«Estamos en niveles de empleo similares a los previos a la pandemia. En la crisis financiera de 2008 se tardaron cerca de 12 años en recuperarlos». Es la coletilla con la que desde hace meses el Gobierno defiende el vigoroso repunte de la actividad económica y del mercado laboral sobre el que se ha basado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que esta semana ha entrado en el Congreso para su tramitación parlamentaria. La ministra de Economía, Nadia Calviño, también ha repetido hasta la saciedad que antes de fin de año se recuperarían los niveles previos a la pandemia, confiada en el tirón del consumo y en la reactivación de los negocios tras la caída de las restricciones. Una mejor salud económica que ayudará, según indican, a mantener las nuevas contrataciones, confiando además en que los empresarios van a ir reincorporando poco a poco a los 239.230 trabajadores que a cierre de septiembre aún permanecían en ERTE.
Bajo esta premisa de que la reactivación del mercado laboral -el paro acumuló en septiembre siete meses consecutivos de descensos, en los que el registro total ha disminuido en 750.987 personas- continuará en 2022, las nuevas cuentas públicas fijan un recorte de casi el 8% en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En total, 29.121 millones de euros, frente a los más de 31.000 millones dotados para este año
De esa cifra global, 22.093 millones de euros se han reservado para el pago de prestaciones por desempleo (sin contar con lo que se destinará a políticas activas). La cifra implica que el Estado se gastará casi 2.600 millones de euros menos que lo previsto para este año, ante la previsión de «una menor necesidad de protección de los trabajadores».
Para cumplir ese objetivo, las estimaciones con las que ha trabajado el Gobierno para elaborar su nueva hoja de ruta de ingresos y gastos también tendrán que consumarse. Y aún persisten muchas dudas en torno a este punto. El último en sacarlas a la relucir ha sido el Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que la economía española crecerá un 6,4% en 2022. Una cifra lo suficientemente potente como para demostrar que la recuperación está en marcha, pero que se queda por debajo del 7% que anticipa el Ejecutivo.
Como efecto colateral, lo mismo ocurre con la estimación para el empleo. Mientras Trabajo considera que la tasa de paro bajará al 14,1% el próximo año, el FMI aún sitúa la cifra en el 14,78%.
Bonificaciones
Hay que tener en cuenta que los Presupuestos también incluyen una partida de 7.648 millones para políticas de fomento del empleo, sumando los fondos europeos que se destinarán a esta partida.
De esa cifra, habrá 3.594 millones para incentivar a los empresarios a la contratación (el resto se destina a la formación profesional para el empleo) y, de ese dinero, 1.798 millones servirán para aplicar bonificaciones directas, por encima de los 1.655 millones que se presupuestaron para este ejercicio. «Con ello se busca favorecer la creación de empleo de los colectivos con mayores dificultades de acceso, entre los que se encuentran las víctimas de violencia de género, los jóvenes y los mayores de 45 años o las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social», reza el texto presupuestario.
En total, se estima que 677.692 personas se beneficiarán de este empujón para contratar. Los autónomos serán los mejor parados en este sentido, con una previsión de que hasta 316.800 contratos en el sector sean bonificados.
Otra cifra destacada en el desglose presupuestario es la de los 15.840 contratos que serán bonificados por cambiar de temporal a indefinidos, en plena negociación entre Gobierno y agentes sociales para culminar la reforma laboral. La última propuesta de Trabajo apunta a limitar los contratos temporales en las empresas al 15% de la plantilla.
Fuente: Hoy
