¡¡¡ El responsable de empleo del PSOE, Toni Ferrer, después de que el pasado martes los jefes de Estado y de Gobierno de la UE alcanzasen un acuerdo para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones (390.000 millones en transferencias y 360.000 millones en préstamos) con el que relanzar las economías del bloque comunitario, especialmente las de los países más golpeados por la pandemia de Covid-19 como España e Italia, ha afirmado que “no se recoge ninguna condición que impida derogar las reformas laborales y de pensiones impuestas por el PP». !!!
DONDE ESTAMOS
Con más de 45.000 muertos provocados por la pandemia, España se apresta a vivir la peor crisis económica y social de su reciente historia. Una crisis que nos coge con las defensas muy bajas, tras haber gastado lo mejor de nuestras energías en superar la de 2008 y sin que desde finales de 2013 se haya acometido una sola reforma de fondo, con las dos únicas emprendidas por el Gobierno Rajoy, laboral y pensiones, desnaturalizadas ahora por el nuevo Gobierno.
Un país que creciendo por encima del 3% durante años ha sido incapaz de embridar déficit público y paro lacerante. Unas cuentas públicas con un desequilibrio presupuestario crónico, urgidas todos los años a pedir prestados cerca de 40.000 millones solo para mantener en marcha la maquinaria del Estado asistencial.
Con una clase política depauperada, carente de esa dignidad que consiste en decirle la pura verdad a la gente de la calle, darle la mala noticia de que no hay economía que soporte tanta deuda y que deberá acostumbrarse a hacer más con menos.
Y un español tipo cada vez más infantilizado, más atraído por los cantos de sirena de un estatismo atroz, que reclama más y mejores servicios, más sanidad, más educación, más pensiones, más ingreso mínimo vital, más todo gratis total, en una orgía reivindicativa tan desvergonzada como extenuante ante la cual esa cobarde clase política no solo no se planta, sino que se dedica a darle gusto al gatillo del gasto a más y mejor. Y el que venga atrás que arree, que se trata de ganar elecciones.
La continua expansión del estado del bienestar acapara todos los recursos y encadena déficit tras déficit, sin que quepa pensar en asuntos relativos a productividad, inversión o innovación. El Estado elefantiásico gasta más y mejor para asegurar la paz social a costa de capar la capacidad de crecimiento y la creación de riqueza y empleo.
Gastar no es reconstruir. Salir del socavón que se nos viene encima implicará, a partir de 2021, aplicar severas medidas de ajuste para recortar déficit y reducir deuda. Será precisa la movilización de los resortes morales de un país obligado a trabajar más y exigir menos, a valorar responsabilidad individual y esfuerzo. Será preciso construir una España menos cigarra y más hormiga. Será preciso hacer reformas para enviar señales claras a los mercados financieros de que España es un cliente solvente.
Entre 2021 y 2022 vamos a recibir, en total, 142.400 millones de euros: 50.400 en forma de subvenciones y 92.000 millones de euros en forma de préstamos (los 24.000 millones del MEDE incluido) son insuficientes. Con ellos, tendremos que hacer frente a unas necesidades brutas de liquidez (déficit público y refinanciación de deuda) que superarán ampliamente los 480.000 millones de euros.
Dicho de otra manera, el Fondo de Reconstrucción aporta un 25% de las necesidades de liquidez del gobierno de España, un 30% si tenemos en cuenta la parte del MEDE destinada al Covid19. España va a vivir dependiendo del respirador europeo, y ni aún así podemos asegurar la supervivencia de sus finanzas públicas, tal es el desastre al que nos enfrentamos
La segunda vía de financiación europea para el gobierno de España seguirá siendo el Banco Central Europeo, que acumula 294.600 millones de euros en bonos soberanos españoles en su balance. Lo normal será que el BCE continúe comprando activos a un ritmo similar al que lo viene haciendo en los últimos meses. No obstante, incluso en ese escenario el gobierno de España va a tener que requerir más de 100.000 millones anuales en los mercados financieros durante los próximos 2 años.
Ya no hay espacio para travesuras populistas. Estamos ante un cruce de caminos que conduce a la condenación o a la gloria.
PENSIONES
Hacer sostenible el sistema público de pensiones es uno de los objetivos de todos los diferentes Gobiernos desde hace décadas ya. Pero para conseguirlo tendrían que tomarse tres medidas que no se atreven a acometer porque le restarían votos: bajar las pensiones, resucitar el factor de sostenibilidad y reducir la tasa de sustitución
Es evidente que el futuro de las pensiones obliga al Gobierno a hacer equilibrios en la cuerda floja. Si no emprende reformas, el sistema público de pensiones puede convertirse en insostenible a medio plazo debido al déficit que arrastra la Seguridad Social, pero tomarlas le costaría un ‘precio’ muy caro en las urnas que no están dispuestos a pagar. Pedro Sánchez ya ha anunciado repetidamente que descarta bajar las pensiones e implantar el factor de sostenibilidad. Según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, las pensiones están «absolutamente aseguradas en España«.
Esta afirmación es muy cuestionada por quienes creen que si no se emprenden cambios estructurales en nuestro sistema público de pensiones acabará siendo insostenible. Y las cifras les dan la razón. En los últimos 10 años las cuentas de las pensiones arrastran un déficit continuado que asciende a 116.640 millones de euros y ha habido años en que dos de las 14 pagas, las extraordinarias, se han pagado gracias a la concesión de créditos procedentes de los Presupuestos Generales una vez prácticamente agotado el Fondo de Reserva de la SS (la hucha de las pensiones”) donde sólo quedaban a principios de este año 2.150 millones de euros, una cifra muy inferior a los máximos de 66.815 millones que atesoraba en 2011.
Y las perspectivas para 2020 van a peor. Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la Seguridad Social cerrará este año con un déficit de entre 56.000 y 68.000 millones de euros, dependiendo de lo grave que sea la crisis. Una caída muy superior a los 16.000 millones con los que cerró 2019. Este descenso estará causado por el aumento del desempleo y la consiguiente bajada de los ingresos por cotizaciones sociales.
Está claro que las cuentas no salen y para evitar la quiebra del sistema el Gobierno debe aprobar una serie de medidas que no gustan ni al Ejecutivo, porque pueden restarle votos, entre ellos los de más de nueve millones de pensionistas, ni a los futuros jubilados que verían mermados sus ingresos.
Entre las medidas «urgentes y estructurales» que el Gobierno de Sánchez debería acometer, a juicio de los expertos, destacan tres:
Bajar las pensiones
Reducir la cuantía de las pensiones haría más solvente al sistema, pero, según el ministro Escrivá, el compromiso del Gobierno es mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Y no solo ha optado por no bajarlas, sino que desde enero las ha subido un 0,9 por ciento y las ha actualizado con el incremento del IPC. Esta revalorización tendrá este año un coste de 1.406 millones. El Gobierno también podría plantearse, tal como hacen otros países, combinar la revalorización anual de las pensiones con otros indicadores como el crecimiento de salarios o del PIB.
Si en el cálculo de la pensión se tuviese en cuenta toda la carrera de cotización, en vez de los últimos 25 años como en la actualidad, las pensiones se reducirían de media un del 20%. (un aumento de 10 años en el modelo implicaría una rebaja cercana al 10%), ya que afectará de forma negativa debido a que la evolución normal de la vida laboral hará que se tengan en cuenta periodos de cotización más remotos en el tiempo y en los que los salarios suelen haber sido inferiores.
Factor de sostenibilidad
Una de las reformas más demandada al Gobierno español por organismos internacionales, y que este no ha tenido en cuenta hasta ahora, es adecuar la pensión que se va a cobrar a la esperanza de vida del jubilado, también conocido como factor de sostenibilidad. De modo que una mayor esperanza de vida genere una disminución de la pensión que se fija en el momento de la jubilación.
Cada vez vivimos más y nuestros hijos tendrán una esperanza de vida de cien años, por lo que, si no ligamos a ella las pensiones, el déficit estructural que va a sufrir el sistema será enorme.
La aplicación del factor de sostenibilidad legislado en la ley 23/2013, y de momento en hibernación, supondría una reducción media de la primera pensión del orden de un 0,7%.
Reducir la tasa de sustitución y Planes de Empleo.
La tasa de sustitución, el porcentaje del salario que cobra el trabajador cuando se jubila, en España ronda el 83 %, 20 puntos porcentuales más alta que la media de los países de la OCDE. Desde este organismo han advertido al Gobierno que si no se frena podría alcanzar el 90 % del salario en los próximos años. La pensión pública media de jubilación ascendió en mayo a 1.160,6 euros, un 2,02 % más respecto al año pasado.
Sin embargo, el ministro Escrivá en su comparecencia en la sesión de reanudación de la Comisión del Pacto de Toledo tras el estado de alarma se limita a plantear la desincentivación de las jubilaciones anticipadas, propiciar el retraso voluntario de la jubilación y el desarrollo de la Previsión Social Complementaria, es decir, los planes de empleo vinculados a los convenios sectoriales en los que el trabajador aporta al plan de pensiones el 1% y la empresa otro 1%, aunque en el mercado laboral actual y futuro parece que estos planes de empresa no tienen sentido los planes de empresa pues los trabajadores jóvenes posiblemente van a trabajar en muchas empresas a lo largo de sus carreras laborales y no parece razonable que en cada una de ellas dejen un plan de pensiones.
EN DEFINITIVA
Los problemas del sistema de pensiones son conocidos. Las decisiones que habrían de adoptarse para resolverlos, también. Queda solo preguntarse por qué no se acomete de inmediato las medidas necesarias para hacer efectiva esa reforma. La respuesta se encuentra en un triple ámbito.
La solución aplicable, siendo de relativa urgencia, quizá pueda esperar todavía algunos años. Por ello parece haberse generalizado la opinión de que no hay que soportar hoy el alto coste electoral de la reforma cuando los problemas más graves solo comenzarán a plantearse gradualmente dentro de cinco o seis años. A partir de entonces es cuando llegará el momento en que a la sociedad española no le quede más remedio que aceptar las reformas necesarias por muy duras y costosas que sean.
Otra forma de aplicarlas sería mediante un consenso de los integrantes del Pacto de Toledo, pero poner de acuerdo a todos los partidos políticos es, por ahora, ‘misión imposible’ pues incluso los partidos que conforman el actual Gobierno convergentes tienen criterios en este tema.
La conocida y cínica posición de esperar y ver es el comportamiento habitual de los políticos españoles: esperar a que el problema no sea solo el resultado teórico de una mera proyección poblacional sino la consecuencia evidente de una realidad palpable en la vida diaria. Por tanto, dejar pasar el tiempo hasta que, por la presión de los hechos, los ciudadanos deban aceptar una solución, por costosa que resulte.
Por eso y de momento, el Gobierno hace caso omiso a estas recomendaciones que, a juicio de los expertos, solo podrán aplicarse si desde la UE le presionan a implantarlas como condición para recibir las ayudas con las que hacer frente a la crisis del coronavirus. El plan de reconstrucción aprobado en la eterna e histórica cumbre de la UE obligará muy pronto al Ejecutivo a abrir de nuevo el baúl de las reformas, no será posible, por ejemplo, conseguir transferencias corrientes para pagar las pensiones ese que ha permanecido cerrado a cal y canto en los últimos años
UNA SOCIEDAD CRECE CUANDO SUS ANCIANOS PLANTAN ARBOLES A CUYA SOMBRA SABEN QUE JAMÁS SE SENTARÁN, QUE SERÁ PARA LOS MÁS JÓVENES
