MÁS DE 345.000 TRABAJADORES ACCEDEN A LA JUBILACIÓN EN 2025, RÉCORD DE LA SERIE
La cifra supera ligeramente a la de 2024, cuando llegaron los primeros ‘boomers’ al retiro
Entre enero y noviembre un total de 342.665 trabajadores han abandonado el mercado laboral tras cotizar los años correspondientes antes de poder acceder a la jubilación. La cifra marca un récord al superar el dato de 2024 y también el de 2023, en casi 50.000 personas este último, cuando los nacidos entre 1958 y 1977 (conocidos como ‘baby boom’) empezaron a cumplir los 65 años, la edad legal de jubilación. Un proceso que continuará a lo largo de los próximos 18 años, cuando los últimos ‘boomers’ accedan al retiro.
En total, los tres primeros años que recogen el impacto de la jubilación de esta generación suman 1.037.679 jubilados. Además, el ritmo al que estos se incorporan ha crecido un 30% en los últimos cinco años, según las estadísticas de pensiones publicadas por el Ministerio de Seguridad Social. Además, si el último mes continúa con la tendencia marcada en los últimos once, cerca de 31.151 personas se jubilarán en el mes de diciembre. Una cifra que situaría el cierre del año en 373.816 nuevos jubilados.
De media, estos nuevos jubilados cobran más. De hecho, la prestación con la que entran ha crecido desde los 1.453,14 euros al mes en 2023, a los 1.566,37 euros en 2024 y 1.621,87 euros de media hasta noviembre de este año (cuando se recoge la última cifra disponible para las nuevas altas del sistema). Es decir, solo en estos tres años, los nuevos jubilados cobran un 11% más.
Las cuantías con las que estos jubilados llegan al sistema se explican, principalmente, por las bases y los años cotizados. Es decir, los que se retiran han cotizado durante más años a la Seguridad Social y lo han hecho cobrando sueldos más elevados, lo que mejora la cuantía final de su prestación. Por otro lado, la edad media a la que estos trabajadores se jubilan también ha crecido, superando por primera vez en marzo de este año la edad legal de jubilación. De media, este número ha pasado de los 64,82 años en 2023, hasta los 65,07 años en noviembre de 2025.
El número de pensiones del sistema y el efecto sustitución son la segunda y tercera causa que explican el crecimiento en el gasto en pensiones. Según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones públicas para 2026, el desembolso en esta partida presupuestaria cerraría el año con un incremento del 6,2%, una proyección que se confirmó el viernes pasado tras la publicación de la nómina mensual de pensiones por el Ministerio de Seguridad Social.
De este incremento proporcional, 1,7 puntos porcentuales se explican por el número de prestaciones que sostiene el sistema; por otro lado, 1,3 puntos se pueden atribuir a la diferencia de las pensiones de los nuevos jubilados y los que fallecen. En el último mes disponible, la diferencia entre las prestaciones de las altas en el sistema y las de las bajas fue de 277 euros al mes. El porcentaje de subida restante viene explicado por la revalorización de las pensiones (2,8 puntos) y por otras medidas de gasto asociadas, como el aumento de la pensión media debido al acceso de los hombres a percibir el complemento de brecha de género (0,5 puntos porcentuales).
En 2025, el desembolso total dedicado a pagar las pensiones alcanzó los 189.598 millones de euros, un 6,2% más que en 2024, según los datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social el viernes pasado. De estos casi 190.000 millones de euros, la gran mayoría del gasto (tres cuartas partes) corresponde a las prestaciones de jubilación (un total de 138.000 millones de euros). Cifras que, en ambos casos, suponen un récord de gasto para la Seguridad Social.
El desembolso en pensiones, sin embargo, continuará creciendo en los próximos años. Según las últimas previsiones de la Airef, el gasto crecerá un 5,1% en 2026; un 4,6% en 2027; un 4,4% en 2028; un 4,4% en 2029, y un 4,5% en 2030, moderándose sobre todo por la menor inflación esperada para los próximos años. Un indicador que marca la revalorización anual de las pensiones. De hecho, mientras el impacto sobre el gasto de la subida anual será menor cada año, la presión ejercida por el número de pensiones aumentará ligada a la mayor esperanza de vida de los jubilados. El simulador de gasto en pensiones de este organismo apunta que, en 2030, nuestro país contará con 12,5 millones de pensiones activas, dos millones más que ahora. Una cifra que irá creciendo cada año hasta 2050, cuando se registrarán 17 millones de prestaciones activas. Asimismo, la herramienta cifra el gasto en el 13,4% del PIB para 2030.
FUENTE: Más de 345.000 trabajadores acceden a la jubilación en 2025, récord de la serie
LA NÓMINA DE LAS PENSIONES SUBIRÁ EN 2.800 MILLONES EN 2026 POR LA INCORPORACIÓN DE 140.000 PENSIONISTAS MÁS
Cada mes se producen en el sistema público alrededor de 44.000 altas de nuevos pensionistas y unas 33.500 bajas
La última nómina mensual de las pensiones costó a la Seguridad Social 13.720 millones de euros. En noviembre, el sistema público tuvo que abonar un total de 10,42 millones de pensiones a 9,4 millones de pensionistas. La mayor parte del coste correspondió a las pensiones de jubilación (6,6 millones de personas). Absorbieron 10.033 millones de euros, el 73,12% de la nómina total. Las pensiones de viudedad, las segundas más numerosas, costaron 2.202 millones, el 16,05%; las de incapacidad permanente, 1.271 millones, el 9,26%; las de orfandad, 177,5 millones, y las de favor de familiares, 36,65 millones.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a 1 de noviembre de 2025, había en España 9.425.383 pensionistas, que cobraban una pensión media de1.456 euros mensuales. Cada pensionistas cobraba 1,1 pensiones de media y su edad promedio era de 72 años. El 49,7% de los pensionistas son mujeres (4,68 millones) y el 50,3%, hombres (4,745 millones). La pensión media mensual de las mujeres es de 1.276 euros, mientras la de los hombres asciende a 1.633 euros, un 28% más.
El sistema público de pensiones está siempre en el punto de mira de todos los gobiernos, organizaciones económicas europeas e instituciones internacionales por el incierto futuro de su sostenibilidad. España es un país que envejece a pasos agigantados y esa circunstancia hace que la nómina anual de las pensiones contributivas se haya acercado peligrosamente a la frontera de los 200.000 millones de euros. En los últimos diez años, el numero de pensionistas ha aumentado en más de 927.000.
Con los datos del INSS, se puede adelantar que, el próximo año, la Seguridad Social tendrá que hacer frente a alrededor de 140.000 pensionistas más, que pueden suponer un importe adicional de 2.800 millones de euros. Entre los meses de noviembre de 2024 y noviembre de 2025, el número de pensionistas ha aumentado en 138.093, al pasar de 9,287 millones en 2024 a 9,425 millones, lo que significa un incremento relativo del 1,5%.
Este aumento no se ha distribuido de manera homogénea en las diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que configuran territorialmente el país. Canarias es la región con mayor crecimiento porcentual, un 2,4%, por delante de Murcia y Baleares, con incrementos del 2,1%, y Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Madrid, con aumentos del 1,9% en todo los casos. Asturias es la autonomía que peores números presenta, con un aumento de sólo el 0,5%, junto con Galicia (0,6%) y País Vasco (0,9%).
La variación anual del número de pensionistas ha sido muy irregular a lo largo de los últimos años, según las cifras del INSS. Hemos visto un aumento de 138.000 personas en los últimos doce meses móviles que van de noviembre de 2024 a noviembre de 2025. Pero si extendemos la comparación a los últimos diez años, desde noviembre de 2015, obtenemos una media anual mucho más baja: 92.731 personas más cada ejercicio.
Los años 2024 y 2025 han marcado los registros de entrada en el sistema más altos de los últimos veinte años. En 2024, hubo 149.547 pensionistas más, tras un aumento del 1,6%. Sin embargo, en el año 2020, cuando estalló la crisis sanitaria del coronavirus, apenas hubo un incremento de 1.162. Y es que los contagios se cebaron inicialmente con la población de mayor edad, que fue donde se produjo el mayor número de fallecimientos. En 2022, todavía las cifras no estaban a la altura de la media, ya que apenas ingresaron en el sistema público de pensiones algo más de 63.000 personas.
Por término general, cada mes se producen alrededor de 44.000 nuevas altas de pensionistas, aunque hay mucha diferencia entre unos meses y otros. En octubre, por ejemplo, se registraron 51.118 altas, mientras en el mes de agosto ni siquiera llegaron a 34.500.
En el lado de las bajas ocurre algo parecido. En los diez primeros meses de 2025 se registraron 334.375 bajas, a razón de 33.438 mensuales. El peor mes fue el de enero, con 46.881 bajas y el “mejor”, junio, con 29.406. Estadísticamente, la media de edad de las altas de pensionistas se registra a los 62,3 años (incluye todas las pensiones: jubilación, incapacidad permanente, viudedad…) y las de las bajas, a los 79,5 años. Es decir, una persona cobra pensión durante un periodo medio de 17,2 meses.
LAS PENSIONES SE LLEVAN LA MITAD DEL AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO DE LOS 30 ÚLTIMOS AÑOS
El gasto total de las administraciones públicas ascendió en 2024 a 725.001 millones de euros.
l reparto del gasto público español ha experimentado una transformación profunda durante las últimas tres décadas, según un análisis de Fedea. Aunque el volumen total de gasto sobre el PIB apenas ha variado entre 1995 y 2024, pasando del 44,1% al 45,5%, sí se ha producido un desplazamiento significativo en su composición interna. La mayor parte del crecimiento real del gasto público en ese periodo procede de un único capítulo: las pensiones.
El gasto total de las administraciones públicas ascendió en 2024 a 725.001 millones de euros, lo que supone un incremento real del 3,7% respecto al año anterior. Si se toma como referencia el periodo 1995-2024, el gasto público medido en euros constantes ha aumentado en 330.387 millones. La mitad de esa cifra se explica por el aumento del gasto social, y prácticamente la totalidad de esa subida corresponde a pensiones. Solo este concepto aporta 162.223 millones adicionales respecto a 1995, una cuantía que equivale por sí misma a cerca del 50% del crecimiento total del gasto público observado desde entonces.
La evolución reciente amplifica esta tendencia. Entre 2010 y 2024, el gasto público aumentó en términos reales en 112.603 millones. De ese incremento, 97.990 millones se corresponden con pensiones y otros 14.739 millones con sanidad. El resto de políticas públicas muestra una aportación mucho más modesta: educación apenas suma un 8,3% del incremento total; los asuntos económicos, alrededor del 6%; vivienda, defensa o cultura han visto incluso reducido su peso relativo. El desplazamiento presupuestario hacia pensiones y sanidad se explica tanto por el envejecimiento demográfico como por el aumento del número de pensionistas y la actualización de las prestaciones en un contexto de revalorizaciones sistemáticas.
Los datos de gasto por habitante permiten apreciar con claridad esta reconfiguración. En 2024, cada residente soportaba un gasto público equivalente a 4.212 euros en pensiones, 2.102 euros en sanidad y 1.345 euros en educación. Más atrás quedan la inversión pública (885 euros), las ayudas a familias e hijos (312 euros) o las políticas de vivienda (155 euros). Además, las pensiones son la única política cuyo gasto por habitante ha crecido de forma significativa desde 2009, hasta situarse en niveles equivalentes al 12,9% del PIB.
La concentración del gasto en protección social se traduce en un peso creciente sobre el presupuesto total. En 2024, este capítulo ya absorbe el 41% del gasto público, y las pensiones representan el 69% dentro de ese bloque. El resultado es que el 28,4% de todo el gasto público en España está dedicado exclusivamente al pago de pensiones. Este patrón contrasta con el descenso del peso de otras áreas: los servicios públicos generales —especialmente debido al menor pago de intereses— han caído en 2,2 puntos del PIB; los asuntos económicos en 0,7 puntos; vivienda en 0,6 puntos; defensa en 0,5 puntos; educación y seguridad en alrededor de dos décimas cada una. Solo medio ambiente y sanidad han mejorado su peso relativo, aunque muy lejos del ascenso del gasto pensionista.
Los datos muestran, pues, que la economía española ha dedicado los márgenes generados por el menor coste de la deuda pública, la reducción de la inversión y el aumento de la recaudación propiciado por una cascada de medidas recaudatorias a reforzar fundamentalmente el capítulo de pensiones y, en menor medida, la sanidad. Este cambio estructural tiene implicaciones de calado.
La llegada masiva de la generación del baby boom a la jubilación, unida a la longevidad creciente y al ritmo de revalorización automática de las prestaciones, anticipa un escenario de estrechos márgenes presupuestarios. Si no se introducen reformas, el espacio para financiar políticas de alivio fiscal o medidas destinadas a impulsar el crecimiento será cada vez menor, desplazado por un gasto social disparado y cada vez más concentrado en los pensionistas.
LA REVALORIZACIÓN REAL DE LAS PENSIONES SERÁ DEL 3,44 % Y ELEVARÁ EL GASTO A 230.000 MILLONES
Un estudio del Ivie estima que la revalorización efectiva del sistema situará el gasto en pensiones en el 13 % del PIB
La última subida de las pensiones tendrá un impacto en las cuentas públicas muy superior al que sugiere el dato oficial del 2,7 %. La revalorización media efectiva del conjunto del sistema alcanzará en realidad el 3,44 %, impulsada por las subidas extraordinarias de las prestaciones más bajas, con incrementos de hasta el 11,43 %. Este diferencial elevará el coste de la actualización anual hasta 7.311 millones de euros y situará el gasto total en pensiones públicas en casi 230.000 millones de euros en 2026, en el entorno del 13 % del PIB.
Los datos proceden del último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que estima tanto la revalorización real de las pensiones como su impacto presupuestario para el próximo ejercicio. El estudio confirma que la revalorización ordinaria de las pensiones contributivas –tanto de la Seguridad Social como de Clases Pasivas– será del 2,7 % en 2026, en línea con la tasa anual del Índice de Precios al Consumo conforme a la Ley 21/2021. Este es el porcentaje que el Gobierno suele utilizar como referencia general.
Sin embargo, el sistema ya no se rige por una única regla de actualización. A la revalorización ligada al IPC se suma un segundo factor, mucho más agresivo, introducido por el Real Decreto-ley 2/2023 para garantizar el principio de suficiencia. Esta norma obliga a aplicar incrementos adicionales a las pensiones mínimas y no contributivas con el objetivo de reducir progresivamente la brecha entre estas prestaciones y un indicador de suficiencia vinculado al umbral de pobreza relativa. Para 2026, la legislación fija como meta haber cerrado el 50 % de esa brecha, dentro de un proceso transitorio que culminará en 2027.
Este mecanismo es el que dispara la revalorización media del sistema. Las pensiones mínimas crecen muy por encima de la inflación general y arrastran al alza la media ponderada de todas las prestaciones. En concreto, las pensiones mínimas con cargas familiares registrarán una subida total del 11,43 %, mientras que las mínimas sin cargas familiares aumentarán un 7,07 %. Las pensiones no contributivas, que se rigen por una metodología similar aunque con un indicador de suficiencia más bajo, se revalorizarán un 11,34 %.
En términos absolutos, el Ivie calcula que la pensión no contributiva de jubilación e invalidez pasará de 564,7 euros mensuales en 2025 a 628,7 euros en 2026, un incremento de 64 euros al mes. En el caso de una pensión mínima contributiva de jubilación con cónyuge a cargo, la cuantía mensual subirá de 1.127,6 euros a 1.256,5 euros.
El efecto de esta revalorización media del 3,44 % se traslada directamente a los Presupuestos. Según las estimaciones del Ivie, la mera actualización de todas las pensiones públicas supondrá un coste de 7.311 millones de euros en 2026.
Pero la revalorización no explica por sí sola el aumento del gasto. El informe estima que el desembolso total en pensiones públicas alcanzará los 229.491 millones de euros, un 5,81 % más que en 2025. De ese incremento global, la revalorización representa el 58 % del aumento del gasto, mientras que el 42 % restante –5.299 millones de euros– responde a factores estructurales.
Entre estos factores destacan el crecimiento del número de pensiones y el denominado efecto sustitución, que refleja que las nuevas pensiones que se incorporan al sistema tienen cuantías medias superiores a las que causan baja. Este fenómeno explica buena parte del aumento sostenido del gasto incluso en escenarios de inflación moderada.
Desde una perspectiva macroeconómica, el Ivie sitúa el gasto en pensiones en torno al 13 % del PIB, bajo el supuesto de que la economía española crezca nominalmente un 5 % en 2026. La Seguridad Social contributiva concentrará la mayor parte del desembolso, con 200.454 millones de euros, mientras que las pensiones no contributivas, pese a su menor volumen total (4.141 millones), serán las que más crezcan en términos relativos, con un aumento del 10,10 %, debido a su revalorización superior al 11 %.
El informe también detalla el impacto de las subidas en las prestaciones más altas. El importe máximo aplicable a las nuevas pensiones causadas en 2026 se incrementará un 2,815 %, hasta situarse en 3.359,60 euros mensuales, un aumento inferior al de la media efectiva del sistema y muy por debajo de las subidas aplicadas a las pensiones más bajas.
FUENTE: La revalorización real de las pensiones será del 3,44 % y elevará el gasto a 230.000 millones
UN 33% DEL COSTE DE REVALORIZAR LAS PENSIONES EN 2026 SE CONCENTRARÁ EN LOS MÁS RICOS
La propuesta de revalorización de pensiones para el año 2026 que ha presentado el gobierno ha generado, si cabe, más debate aún que en años pasados. Aunque la magnitud agregada de la revalorización se muy inferior a la experimentada en 2023 por la crisis de inflación, que ascendió al 8,5%, el coste de la revalorización del 2,7% que se plantea para 2026 es considerable por dos motivos. En primer lugar, el crecimiento del número de pensionistas y de la pensión media, esto último tanto por las sucesivas revalorizaciones como por efecto composición entre altas y bajas del sistema, genera que cada año el coste de revalorizar las pensiones crezca, en muchos casos por encima de lo que crecen los ingresos por cotizaciones para financiarlas. En segundo lugar, la revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas crecerá por encima del IPC, como en años anteriores, entre un 7% y un 11%.
Desde el gobierno se intenta trasladar un falso mensaje de certidumbre, puesto que no solo se indica a la población que la revalorización está asegurada, sino que además se traslada que existe capacidad financiera para ello, haciendo hincapié en la situación de superávit que recientemente ha registrado la Seguridad Social, así como el crecimiento del fondo de reservar, comúnmente conocido como «hucha de las pensiones», por primera vez en años. Esta imagen coincide con datos oficiales que pueden obtenerse de fuentes como Eurostat, donde se observa que el déficit de la Seguridad Social ha pasado del 1,3% al 0,5% entre 2019 y 2024, pero no esconde más que un triste ejercicio de manipulación contable para ocultar el déficit estructural (y creciente) del sistema.
A partir de los datos del análisis de las cuentas de la Seguridad Social desde 2019, puede comprobarse que si bien los gastos se han incrementado en cerca de 22.000 millones (hasta 2023), de los cuales la mayoría corresponde a pensiones contributivas, los ingresos por cotizaciones sociales apenas han crecido en 10.000 millones. De este modo, el déficit sin transferencias del estado debería haberse incrementado, pero el estado central ha multiplicado por dos sus transferencias a la Seguridad Social para encubrir la mayor parte de ese déficit, generado esencialmente en la parte contributiva del sistema, sin más justificación que el deseo de dar una apariencia de solidez financiera al sistema.
Ahora que está claro que el coste de la revalorización no es asumible por el sistema sin apoyo del estado central, merece la pena ahondar tanto en el coste asociado a la nueva revalorización, así como a su potencial impacto distributivo, es decir, a cómo se repartirá ese entre los diferentes tramos de ingresos. Respecto al coste, estimaciones recientes de Enrique Devesa apuntan a un coste cercano a los 7.300 millones de euros, que se solaparía al incremento del gasto en pensiones por el incremento del número de pensionistas y por efecto composición, generando un incremento del 5,6% del gasto total en pensiones entre 2025 y 2026. Sin embargo, para estimar el reparto de este coste en diferentes tramos de renta, es necesario acudir a fuentes diferentes a la Seguridad Social, en este caso, a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, que da una imagen completa de los ingresos de una muestra representativa de personas, desagregando sus ingresos por pensiones.
Por desgracia, el retraso habitual en la publicación de bases de datos fiscales supone que los últimos datos de renta de los que dispone la ECV correspondan a 2023. Tras ajustar por las revalorizaciones pasadas en 2023 y 2024, la ECV arroja un coste menor respecto al estimado con datos administrativos de la Seguridad Social, de unos 6.300 millones de euros. Esto es comprensible tanto por la subestimación de la pensión media por usar datos fiscales de 2023, como por la omisión de jubilados que no viven en hogares privados sino en residencias de ancianos. Dicho esto, la aportación de usar los datos del INE es, más que la cuantificación del coste de la revalorización de pensiones, la capacidad de observar su reparto.
Aplicando la definición estándar de ingreso equivalente del INE, se puede dividir a la población española en 10 grandes grupos (deciles) en función de su renta, donde el primer decil sería el 10% con menores ingresos, mientras que el decil 10 sería el 10% de la población con más ingresos. Los resultados apuntan a que el coste asociado a la revalorización de las pensiones se concentrará en los tramos altos de renta. Mientras que el 30% de población con menos renta ocupará un 20% del coste de la revalorización, entre el 30% de población con mayores ingresos concentrará un 33% del coste de la revalorización. Esto es esperable puesto que los hogares de ingresos bajos (especialmente en el primer decil) son habitualmente hogares con miembros desempleados o con muy baja intensidad en el empleo, lo que supone que el cobro de una pensión lleva asociado, de forma casi segura, situarse en los deciles 3 en adelante.
Como la revalorización propuesta está profundamente condicionada por el tipo de pensión, esencialmente si se trata de una pensión no contributiva o una pensión mínima, es importante conocer como se divide el coste (y su reparto) entre estos «componentes» de la revalorización.
Las diferencias son muy considerables, de los 6.300 de coste estimado, la revalorización de pensiones mínimas y no contributivas representan 1.100 y 400 millones respectivamente, un 24% del coste total de la revalorización. Sin embargo, su peso en el incremento de ingresos de los dos primeros deciles de renta se acerca al 66%, que baja al 46% en el tercer decil de ingresos y solo se sitúa por debajo del 30% a partir del sexto decil de renta. Esto significa que, pese a suponer una parte menor del coste, es la revalorización (muy por encima del IPC) de las pensiones más bajas, la que va a concentrar el grueso del impacto distributivo de esta política.
Esto es precisamente lo que se puede apreciar si se descompone el impacto distributivo de la revalorización en unacurva de Lorenz. En este gráfico, una curva más cercana a la esquina inferior derecha corresponde con un reparto más desigual, donde la población con más renta acumula una mayor parte del coste de la política, mientras que sucede a la inversa a medida que una curva se aproxima a la esquina superior izquierda. Como puede verse, el coste agregado de la revalorización tiene un reparto más progresivo que el reparto actual del sistema de pensiones, por lo que es esperable que, tras la revalorización, las pensiones muestren una menor desigualdad interna. Sin embargo, este efecto ligeramente progresivo se consigue exclusivamente gracias a la revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas, que logran compensar (pese a su bajo coste) el impacto más regresivo del resto de la revalorización, que concentra el 75% del coste.
El sistema de pensiones enfrenta ya una enorme presión por el lado el gasto que, de momento, solo ha podido camuflarse (que no corregirse) gracias a transferencias continuadas y crecientes por parte del estado central, o lo que es lo mismo, moviendo el déficit de la Seguridad Social al resto del sector público. En este contexto de creciente deterioro de las cuentas públicas por el gasto asociado al envejecimiento poblacional, que no tiene solución a medio plazo, una solución con no pocos partidarios es recortar el sistema de forma asimétrica, transitando desde un sistema contributivo a uno esencialmente asistencial donde el recorte se concentre en los pensionistas de elevados ingresos.
La revalorización de pensiones de 2026 es un ejemplo de cómo esta es una opción viable, que se ha desechado en favor de financiar el creciente desequilibrio con más impuestos al trabajo, sea a través del IRPF (mediante la progresividad en frio) o cotizaciones sociales (mediante el MEI u otros mecanismos). Pese a todo sistema aún tiene capacidad para ajustarte respetando la capacidad económica de sus miembros más vulnerables, pero debemos ser conscientes de que, cada año, esta posibilidad se deteriora por la acumulación de nuevos pensionistas con tasas de reposición extremadamente elevadas.
