1.- La separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social es un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, pero no debe dar pie a que algunos conciban de manera abusiva la SS como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública.
En un Estado social, de ninguna manera se puede aceptar que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre SS y Estado es meramente administrativa y contable pero no económica, como lo prueba el hecho de que la Sanidad Pública y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la SS hoy se encuentren en los Presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Si libra a la SS de la permanente presión sobre sus ingresos por la bajada de las cotizaciones sociales, reclamada de forma reiterada por los empresarios y acometida con frecuencia por los Gobierno con la excusa de realizar políticas activas de empleo. En los últimos años la creación de empleo no incrementa en la misma medida los ingresos de la SS, entre otras razones por las reducciones y exenciones concedidas en las cotizaciones a los empresarios y autónomos.
2.- Las pensiones son insostenibles por la baja natalidad y por el incremento de la esperanza de vida. Al librar a las pensiones de la atadura en exclusiva de las cotizaciones sociales, deja en papel mojado todos los argumentos que tan fácilmente se han manejado acerca de que la baja tasa de natalidad y el incremento de la esperanza de vida conforman una pirámide de población que hace inviable el sistema. Esta argumentación, en todo caso, no afectará más a las pensiones que, por ejemplo a la Sanidad Pública, a la Educación, a la dependencia o a cualquier otro gasto del Estado.
3.- ¿Número de cotizantes o renta per cápita? Además, y sobre todo, estos argumentos se basan en una premisa falsa, pues contemplan exclusivamente el número de trabajadores, cuando el debate hay que plantearlo no en cuántos son los que cotizan, sino en cuánto es lo que se produce, porque cien trabajadores pueden producir igual que mil si la productividad es diez veces superior.
Es lo que ha ocurrido en la agricultura. Hace cincuenta años el 30% de la población activa trabajaba en el sector primario; hoy solo lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el anterior 30%.
La variable esencial a la hora de plantear la viabilidad o inviabilidad de mantener el Estado del bienestar (y dentro de él, las pensiones) no es otra que la evolución de la renta per cápita.
La renta per cápita se ha incrementado progresivamente hasta casi duplicarse en los últimos treinta años, y es de suponer que se duplicará también en los próximos treinta o cuarenta años si los efectos perniciosos de la globalización mal entendida no lo impide.
4.- ¿Por qué el IPC? Si la renta per cápita crece, no hay ninguna razón para que no se puedan mantener e incluso incrementar las prestaciones sociales y tampoco para que un grupo de ciudadanos (por ejemplo, los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta en términos reales.
Es más, de hecho no debería haber ningún impedimento para que su pensión evolucionase a medio plazo al mismo ritmo que evoluciona la renta per cápita, esto es, por encima del coste de la vida (IPC) a pesar de las reivindicaciones un tanto miopes de muchos colectivos más o menos bien intencionados. Si las rentas (y salarios) suben por encima del IPC (como debería ser al subir la “riqueza per cápita”)) ¿por qué las pensiones han de subir sólo con el IPC?.
El Estado es el primer socio, mediante impuestos, de la actividad económica y si esta se incrementa, la recaudación fiscal también debería aumentar.
La cuestión de las pensiones (al igual que con la Sanidad, el Seguro de desempleo, la Dependencia o cualquier otra prestación social) hay que contemplarla en términos de distribución y no de carencia de recursos.
A modo de conclusión. El problema surge cuando la sociedad repudia los impuestos y las formaciones políticas son incapaces de acometer una verdadera reforma fiscal. Por una parte, el gasto público en pensiones en porcentaje del PIB se mantiene en España muy por debajo del de la mayoría de los países de la UE y, por otra, la presión fiscal de nuestro país es por lo menos seis puntos del PIB inferior a la media de la UE. No hay ninguna razón, por tanto, que justifique la afirmación de que el sistema público no se puede mantener o la pretensión de ponerle un corsé eliminando la revalorización anual de las pensiones al menos en el porcentaje al que se incrementa anualmente el IPC.
