Cada vez más voces alertan: la sociedad española no está siendo justa con sus jóvenes.
¿El peso (fiscal) de las pensiones terminará asfixiándoles?
Nuestro sistema público de reparto tiene un problema de origen pues se apoya en dos paradojas irresolubles que le abocan a una inestabilidad continua: ya se sabe que las cotizaciones de ahora van dirigidas a pagar las pensiones de los de ahora, pero, al mismo tiempo, el que cotiza está generando «un derecho» propio a futuro.
«Derechos»
Las pensiones son un sistema que rompe con la norma básica alrededor de la que está montado nuestro estado de bienestar. En prácticamente todas las demás prestaciones, cobramos del Estado en función de nuestras necesidades teóricas: si tienes muy poco, recibes más, sin importar cuánto se haya abonado en impuestos. Si se pagó mucho es porque se podía permitírselo pero lo que se recibes no tiene relación con lo que se aportó previamente.
Sin embargo en las pensiones contributivas comienza el juego de «yo puse más, quiero que me toque más». En teoría, sería más progresista coger el Presupuesto de la Seguridad Social y dividir: «Tantos miles de millones de gasto en prestaciones de jubilación; tantos millones de jubilados; la pensión será igual a… «. Se defiende de palabra un sistema «solidario», cuando en realidad sus integrantes lo que quieren es una capitalización encubierta.
Pero el sistema es cada vez menos contributivo, la denominada “reforma silenciosa de las pensiones”. Por un lado, porque poco a poco se están cargando la contributividad subiendo más las mínimas y no contributivas que el resto; y cobrando impuestos que no se traducen en «derechos» (en la última reforma, hubo tres: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la Cuota de Solidaridad y la subida de bases máximas por encima de la pensión máxima). Por otro lado, cada vez se exige más para pagar menos: edad de jubilación más elevada, más años de cotización, más recortes a los que se jubilen antes de la edad.
Hoy el sistema es más cercano al modelo beveridgiano –el Estado garantiza una suerte de renta de vejez igual para todos que se financia con los impuestos y son los impuestos los que “apoyan” a las cotizaciones insuficientes para hacer que el sistema sea «sostenible». Lo cierto es que ya de otra forma no puede dejar de ser, sin necesidad de apelar a falsas «huchas de pensiones» llenadas simplemente con deuda pública
Los más jóvenes
La mayoría sí sabe que el dinero que ahora pagan en cotizaciones no se ahorra, sino que se gasta de inmediato en las pensiones actuales. Por eso se dice que el sistema es un acuerdo solidario intergeneracional. Los jóvenes de ahora no piensan mal del sistema porque se hayan enterado de que es de reparto, los jóvenes desconfían porque sienten que ellos serán los últimos depositantes del banco quebrado y no cobrarán (o cobrarán sólo una parte de lo que les prometieron)
Creemos que estamos devengando un derecho frente al Estado, pero realmente lo que estamos devengando es la posibilidad de que el Estado nos dé lo que el Estado nos quiera dar. Ése es el único derecho que tenemos. Si mañana el Estado español decide que tenemos que jubilarnos a los 80 años o cobrar una pensión de 200 euros al mes, no podemos hacer nada. Ningún tribunal aceptaría nuestra demanda. Porque no tenemos derecho a nada. Lo único que tenemos es una promesa política.
Nuestros jubilados protestan en la calle y amenazan con sus votos: hablan de derechos y de lo que han contribuido, pero en el fondo actúan como un grupo de presión de manual: págame o dejo de votarte.
Los jóvenes están hartos pues saben que la promesa política que ahora les hacen vale de muy poco para su futuro. Claro que cobrarán una pensión, pero mucho menos generosa que la de sus padres.
Y ahí es cuando muchos rompen la baraja: «Yo no pago ahora porque me caigan muy bien estos viejecitos o porque esté deseando ayudarles. Pago sólo si sé que luego me pagarán a mí». El problema es cuando esto último no está asegurado y entonces salen corriendo a la frontera buscando un país con un esquema salarial con menos cotizaciones o se quedan en este pero intentando buscar todos los recovecos legales posibles (que nos hay) para cotizar menos.
Un debate “cruel”
Lo cierto es que éste es uno de los grandes puntos de fricción de la sociedad española. En un lado, los que dicen que los mayores se lo merecen, después de muchos años trabajando. En el otro, los que recuerdan que los sueldos de los jóvenes están subiendo mucho menos que las pensiones de los mayores; que, además, estos tienen ya una casa en propiedad; y que, por si fuera poco, muchas de las ayudas aprobadas en los últimos años están diseñadas específicamente para este colectivo (de los viajes del Imserso a los precios reducidos en el transporte o en muchos otros servicios).
Es un tema muy emocional. Además, nuestra posición depende mucho (aunque no siempre lo reconocemos en voz alta) del lugar en el que cada uno se posiciona en la suma-resta de impuestos-prestaciones. Sí, a los ancianos les preocupan los sueldos que cobran sus nietos… pero diles que vas a recortarles la pensión para aliviar algo la carga fiscal al trabajo en España. Y los jóvenes quieren a sus abuelos, pero explícales por qué un señor de 70 años con una pensión de 3.000 euros al mes tiene el transporte público gratuito mientras que un becario de 24 que gana 800 euros tiene que pagarse el Metrobús. En teoría, se comprenden; en la práctica, están enfrentados.
Por aquí dejamos algunos datos para el debate:
- El salario mediopara los menores de 25 años en España ascendía a 16.649 euros al año en 2023. Para el grupo de edad de 25 a 34, este salario medio alcanzaba los 24.138 euros al año.
- La pensión media de jubilación en el Régimen General para las nuevas altas ascendió en diciembre de 2024 a 1.678,98 al mes (brutos). En catorce pagas, esto supone una prestación anual de 23.505 euros.
Si tenemos en cuenta que muchos de estos jubilados ya tienen su casa pagada, es evidente que el coste de su día a día es más controlable que para esos jóvenes con un empleo. Y ya no digamos para los cientos de miles de veinteañeros que no tienen un trabajo: la tasa de paro entre los menores de 25 años sigue por encima del 25%. Es verdad que en los peores momentos de la crisis de 2008-2014 estuvo cerca del 60%, pero no lo es menos que sigue siendo una cifra muy elevada y que es complicado encontrar en los países europeos de nuestro entorno.
La otra clave del debate gira en torno a si merece la pena o no cotizar. Es decir, si va a haber pensiones públicas en el futuro para esos jóvenes que ahora están pagando las prestaciones del presente (porque de eso va el sistema de reparto). Y sí, pensiones públicas habrá casi con total seguridad (si no las hay, tenemos un problema muy grave) pero la pregunta no es ésa, sino las condiciones de acceso a las mismas (a qué edad de jubilación y con cuántos años cotizados para tener derecho a una prestación contributiva) y la generosidad en relación a los salarios.
En este sentido, otro dato: España es el país de Europa con una deuda implícita más elevada. ¿Qué quiere decir esta expresión: «deuda implícita»? Son los compromisos de pago que los políticos españoles han adquirido con sus ciudadanos, en forma de prestaciones a futuro. Se denomina «implícita» porque no está emitida, no es como un bono a diez años que el Tesoro coloca en el mercado.
Pero, aunque no haya un papel que diga «el Estado español se compromete a…», el compromiso de pago persiste. Casi podríamos decir que esta deuda es más obligatoria que la oficial. Pues bien, España debe el 500% de su PIB en promesas a futuro a sus propios ciudadanos (en términos anuales, hablamos de 16-18 puntos del PIB sólo para ir cubriendo este punto). Estas promesas se articulan, sobre todo, en forma de pensiones: ningún otro país del mundo tiene una carga más elevada en esta deuda implícita. Si a eso le añadimos, unas perspectivas de envejecimiento más preocupantes que en otros países; una deuda oficial que también supera el 100% del PIB y con un gasto en intereses creciente; baja productividad y un mercado laboral con muchos problemas; y proyecciones de incremento del gasto en Sanidad y Dependencia. El cóctel no puede ser más explosivo: no es extraño que ese debate que planteamos al inicio genere tanto ruido. Tampoco lo es que haya muchos menores de 35 que se pregunten: para qué cotizar si a mí apenas me tocará nada. Y sí, repetimos, algo le tocará, pero casi seguro que será en peores condiciones de las que disfrutan los actuales jubilados (menos generosidad del sistema, sobre todo en tasa de sustitución: relación salario/pensión).
