En la recomendación 12 del Pacto de Toledo, aprobado por el Congreso de los Diputados el 18 de noviembre de 2020 se dice textualmente:
“… la Comisión considera esencial, previa identificación del colectivo, analizar los costes financieros y la equidad actuarial de los coeficientes reductores que se aplican en los casos de jubilación anticipada, poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma -voluntaria o forzada por las circunstancias-, los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se produzca la jubilación. A la vista de dicho análisis -una vez determinada la situación de aquellas jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores pueda producir un efecto inequitativo- el Gobierno propondrá una respuesta, en el plazo máximo de tres meses, a la Comisión del Pacto de Toledo.”
El pasado 18 de febrero se cumplió el plazo máximo marcado, no ya por la Comisión del Pacto de Toledo, sino por el propio Congreso que hizo suyas esas recomendaciones, y seguimos sin ninguna noticia del preceptivo Informe.
No obstante, es preciso separar esta cuestión según la modalidad de anticipación que se analice.
En el caso de las Jubilaciones Anticipadas Voluntarias (JAV) parece que, según globos sondas del propio ministro Escrivá, la opción será modificar la aplicación de los coeficientes sobre la cuantía de la pensión y no sobre la Base Reguladora, al objeto de que dicha reducción sea realmente efectiva en todos los casos sin la afección actual que tiene ahora el “tope” de las pensiones máximas que conlleva que la reducción sobre la pensión sea muy inferior a la reducción sobre la Base Reguladora en los casos de bases de cotización altas.
En el caso de las Jubilaciones Anticipadas Involuntarias (JAI) la cuestión es más sutil y prolija pues algunos hablan de medio millón de afectados y otros de más de 2 millones y más teniendo en cuenta que algunos sectores del Gobierno de coalición pretenden que la eliminación (o al menos reducción) de los coeficientes en el caso de 40 años de cotización o más, sea con carácter retroactivo lo que incidiría sustancialmente en las arcas ya quebradas de la SS. También es cierto que el análisis actuarial de los coeficientes reductores debe ser independiente de los años cotizados pues las cotizaciones de los trabajadores no sirven solo para “pagar” (en puridad, generar la expectativa del derecho a recibirla) su propia pensión y los “excesos” de cotización de algunos permiten compensar a otros jubilados de forma solidaria dentro de nuestro sistema de reparto, contributivo pero también solidario (o redistributivo, como se quiera denominar).
También es cierto que la mencionada recomendación 12 tenía una redacción previa que indicaba:
“… la Comisión considera que debe modificarse la Ley de la Seguridad Social para que se eliminen los coeficientes reductores a todas las personas jubiladas anticipadamente voluntarias o forzosas, ya sean trabajadores por cuenta ajena cómo autónomos, que hayan cotizado 40 años o más a la Seguridad Social, independientemente del año en que comenzaron a trabajar. Dicha modificación deberá aplicarse de forma que, a aquellos jubilados anticipados, futuros o ya existentes, que hayan cotizado 40 años o más y que cuenten con 65 años o más de edad, se les deje de aplicar los coeficientes reductores desde el momento de alcanzar dicha edad, y se les fije su nueva pensión en función de su base contributiva y años cotizados hasta el momento de la jubilación anticipada anteriormente producida.”
Las diferencias entre los textos iniciales y el final son notables pues en el inicial se pide directamente la modificación de la Ley de la Seguridad Social, y en el aprobado finalmente se pide un estudio y una respuesta al Gobierno en un plazo máximo de tres meses. Es decir, es un asunto que ha quedado pendiente de resolver hasta que se realice su estudio por el Gobierno para ver cuales son esas “situaciones inequitativas” producidas por la aplicación de los coeficientes reductores.
Con la que está cayendo (fundamentalmente dentro del propio Gobierno) puede ser que se proponga una prórroga del análisis comprometido, que muy probablemente sea “sine die”.
¡Veremos, pues estamos en tiempo de descuento!
En ningun gobierno de la cee, ocurren estas cosas.
Ni que el pensionista tuviera la culpa de que las arcas de la seguridad social(segun expone el sr Escriba), esten vacia y que tenga una deuda tan enorme. Lo primero que tendrian que hacer es recuperar la cantidad de miles y miles de millones de€ que han salido de la seguridad social indebidamente para cubrir otros asuntos del gobierno y que no corresponden para nada en la funcion para la que esta el ministerio de la SS.
Nada mas con eso se cubria en su totalidad lo que piden con todo el derecho del mundo, aquellas personas que desde 14 o 15 años empezaron a trabajar y se dejaron toda una vida cotizando para que ahora digan que no pueden modificar nada porque es un montante economico muy alto..
Eso a mi forma de ver es simplemente Robar a unos trabajadores que lo han dado todo.
Ellos con pocos años cotizados tienen derecho a muchas cosas.
Otra pregunta que me hago pero que ningun politico le clava el diente porque a ninguno le interesa.
Se ahorraria el gobierno, mas de 100000 millones de €\anual.
Como.
Pues es muy sencillo, con la tecnologia tan avanzada que tenemos y que el 80% de las gestines se pueden realizar online mi pregunta es: Porque mantenemos 10000 o mas ayuntamiento con su respectivos 18 o 20 consejales; alcalde y teniente de alcalde.
Con dejar solo a tres personas en cada uno que puedan gestionar y dar solucion al ciudadano que no tiene los medios o preparacion suficiente.
Ahora hagan numeros y veran los resultado, pero claro eso no interesa a ningun politico y es mas facil no dar lo que corresponde a cada pensionista.
Lo unico que pido es que se paren a analizar este contenido que les hago llegar y que de una vez por toda sean justo.
Solo comunicarles que los ayuntamientos como el de madrid y las principales provincia de españa los dejaria como estan, el resto que se busquen la vida como hemos hecho todos y no que por agradecimiento y servicios prestado yo te hago CONCEJAL y aqui no pasa nada.
Esto hace 20 año seria normal; Hoy por ho y con las nuevas tecnologia no tiene sentido.
Por favor “” Modifiquen esto con urgencia y traten a todos por igual que los pensionistas nos meresemos
Simplemente indicar que los números no cuadran.
En España hay 8.000 alcaldes, 66.000 concejales, 1.200 parlamentarios autonómicos, 1.000 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 140 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán. Además del presidente del Gobierno, sus vicepresidentes, sus ministros y otros 600 altos cargos del Estado. En total 76.000 políticos profesionales
Al total de senadores, diputados nacionales y diputados autonómicos se destinan unos 100 millones € /año en sueldos y dietas. Los sueldos y dietas totales de esos 76.000 políticos suman 720 millones de euros anuales (el 90 % de los alcaldes y concejales no tienen sueldo)
En resumen, el “sistema representativo” tiene un coste de 720 millones €/año
ALGUNOS GASTOS SOCIALES ANUALES
Datos Presupuestos del SEPE (medios de los últimos 3 años):
– Ingresos por cotizaciones del “seguro de desempleo”: 18.000 millones €
– Gastos por prestaciones contributivas de desempleo (“el paro”): 14.500 millones €
– Gastos por cotizaciones a la SS por prestaciones contributivas: 5.500 millones €
– Gastos por subsidios y ayudas especiales: 6.000 millones €
– Gastos por cotizaciones a la SS del subsidio +52 años: 1.000 millones €
Por lo tanto el Estado hace una transferencia anual al SEPE de 9.000 millones € para poder cubrir esos gastos totales (27.000 millones €/año).
En lo que se refiere a las pensiones los “números gordos” son:
– Ingresos de la SS (fundamentalmente por cotizaciones): 140.000 millones €
– Gastos Pensiones de Jubilación (SS): 120.000 millones €
– Gastos Pensiones de Viudedad/orfandad (SS): 22.0000 millones €
– Gastos Pensiones de Incapacidad (SS): 15.000 millones €
– Otras prestaciones (IT, maternidad,…) (SS): 12.500 millones €
– Gastos Pensiones de Funcionarios Clases Pasivas (directamente de los PGE): 15.000 millones €
– Gastos Pensiones No contributivas (directamente de los PGE): 2.500 millones €
Total prestaciones (SS y Clases Pasivas): 187.000 millones €/año
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES: 214.000 millones/año, que no son comparables con los 720 millones del sistema representativo