El sistema de pensiones en España, basado en el modelo de reparto, enfrenta importantes retos a corto y medio plazo. Este modelo, en el que los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados, ha sido incapaz de adaptarse a los cambios demográficos y económicos de los últimos años. El envejecimiento de la población, junto con la caída de la tasa de natalidad, presiona las finanzas del sistema.
Desde que se aprobó la Ley General de Seguridad Social en 1966, la mayor incertidumbre que se ha cernido sobre el sistema de pensiones en España no ha provenido de ninguna política «neoliberal» –signifique eso lo que signifique- ni de las exigencias financieras europeas.
El sistema de pensiones del que nos hemos dotado, siendo un sistema de «reparto», es decir, que paga con las cotizaciones de los trabajadores activos de hoy las pensiones de hoy – porque los que fueron trabajadores en el pasado hicieron lo propio- es inequitativo y desequilibrado.
Si la pregunta sobre la sostenibilidad de las pensiones tiene algún sentido es porque, obviamente, creemos que nos hemos dotado de un «sistema», es decir, un conjunto de reglas y mecanismos con propiedades identificables. La sostenibilidad o insostenibilidad será la consecuencia necesaria de que el «sistema» no funcione correctamente, esto es, de acuerdo con sus propias “instrucciones de uso”. Pero si lo que ocurre es que tales instrucciones de uso pueden ser continuamente alteradas para alcanzar otros fines, en el fondo no hay tal «sistema».
El sistema de pensiones no es un esquema de Ponzi, una versión de la estafa piramidal mediante la que se garantizan rentabilidades desorbitadas que se abonan con la incesante entrada de nuevos estafados hasta que cesa el flujo y todo salta por los aires. Nuestro sistema se basa en un reemplazo poblacional que debemos presuponer perpetuo, pero la pensión no es el fruto de la mera capitalización de lo que se haya ido aportando, sino del pacto entre generaciones, del hoy por ti y mañana por mí.
Nuestro sistema sigue manteniendo una cierta «lógica del aseguramiento» en tanto en cuanto distingue entre pensiones contributivas y no contributivas y se financia con cotizaciones de quienes participan en la vida económica –trabajadores y empresarios-, pero a esa capa se superpone la lógica «solidaria» de la justicia distributiva: nadie nunca pudo saber exactamente qué le corresponderá recibir como pensión cuando se jubile; nadie supo nunca con absoluta certeza cuál será el período de cotización para cobrar la pensión máxima, y todo el mundo supo siempre que, así como las bases reguladoras y dicho período de cotización, de las que dependerá la cuantía, pueden modificarse para tener que cotizar más y por más años y la pensión tiene topes máximos y mínimos.
Cuándo podamos jubilarnos y cuánto cobremos son determinaciones hechas por el Poder Legislativo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y fruto de la política económica general que ha de atender a la financiación de ese componente del Estado de bienestar.
Todo el mundo sabe hoy que el «sistema» tiene un déficit que cubrimos con transferencias del Estado con el expediente de que se trata de «gastos impropios», es decir, financiamos ese agujero con nuestros impuestos (salvo los residentes fiscales del País Vasco); y que además ahora tenemos que pagar un «impuesto solidario» a partir de determinados niveles de renta que se añade a las cotizaciones –otra forma de impuesto, en el fondo, al trabajo-.
Hoy el sistema es más cercano al modelo beveridgiano –el Estado garantiza una suerte de renta de vejez igual para todos que se financia con los impuestos y son los impuestos los que “apoyan” a las cotizaciones insificientes para hacer que el sistema sea «sostenible». Lo cierto es que ya de otra forma no puede dejar de ser, sin necesidad de apelar a falsas «huchas de pensiones» llenadas simplemente con deuda pública
Se fomenta también el ahorro y la previsión para el futuro. Sigamos el ejemplo de Pedro Sánchez, Francina Armengol, Félix Bolaños o Patxi López, quienes, de acuerdo con las declaraciones oficiales de intereses económicos que constan en el Congreso de los Diputados, tienen cuantiosos planes de pensiones. ¡Y mira que la Constitución y el «sistema» garantizan la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, nos dicen haciendo pedagogía!
CODA REMATE FINAL: La madre de todos los colapsos viene acompañada del intento de secesión de Cataluña, lo que implica la exigencia de adecuar una financiación «singular» a una autoproclamada “singularidad territorial de Cataluña” exigencia que se ha traducido en el pacto del PSC con ERC. Piensen por un momento en lo que supondría la independencia fiscal de un territorio que, en relación con el común, representa el 19% del PIB, y tengan en cuenta que el gasto en pensiones en España es ya el 12% del PIB. Ese acuerdo PSC-ERC no obedece a la aplicación de ningún proyecto pensado a partir de principios previamente y analizados. Prácticamente nada en la dirección política del país responde hoy más que a la coyuntura del minuto, una tesitura al tiempo determinada por la agenda política de los intereses particulares de fugados de la justicia o por políticos que solo buscan su supervivencia.
Recuerden que el cupo vasco no incluye las transferencias que tiene que hacer el Estado para paliar el déficit del sistema de pensiones en el propio País Vasco, que es además la comunidad autónoma donde se cobra, de media, la pensión más alta de toda España
¡BASTA YA, QUE NOS TRATEN COMO ADULTOS!
