luis Escrivá sigue “en sus trece” de mantener que el acuerdo de pensiones es “inminente”. Una declaración insistentemente repetida, que invitaría al optimismo si no llega a ser porque lleva casi un mes asegurando que ya queda muy poco para que el texto se lleve al Congreso de los Diputados. “Ya solo queda perfilar con los agentes sociales la letra super pequeña”, decía asegurando que el “marco programático“, es decir, los acuerdos base de la reforma como la revalorización de las pensiones conforme al IPC o los mecanismos para igualar la edad de jubilación legal a la real, ya estaban pactados. “El acuerdo es inminente, ¿qué quiere que le diga?”, se ha defendido el ministro.
Todo apunta a que la eliminación del famoso factor de sostenibilidad, es la razón de fondo que podría estar retrasando las negociaciones.
El factor de sostenibilidad es un mecanismo aprobado en la reforma de las pensiones de 2013 que provocó protestas masivas de los jubilados contra «las pensiones de miseria». El mecanismo vinculaba automáticamente las pensiones iniciales al incremento de la esperanza de vida, para que ante la previsión de que los jubilados pasen cada vez más años cobrando su prestación, esta sea menos generosa y así evitar vaciar las cuentas del sistema.
Dado que la esperanza de vida tiende a aumentar, el factor conseguía que la pensión de jubilación inicial de las próximas generaciones fuese reduciéndose en relación a las generaciones actuales y para una misma carrera laboral, pero con su aplicación, el sistema nunca dejaba de ser solvente. Era algo que los expertos criticaban porque estimaban podía llevar a los pensionistas a perder unos 350 euros mensuales respecto a un escenario sin reforma. Otros cálculos, como del BBVA, hablaban también de una rebaja de la pensión inicial del 0,47% de media ya el primer año, mientras que los sindicatos ampliaban esta pérdida al 0,7%.
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El compromiso de derogar este factor era firme, pero según fuentes cercanas a la negociación, el Gobierno ha condicionado ahora su eliminación a la puesta en marcha de un mecanismo intergeneracional que lo sustituya, que según el calendario no se aprobaría hasta 2022.
Este es un punto clave para los sindicatos, que llevan tiempo exigiendo su derogación, y que ahora podría estar retrasando el acuerdo. En concreto, CCOO defiende que sin su eliminación no firmarán nada. “Si no se deroga el factor de sostenibilidad, no firmamos el acuerdo de pensiones”, han declarado fuentes del sindicato. Desde UGT mantienen la misma posición. “Lo del factor de sostenibilidad era ya algo acordado, yo no entiendo qué está pasando. Lo más importante a corto plazo, está cerrado, deberíamos seguir adelante”, opinan desde el sindicato.
«Ese es el escollo: al principio decían que sí, dábamos por supuesto que existía el compromiso de negociar en un plazo determinado alguna otra fórmula diferente a la actual pero que se derogaba ahora y parecía que sin problemas, pero ahora el Gobierno dice que no es así y que se dejará para la segunda parte. Pero a nosotros nos dijeron que se haría ahora. Nosotros acordamos que ahora se derogaba la reforma de 2013 al completo, lo que implica la derogación del índice de revalorización del PP y volver a 2011, cuando se vinculaba al IPC, y la derogación del sector de sostenibilidad. Y en un plazo de un año se negociaría un nuevo factor. Ese era el acuerdo» explican los sindicatos.
De su lado, desde el departamento de Escrivá mantienen que en ningún momento estuvo previsto que el factor de sostenibilidad se derogase ni que se crease un nuevo mecanismo en esta primera fase del acuerdo (la reforma de las pensiones va a llevarse a cabo en dos bloques, mediante ese primer acuerdo «inminente» que recoge parte de las medidas y mediante un segundo que se negociará y aprobará durante la segunda mitad de este año). En la presentación que Escrivá llevó a cabo el 12 de abril en el seno del Pacto de Toledo se recoge así, es decir, que la derogación del factor de sostenibilidad era parte del segundo bloque.
Así, en la Seguridad Social recalcan que desde el primer momento existe el compromiso de derogar el factor de sostenibilidad, que no gusta al Gobierno, y que se ha incluido así en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas. También por eso mantienen que persiguen la creación de un mecanismo de equidad intergeneracional que tenga en cuenta las previsiones demográficas, pero que sea justo, porque el actual es «muy poco equitativo» y sus efectos son «muy duros». Pero niegan que el ministro se comprometiera en ningún momento a derogarlo ahora, como parte del primer paquete de medidas, en parte porque ahora mismo ese mecanismo no se aplica, puesto que se retrasó su aplicación hasta enero de 2023, de manera que no tendría sentido terminar con él ahora.