Bruselas debe analizar muy bien el problema de fondo de España
Subir recargos a los sueldos más altos o asfixiar a las empresas son solo parches, hay que allanar el terreno para crear más empleo productivo, con el mayor valor añadido posible y adelgazar el Estado
España debe presentar a Europa el proyecto de reforma de nuestro sistema de pensiones, es una necesidad ineludible pues una de las condiciones impuestas para recibir los fondos Next Generation es precisamente la reforma de un sistema que está ya obsoleto y no se ajusta a la realidad presente y futura.
Nuestro sistema de pensiones tiene enormes brechas por lo que hace inviable la Seguridad Social tal y como hoy la conocemos. El envejecimiento de nuestra población, la inminente jubilación de los denominados baby boomers, si se prefiere los nacidos entre la década de los sesenta y los setenta, el uso de las prejubilaciones por parte de las empresas, la baja tasa de natalidad, una elevada ratio de desempleo, una incorporación de nuestros jóvenes muy tardía, sueldos bajos debido a nuestra estructura productiva con muchos sectores de muy bajo nivel añadido o productividad, una economía sumergida que puede rondar el veinte por ciento afectan a nuestro sistema de pensiones; recordemos que es un sistema de reparto, es decir nuestras cotizaciones son para pagar a nuestros actuales pensionistas.
Veamos un dato, el déficit que acumulará entre los ingresos de cotizaciones y el gasto en pensiones en los presupuestos del sistema de pensiones supone, de acuerdo con lo cálculos realizados por el centro de estudios económicos Fedea, el 72% del déficit global del estado en este 2023.
Es una mal que parece cronificarse desde que la famosa hucha de la Seguridad Social se agotó, por tanto es necesario un reajuste en profundidad y ajustado a la realidad existente actualmente y especialmente a futuro. Ahora bien estamos en un año donde vamos a tener urnas para elegir alcaldes y representantes en el ámbito de las comunidades autonómicas, además parece muy posible que a final de año tengamos elecciones generales.
Esta situación de año electoral me hace ser muy escéptico sobre la misma, se necesitan criterios técnicos que lleve a cabo la reforma que necesitamos indefectiblemente, huyendo de actitudes partidistas y que buscan en el colectivo de nuestros mayores un caladero de votos. Un buen ejemplo del uso partidista del Gobierno ha sido la supresión de los factores que pretendían ir compensando la diferencias, el factor intergeneracional y de equidad, vinculándolo al IPC.
La información que se ha ido filtrando sobre la reforma se dirigen en el periodo de cómputo para el cálculo, pues bien volviendo a los estudios de FEDEA su acreditada y reputada opinión es: “Las estimaciones disponibles sugieren que el impacto neto de los cambios propuestos en el procedimiento de cómputo podría ser una ligera reducción de la pensión media inicial de las futuras cohortes de jubilados que se trasladaría gradualmente al gasto en pensiones, ayudando a reducirlo en el futuro, pero sólo de forma muy modesta”; vamos que no garantiza el agujero aludido anteriormente a futuro.
Otra de las modificaciones es el destope parcial de cotización a las renta salariales más altas, volvamos a la opinión del think tank: “El destope parcial de las cotizaciones sociales tampoco resolvería los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, pues aportaría como mucho un 0,15% del PIB en nuevos ingresos cuando se complete en 2050”.
Estas dos posibles reformas es pasar la patata caliente del gravísimo problema de uno de los pilares básico de una sociedad del bienestar pues, recurro nuevamente a Fedea, estas dos reformas en 2050, año de la finalización aportaría un 0,15% del PIB, mientras que el gasto en pensiones estaría alrededor del 3,5% de acuerdo con los datos del ministerio. Es decir un parche que no garantiza la sostenibilidad de las mismas, una opinión del propio Banco de España que en un reciente informe estima que si actualmente el peso de las pensiones es un 12,7% sobre el PIB -10,4% es la media de los países comunitarios, siendo el séptimo que mayor proporción destina, en 2050 nos situaremos en el segundo lugar.
Los precedentes son decepcionantes, el actual Gobierno en lugar de fomentar el ahorro entre los trabajadores para complementar lo desmotiva. Les recuerdo que nuestro actual ejecutivo rebajó sustancialmente, hasta los 1.500 € desde los 8.000 precedentes. Ya es sabido que ni a Sánchez y especialmente a su socio no les gusta el ahorro ni siquiera la riqueza de la sociedad, quieren que vivamos en una sociedad subvencionada, donde todos dependamos de las dádivas del gobierno.
El pretendido aumento de los planes de pensiones de empresas no va a incrementar el ahorro, España tiene un problema en el tamaño de sus empresas -pymes, micropymes y autónomos- y de economía sumergida, ello provoca que se dinamite la intención de aumentar por esta vía el fomento del ahorro. Se mire por donde se mire lo único que los interesa es recaudar en este momento, las aportaciones minoran como gasto deducible las renta de los trabajadores en el IRPF, y no solucionar el auténtico problema del futuro de nuestra jubilación.
Como ven España tiene un problema en pensiones en este momento y que se agravará, aún más, en un futuro. Se necesita una reforma de carácter técnico y no político. Reformar, modernizar y adaptar nuestro sistema de protección se tiene que acometer ya, el problema engorda como una bola de nieve. La posible actual reforma, al menos lo que se conoce, no soluciona los problemas de fondo; esperemos que desde Europa analicen muy bien el problema y no se dejen embaucar, más en una año con numerosas citas electorales en nuestro país.
EMPLEO PÚBLICO
Para 2050, España habrá pasado de ser el séptimo país de la UE que más porcentaje de PIB dedica al pago de las pensiones a colocarse en tercer lugar tras Grecia e Italia, y no valdrá con subir recargos a los sueldos más altos o asfixiar a las empresas sino en allanar el terreno para crear más empleo productivo, con el mayor valor añadido posible. Y adelgazar todo el aparataje improductivo del Estado, que lo hay a raudales pues España tiene ya 2.731.117 funcionarios, la cifra de empleo público más alta de la historia
Los empleados de las Administraciones Públicas suponen ya un 21,1% del total de la población ocupada, lo que se traduce en que uno de cada cinco trabajadores corresponde al ámbito público. Este aumento del empleo público se debe a una mayor contratación de interinos que de funcionarios de carrera, es decir, el sector público lleva años ocupando las plazas con contratos temporales en lugar de cubrirlas con personal que ha conseguido su puesto mediante el correspondiente proceso de selección.
Los dos principales pilares de nuestro Estado de bienestar: la sanidad y la educación. Y durante 2020 se alcanzó una cifra histórica en la contratación de profesores y de personal sanitario, como refuerzos para afrontar la epidemia del Covid-19. Y en este aspecto, han sido las comunidades autónomas, que por tener transferidas las competencias en estas materias, han incrementado sus plantillas en 92.000 trabajadores públicos. Las comunidades autónomas aglutinan un 59% de la plantilla pública, y tienen ya más de 1,6 millones de ‘funcionarios’, mientras que las corporaciones locales dan empleo a casi 599.000 efectivos -el 22% del total-, la mayoría personal laboral. Por su parte, el sector público estatal suma ya 515.000 trabajadores, 264.000 en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el 82% de la plantilla son funcionarios de carrera pero tiene como principal problema el envejecimiento de la plantilla pues la mayoría de sus trabajadores lograron plaza en los 80 y está a punto de jubilarse. En total, será más de 300.000 empleados que se jubilarán antes de 2025.
La falta de personal joven ha derivado en plantillas envejecidas, en las que la edad media es de 51 años, lo que significa que en una década se jubilará la mitad de los efectivos. Es paradójico que organismos como la Seguridad Social, que gestionan día a día esta cuenta atrás y que hace tiempo que prevén sus consecuencias, figuren entre los más afectados. En esta administración el número de funcionarios ha bajado en torno a un 30% en la última década y la mitad de los 22.000 trabajadores que tiene su plantilla es mayor de 45 años con lo que se prevé una oleada de retiros.