Tal como recoge el Libro Amarillo de los PGE 2023, tanto las pensiones contributivas como las no contributivas, así como las de Clases Pasivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) verán incrementada su cuantía en torno al 8,5%, que es el porcentaje que el Gobierno prevé que alcance el IPC medio anual (medido entre noviembre de 2022 y diciembre de 2021). Es decir, se afrontará el gasto de la revalorización más alta de la historia.
El proyecto de Ley de Presupuestos, presentado por Montero en el Congreso de los Diputados, deberá ser negociado con los socios de gobierno para poder sacarlo adelante, pero de antemano, los fondos destinados a pensiones aumentan 19.548 millones en 2023 (hasta los 190.687 millones). Una suma que incluye “la mayor dotación para las pensiones de clases pasivas (2.500 millones más respecto a 2022), así como los créditos para pensiones no contributivas y pensiones asistenciales”, según consigna textualmente el proyecto de Ley.
Las pensiones no contributivas son las que se conceden a las personas que, sin haber cumplido los requisitos de cotización necesarios, se encuentran en una situación de necesidad protegible y carecen de recursos suficientes para su subsistencia. Existen dos clases: de jubilación y de invalidez, y en ambas es preciso cumplir ciertos requisitos económicos (tope de ingresos mensuales) y de residencia (entre cinco y diez años viviendo en España), de edad o de discapacidad.
En España existen casi 447.000 pensiones no contributivas, cuya cuantía media ronda los 497 euros. Quienes reciben una paga no contributiva de jubilación cobran de media 478 euros al mes, en tanto que los perceptores de una pensión no contributiva de invalidez reciben 525 euros de media, según las estadísticas del IMSERSO.
Contando con que en 2023 se les aplique una subida del 8,5%, la cuantía básica de la pensión no contributiva de jubilación se situaría en 518,7 euros mensuales, es decir, un incremento de 40,6 euros sobre el importe que tienen en la actualidad. Y la no contributiva de invalidez alcanzaría los 570,26 euros tras un alza mensual de 44,6 euros.
La aportación del Estado para financiar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social cuenta con un crédito de 3.003 millones de euros (incluido País Vasco y Navarra). Este crédito permitirá atender el coste derivado de la variación del colectivo y del incremento de estas pensiones en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022.
Para las prestaciones no contributivas de protección a la familia se dedican 1.339 millones de euros, por debajo de lo presupuestado en 2022, ya que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha asumido el coste de las familias con hijos menores de 18 años sin discapacidad y a cargo de los beneficiarios.
