PGE 2023: El Estado dedicará casi 40.000 millones de impuestos para “rescatar” a la Seguridad Social

La diferencia entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones se ensancha un 11% tras la revalorización.

El Estado tendrá que inyectar 38.612 millones de euros procedentes de sus ingresos para tapar el agujero que dejará en las cuentas de la Seguridad Social el pago de las pensiones. Estos casi 39.000 millones de euros son la diferencia entre los ingresos por cotizaciones sociales de los trabajadores (que son la base fundamental del sistema de pensiones) y el gasto total en pensiones, que se elevará un 11,4% tras la revalorización con el IPC.

Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados, la Seguridad Social ingresará 152.075 millones de euros en cotizaciones sociales el año próximo (un 11,5% más que en 2022). El Estado espera obtener más ingresos en cotizaciones por el aumento de las bases máximas y por el avance del empleo, que confía en que se prolongue también en 2023. Sin embargo, el organismo que dirige José Luis Escrivá tendrá que hacer frente a una factura en concepto de pensiones que se elevará hasta los 190.687 millones (un 11,4% más tras la revalorización) y que se comerá el 39% de todo el gasto previsto en las cuentas públicas.

Interrogada sobre la cuestión de las pensiones, Montero ha defendido que la revalorización “se ha pactado por ley” y ha destacado también que las subidas del SMI y el auge en la contratación indefinida permitirán soportar el coste sin debilitar el sistema. Además, ha cargado contra quienes, ha dicho, intentan enfrentar a jóvenes y pensionistas. “Mala política se hace de intentar enfrentar las generaciones. Los jóvenes de nuestro país quieren que los abuelos no vean empeorado su nivel de vida”, ha resumido.

Lo cierto es que la subida de las pensiones ha ensanchado la diferencia entre ingresos por cotizaciones sociales y el gasto en estas prestaciones en un 11% (3.817 millones más). Esta brecha es lo que se conoce como déficit contributivo. Para tapar este agujero y que la Seguridad Social no quede en números rojos, el Estado recurrirá a varias fórmulas. Por un lado, el Gobierno inyectará 19.888 millones para “garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo” (un 8,1% más que en 2022). También transferirá a la Seguridad Social 7.261 millones para pagar complementos a las pensiones mínimas (un 3% más) y, además, aportará otros 3.003 adicionales para sufragar las pensiones no contributivas (un 8,3% más).

Como estas cuantías no son suficientes para cubrir el gasto en pensiones y el resto de prestaciones que proporciona la Seguridad Social (ingreso mínimo vital, incapacidades temporales, dependencia…) el Estado aportará también un crédito de 10.004 millones “para equilibrar, presupuestariamente, las cuentas de la Seguridad Social”. Sin este préstamo, la Seguridad Social tendría un déficit de 7.199 millones de euros aun con las transferencias restantes del Estado.

El dinero que transfiere el Estado a la Seguridad Social procede fundamentalmente de los ingresos que obtiene de los impuestos y, en el caso del crédito, del endeudamiento público. Unos recursos que dejan de invertirse en otras políticas de gasto.

En total, el Gobierno ha dotado a la Seguridad Social con un presupuesto de 204.208 millones de euros, un incremento de 23.127 millones en comparación con el ejercicio anterior (13% más). Las pensiones contributivas se llevan el grueso de este gasto. En concreto, se destinarán 166.777 millones a pagarlas (un 11,2% más que el año pasado). Por su parte, las pensiones no contributivas -las que reciben los ciudadanos en situación de necesidad, pero que no han cotizado lo suficiente- supondrán un coste de 2.803 millones (un 8,3% más) tras su revalorización también con el IPC.

Además, la Seguridad Social hará una aportación de 2.793 millones de euros para llenar la hucha de las pensiones procedente de la subida del 0,6% de las cotizaciones sociales prevista para 2023. Esta aportación a la hucha, la primera en los últimos 13 años, se hace en el marco del mecanismo de equidad intergeneracional con el que el Gobierno pretende garantizar que el sistema es sostenible a futuro. Una medida que la Comisión Europea deberá evaluar el año próximo y de cuyo visto bueno por Bruselas depende el desembolso de miles de millones de fondos europeos.

Fuente: 20 minutos

 

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