El proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo ha superado este jueves 24 de marzo su primera votación en el Pleno del Congreso rechazando la enmienda de totalidad defendida por el BNG, y apoyada por Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís, que pretendían devolver el texto al Gobierno. Ahora se abre un plazo para presentar enmiendas por parte de los grupos, algunas de las cuales el Gobierno puede verse obligado a aceptar para sacar adelante la ley.
LO QUE DICEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS
En su intervención para defender su proyecto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha esgrimido que la ley «en absoluto menoscaba» el sistema público, y ha defendido esta reforma como contrapeso a un sistema de planes de pensiones individuales que ve regresivo, por segregar su acceso entre la población con mayores ingresos.
El BNG ha justificado su rechazo a la reforma al considerar que abre el camino para la sustitución del sistema público a uno de capitalización bajo gestión privado, y critica que se destinen esfuerzos para fomentar esta fórmula en lugar de fortalecer las pensiones públicas con más recursos.
Por el PSOE, la exministra Magdalena Valerio, ha recordado que el impulso a estos planes es una recomendación del propio Pacto de Toledo, y que la reforma busca dar más transparencia y control público a los mismos, mientras que Isa Franco, de Unidas Podemos, ha rechazado que exista un apoyo público a estos planes, pese a que luego ha criticado que se contemplen exenciones fiscales y de cotizaciones para fomentarlos.
El PP y Vox han criticado que la apuesta por los planes de empresa ha ido en detrimento de los planes individuales, cuyas aportaciones han visto rebajadas sus desgravaciones en los últimos Presupuestos. El portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Cabezón, ha señalado que, precisamente ahora con la inflación en niveles tan elevados, no es el mejor momento en todo caso para fomentar el ahorro, mientras que Pablo Sáez, de Vox, ha instado a aprobar también exenciones para las empresas en el Impuesto sobre Sociedades.
La portavoz económica de Cs, María Muñoz, ha criticado el esquema de gobernanza planteada por el Ejecutivo, que da el control al Ejecutivo, y también pondere «cuestiones extraeconómicas» a la hora de decidir las inversiones del fondo.
Jordi Salvador (ERC) ha expresado que «No estamos en contra de estos planes, pero no tenemos por qué pagarlos los demás», preguntándose por qué es necesario «potenciar un producto financiero», mientras que la CUP advertía de una mayor discriminación entre sectores productivos, ya existente en materia salarial, y por tanto en pensiones, y ahora en las pensiones complementarias.
EH-Bildu, a través de su diputado Iñaki Ruiz de Pinedo, ha puesto cifras al apoyo público a estos fondos y a los recursos que la Seguridad Social dejará de ingresar ya que, de ponerse en marcha ya mismo, las exenciones previstas supondrían 830 millones de euros con los planes vigentes, pudiendo aumentar hasta 4.000 mllones al año de lograr los objetivos previstos. «Esto es un muy mal negocio para los trabajadores», ha concluido.
LO QUE DICEN LOS EXPERTOS
Con todo, tal y como reza ahora. En la actualidad, únicamente un 10,2 %de los trabajadores cuenta con un plan de empleo de empresa. En el texto de la Ley los nuevos planes tienen como objetivo que los autónomos, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, funcionarios y rentas medias y bajas puedan acceder a estos instrumentos de ahorro para la jubilación e implica el nacimiento de dos nuevos instrumentos:
-Fondos de pensiones de empleo de impulso público, bajo el control del Gobierno pero con gestoras privadas que serán seleccionadas mediante concurso público. El aliciente serán las comisiones bajas, en torno al 0,3%.
-Planes de pensiones de empleo simplificados, dirigidos a pymes, empresas públicas y autónomos, cuya creación depende de la negociación colectiva y donde el convenio del sector es clave: bastará con que la pyme o autónomo se adscriba al plan simplificado de su sector.
No obstante, Inverco, Unespa, empresas, expertos y organizaciones de autónomos critican con dureza estos planes de empleo y aseguran que la Ley nace coja, ya que no cuenta con el respaldo de los agentes sociales y además, para su fomento, el Gobierno ha propinado un hachazo a los planes individuales, cuando ambos sistemas son compatibles. Asimismo, denuncian los incentivos fiscales insuficientes tanto para los asalariados (reducción de la base en el IRPF de un máximo de 10.000 euros anuales, juntando plan de empleo e individual) como para los autónomos (tope de 5.750 euros deducibles al año) y las empresas, cuyo incentivo será el de no cotizar a la Seguridad Social por las contribuciones que hagan, pero con el límite de 115 euros al mes por empleado (o 1.380 euros al año).
El Ministerio de Seguridad Social asegura que los nuevos planes de pensiones de empleo tendrán «importantes incentivos para el trabajador, que podrá aportar más de lo que lo hace la empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial. Su aportación máxima se define por tramos y reduce en su base imponible a tipo marginal del IRPF (un 30% para el trabajador medio), con lo que se favorece a las rentas medias».
No obstante, el hecho de que la aportación máxima se establezca por tramos introduce una complejidad innecesaria, al decir de algunos expertos. Y, en la práctica, resultará casi imposible que un asalariado pueda lograr la deducción máxima de 10.000 euros anuales, combinando plan de empleo e individual.
Si se aprueba tal como está redactado, el proyecto de Ley reinstaurará la exención de cuotas de las empresas a la Seguridad Social por sus aportaciones al fondo de pensiones, pero con un límite de 115 euros mensuales por empleado o 1.380 euros anuales. Este tope es muy criticado por fuentes empresariales, que señalan que en estos fondos el Estado no aporta dinero, sino que los recursos los ponen el trabajador y las empresas.
La patronal del seguro Unespa es muy crítica respecto a los incentivos en materia de cotizaciones sociales para promover la implantación de los esquemas de ahorro colectivos. «Los importes que resultan de la fórmula propuesta en el proyecto de Ley son deducciones de la base de cotización, por lo que su efecto en los costes salariales es mucho menor», explica.
La industria aseguradora considera que estas deducciones «resultarán insuficientes» para generalizar el ahorro en el ámbito de las relaciones laborales, al tiempo que señala que estos incentivos son «significativamente inferiores» a los que se aplicaron en el pasado.
Mariano Jiménez , presidente de OCOPEN, valora de manera positiva que se haya recuperado, aunque sea parcialmente y con un límite todavía discreto (1.380 euros por trabajador y año), la no cotización a la Seguridad Social de las contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo, así como el aumento del límite de aportación y deducción para los autónomos hasta 5.750 euros. «A pesar de estos avances, se echa en falta un incentivo adicional para las empresas en el Impuesto de Sociedades tal como existió hasta el año 2012, aunque todavía hay esperanzas de que se puedan introducir cambios en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley».
Celia Ferrero, vicepresidenta de la federación de autónomos ATA, explicaba recientemente que los planes de empleo de promoción pública así como los planes simplificados para autónomos «nacen prácticamente muertos, ya que no tienen el respaldo de los agentes sociales ni de las organizaciones de autónomos que deberían promoverlos; no existen incentivos fiscales suficientes y, en el caso de los autónomos, existe una clara discriminación respecto a los asalariados ya que las deducciones fiscales son inferiores y no tendremos las bonificaciones de la cuota empresarial que sí tienen las empresas por hacer que sus trabajadores se adhieran a planes de pensiones».
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su último informe, critica la «asimetría» de trato entre los planes individuales y de empleo», alertando de su «inequidad regulatoria y fiscal . La nueva Ley «podría dejar desprotegida a una parte potencialmente importante de la población, que quedaría sin acceso a instrumentos competitivos de ahorro previsional, al menos durante algunos años, mientras el sistema de empleo se extiende y se perfecciona su regulación», advierte
Enrique Devesa , profesor de Economía Financiera en la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, indica que la escasez de ventajas fiscales está condicionada porque la empresa tenga un verdadero incentivo para hacer aportaciones y aún no está claro si será así.
José Antonio Herce, economista experto en pensiones y previsión social indica que tanto los fondos públicos de empleo como los planes de empleo simplificados son una novedad que debe ser bienvenida porque la previsión social complementaria en España está estancada. En cuanto al aspecto fiscal, los asalariados se pueden deducir hasta 8.500 euros y además podrían deducir otros 1.500 en planes individuales, hasta completar un tope de 10.000 euros, pero el tema de los asalariados tiene un truco, y es que estos no pueden aportar más de dos o dos veces y medio más que lo que aporten sus empleadores hasta un límite, y la realidad es que es muy difícil que los empleadores aporten mucho más de 500 o 1.000 euros al año». En cambio, los autónomos que suscriban los nuevos planes simplificados, que no dependen de la poca o mucha generosidad de una empresa y por tanto, podrían ahorrar el máximo establecido por la Ley, tan solo podrán deducir un máximo de 5.750 euros al año entre el plan de empleo y el individual.
LO QUE DICEN LOS PENSIONISTAS
Las plataformas de Pensionistas de los Pueblos y Comunidades del Estado exigen la retirada del Proyecto de ley para el Fomento de los Planes de Pensiones de Empleo. En un comunicado conjunto, estas plataformas han denunciado que este proyecto empobrece las pensiones públicas y abre la puerta a su privatización.
Desde su punto de vista, con este proyecto de ley, se pretende una extensión «más amplia que la actual» de estos planes privados complementarios de pensiones, impulsada, pero no avalada, desde la administración del Estado y a través de la negociación colectiva sectorial. En su opinión, la gestión de los planes se va a entregar posteriormente a entidades financieras, aseguradoras privadas y a los mismos «agentes sociales» que firmarán los convenios colectivos y que formarán parte también de la Comisión de control.
Para ello, y tal y como han explicado, el proyecto contempla que entre toda la ciudadanía se costee su puesta en marcha con aportaciones iniciales públicas, incrementando las desgravaciones fiscales y con descuentos a las empresas en las cotizaciones a la Seguridad Social, hasta de 400 euros anuales. Además, se entregará una parte de las aportaciones sociales, a un sistema privado «individualista de capitalización, que cubrirá sólo a las personas que en su vida laboral han podido hacer aportaciones, y dejará fuera a amplias capas de población más desfavorecidas, con empleos en sectores más precarizados o empobrecidos, mujeres muy especialmente.
A juicio de estos colectivos, los planes privados de empleo o empresa que hay funcionando desde hace años, han demostrado «una gran incertidumbre y su escasa rentabilidad», al estar sometidos a los vaivenes de los mercados financieros en los que se invierten; de ahí, su estancamiento en cuanto a nuevas suscripciones en los últimos años. Sin embargo, han añadido, «se vende el atractivo de que se conseguirá un complemento a la pensión pública, ocultando que al descontar de la base de cotización las aportaciones que se hagan a estos planes de empleo, la pensión pública será menor en el momento de calcularla para la jubilación» han criticado.
Los pensionistas han afirmado también que estos planes de pensiones de empleo, que no garantizan la recuperación de la inversión y aún menos su rentabilidad, supondrán el inicio de la privatización del Sistema Público de Pensiones, debilitándolo y poniéndolo en peligro, beneficiando únicamente a las grandes entidades financieras privadas, que verán aumentar su negocio en miles de millones de euros.
Por tanto, y tal y como han acordado en su comunicado conjunto un Proyecto de Ley de esta importancia no debe ser tramitado con carácter de urgencia, ya que requiere un debate social donde «se cuente la verdad a la ciudadanía, sin amenazas, chantajes ni urgencias parlamentarias».
Por todo ello, exigen al Gobierno y al resto de partidos que no apoyen este proyecto de ley porque el actual Gobierno pretende convertir el derecho a las pensiones dignas (artículo 50 de la Constitución Española) en «un negocio privado».
