El Gobierno español tiene prevista una reforma en la estructura de los subsidios por desempleo, que afectaría a aproximadamente 800.000 personas que actualmente reciben ayudas no contributivas por desempleo (subsidio para mayores de 52, subsidio por cotización insuficiente, ayuda familiar, etc).
La reforma busca simplificar y unificar el sistema de subsidios y formaba parte del Plan de Recuperación y que debía haberse implementado a finales del año pasado. El modelo de subsidios decrecientes ya se aplica en la mayoría de los países europeos y es recomendado por la OCDE. Pero el compromiso que adquirió el Gobierno con el plan de Resiliencia enviado a Bruselas (componente 23), mencionaba la necesidad de unificar y simplificar el sistema de subsidios, pero en ningún momento hacía referencia a unos importes menguantes. Pero al parecer estos cambios están reflejados de una manera muy genérica en el pacto PSOE-Sumar.
Existen dos formas principales de implementarlo: una reducción muy gradual de la cuantía, como en Italia, o disminuciones más marcadas, como en Alemania, ambas con el objetivo de incentivar la reincorporación al trabajo.
Aún no hay un modelo cerrado para los cambios en los subsidios y no tendrán que ser necesariamente de reducción gradual, pero el Gobierno ha admitido que la reforma de los subsidios será “una de las primeras reformas” del nuevo Ejecutivo, que pretender “mejorar los derechos de los desempleados” y no “estigmatizar a nadie
Las posibles reformas serán:
- Cambio gradual en la cuantía del subsidio por desempleo: La cuantía actual de los subsidios de desempleo se sitúa en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que implica que es de unos 480 euros mensuales en 2023. La reforma modificará la distribución del pago, ofreciendo una cantidad mayor al principio y disminuyendo progresivamente con el tiempo propuesta pero mantendrá la cantidad total recibida a lo largo de toda la duración del subsidio. Así, la reforma trata de que cada vez se va cobrando menos y pretende así incentivar la reincorporación al mercado laboral de los subsidiados.
- Trabajar mientras se cobra el subsidio por desempleo: Se introducirá la posibilidad de que los desempleados puedan seguir recibiendo el subsidio mientras trabajan, incluso a tiempo completo. La cuantía del subsidio será un complemento al salario. Sin embargo, esto conllevará ajustes en el IRPF, ya que el ingreso provendría de dos fuentes: el SEPE y el empleador, lo que podría implicar una mayor contribución en la declaración de la renta anual.
- La reforma se complementará con mejoras en las políticas activas de empleo, incluyendo un aumento en el número de orientadores laborales para proporcionar un seguimiento más personalizado. Se busca así reforzar el compromiso de los desempleados con la búsqueda activa de empleo, en lo que se denomina protección activa.
Tanto CCOO como UGT se han apresurado a recordar al Gobierno que cualquier cambio en este sentido debe realizarse “en el marco del diálogo social”, y no mediante un pacto con Bruselas. Ambos sindicatos advierten al Ejecutivo contra cualquier intento de legislar de manera unilateral respecto a los subsidios por desempleo.
UGT ha mostrado su oposición “clara y rotunda” a que “se empiece a construir la casa por el tejado”, porque “el problema grave no son los subsidios, que son escasos e infinitamente inferiores a los del resto de países de la UE, sino los servicios de empleo”, que no funcionan correctamente. UGT ha enfatizado que antes de entrar en debates sobre la estructura de los subsidios, es crucial abordar la mejora en los servicios de intermediación laboral. Según su visión, el “problema grave” no radica en los subsidios, sino en la eficacia de los servicios de empleo que deben facilitar la reincorporación de los desempleados al mercado de trabajo. El sindicato se muestra abierto a discutir las propuestas del Gobierno, pero con la condición de que se ponga el foco en el funcionamiento de los servicios de intermediación laboral.
