Los Presupuestos de 2022 contemplan el mayor gasto público de la historia, 458.970 millones, y para acometer dichos gastos el Gobierno se apoya en las transferencias de la UE (fundamentalmente los Fondos de Recuperación Next Generation) con un importe de unos 27.000 millones en 2022 y en el incremento de impuestos que abonan los ciudadanos de unos 15.000 millones, y eso, sin contar las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social (“el impuesto al trabajo”) que aumentarán 11.201 millones el próximo año, el 9%, hasta 136.345 millones totales.
2022
GASTOS: 587.123 millones
INGRESOS : 522.762 millones
El documento enviado a Bruselas promete que 2022 será un año de ingresos públicos récord tanto en impuestos como en cotizaciones sociales. Un logro para el que prácticamente no hay medidas que básicamente se fía al buen tono de la recuperación. El plan presupuestario enviado a la UE se basa, por tanto, en la proyección de que el PIB español, que en 2020 cedió un 10,8%, rebotará un 6,5% este año (7,8% en términos nominales) y aumentará un 7% (8,6% nominal) en 2022, superando los niveles precrisis y cerrando en 1.312.554 millones
El principal impuesto que pagamos todos los ciudadanos es el IRPF, tanto por las retenciones en nóminas y pensiones como en la declaración anual. La Hacienda estatal prevé un incremento de recaudación de 6.329 millones respecto a la estimada para 2021, un 6,7%, hasta 100.132 millones.
El segundo por importancia recaudatoria es el IVA, que pagamos todos al adquirir todo tipo de bienes y servicios. En este caso, el aumento al que tendremos que hacer frente es del 9,5%, 6.552 millones, hasta un total de 75.651 millones.
El incremento tributario se completa con otras figuras tributarias: los impuestos especiales que debemos abonar al llenar el depósito del coche, al pagar la factura de la luz (el famoso impuesto de la electricidad, suprimido temporalmente pero que volverá a estar vigente en 2022) o al comprar tabaco y alcohol; las tasas por los servicios de la administración; los impuestos medioambientales que se repercuten al consumidor final; y el impuesto de la renta de los ciudadanos no residentes. En total, los citados 15.000 millones.
Aun así, no será suficiente para tapar el agujero creciente de las pensiones, por lo que el Estado hará una transferencia récord de 36.227 millones a la Seguridad Social para poder pagarlas con el incremento del IPC anunciado. Esta transferencia de, en números redondos, 36.300 millones de euros del Estado a la Seguridad Social es para que así los contribuyentes se hagan cargo a través de los impuestos de los gastos supuestamente impropios del sistema de pensiones. Incluso, a pesar de esta transferencia récord, el Gobierno tendrá que habilitar un nuevo préstamo a la Seguridad Social que ascenderá a 7.000 millones, cifra que irá directamente a engrosar la deuda del sistema, que ya supera los 90.000 millones de euros.
Puede considerarse en primera lectura que esta transferencia es un simple ajuste contable aparentemente inocente entre cuentas de los ingresos y gastos del Estado (incluyendo los correspondientes a la Seguridad Social), pero esconde, en el fondo, una enorme transferencia de dinero desde el conjunto de los contribuyentes españoles a los pensionistas vascos y navarros pues el País Vasco y Navarra tienen su propio sistema de financiación que les da potestad para gestionar su propio régimen tributario. Esto implica “la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de la mayoría de los impuestos estatales (actualmente todos, excepto los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido)“, según explica la propia Agencia Tributaria Estatal. Se ocupan así de la recaudación de estos impuestos y, a cambio, contribuyen a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas mediante un “cupo” o “aportación”. De esta forma, País Vasco y Navarra se benefician de la transferencia que el Estado hace a la Seguridad Social, ya que este dinero se utiliza para pagar las pensiones en sus territorios a pensionistas vascos y navarros, pero la financiación procede del pago de impuestos del resto de españoles.
Por el contrario, la Seguridad Social es una Administración que obtiene ingresos y distribuye sus gastos entre TODOS los cotizantes al sistema españoles, incluyendo vascos y navarros. Como la Seguridad Social es, en teoría, una Administración contablemente cerrada, si los gastos superan a los ingresos no queda otro remedio que recortar gastos entre todos los pensionistas (incluyendo los vascos y navarros) o aumentar ingresos entre todos los cotizantes (incluyendo los vascos y navarros).
Es decir, los PGE de los que se nutren los 36.300 millones de euros a la Seguridad Social, no son sufragados por los contribuyentes vascos y navarros pues sus impuestos se gestionan a través de sus Haciendas forales y a a través de la Hacienda estatal (salvo a través del cupo, cuya cuantía apenas será objeto de revisión en función de esta transferencia extra), de modo que serán los contribuyentes del resto de España quienes eximirán a los pensionistas vascos y navarros de su parte proporcional de los impuestos de los que se nutren esas transferencias de impuestos.
Actualmente, hay en España 9,9 millones de pensionistas (566.000 en el País Vasco y 140.000 en Navarra). Si hubiese que distribuir entre todos los pensionistas españoles la transferencia de 36.300 millones de euros hablaríamos de una repercusión media de unos 3.670 euros por pensionista y año y, por lo tanto, una repercusión acumulada de 2.100 millones para el País Vasco y 500 millones para Navarra.
En el caso de las pensiones de jubilación, que en el país son un total de 6,18 millones, en el País Vasco residen un total de 371.600 pensionistas jubilados -con una pensión media de 1.463 euros-, y en Navarra son 94.700 con una pensión media de 1.346 euros.
Por otra parte, en España hay 19,4 millones de cotizantes (960.000 en el País Vasco y 290.000 en Navarra), de modo que si distribuyéramos la transferencia entre todos ellos, el reparto medio entre los cotizantes españoles sería de 1.870 euros , lo que comporta unos importes acumulados de unos 1.800 millones de euros para el País Vasco y unos 540 millones de euros para Navarra.
Teniendo en cuanta que el cupo vasco ronda los 1.400 millones y el cupo navarro los 500 millones podemos hacernos una idea de la magnitud de este ‘regalo’ a costa de los contribuyentes del resto de España: en esencia, se les devuelve todo lo aportado por el cupo más un extra. Se trata, pues, de un subsidio puro y duro buscando el apoyo parlamentario del PNV a los PGE del Gobierno de coalición.
