PENSIONES: ¡LA QUE SE AVECINA!

José Luis Escrivá será a partir de la próxima semana el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. En pocas ocasiones, un ministro ha llegado a ese cargo con tal bagaje de intervenciones públicas y tantos informes, estudios y presentaciones sobre la materia que queda bajo su control. De entre todos esos trabajos, el más conocido y completo es el que presentó, hace ahora justo un año, Escrivá en nombre de la AIReF: “Opinión sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social

La AIReF es probablemente el organismo más optimista en sus previsiones demográficas. Y a los políticos les encanta por eso. La primera conclusión que puede extraerse es que habrá reforma de pensiones sí o sí, y se habla de una reforma dirigida a recortar el gasto de la Seguridad Social y, por consiguiente, los derechos de cobro de los futuros pensionistas. Las siguientes son las propuestas de reforma más relevantes incluidas en aquel informe:

1.- Pasar el déficit de la Seguridad Social al Estado: en sí mismo, esto no es una reforma. Escrivá defendió que en el corto plazo sería bueno, para “visualizar” la situación desde el punto de vista contable, que la Administración Central se anotara los de 17.400 millones de déficit de la Seguridad Social. Por un lado, asumiendo en su parte del Presupuesto unos 7.000 millones de gasto que hasta ahora pagaba la Seguridad Social: hablamos de partidas como “gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, determinadas medidas de fomento del empleo y de reducción temporal de cotizaciones, las prestaciones por maternidad y paternidad, o las subvenciones implícitas a regímenes especiales”. La AIReF proponía además cambiar el reparto de las cotizaciones que cada mes abonan empresas y trabajadores españoles: la idea es reducir la cotización por desempleo a cambio de una subida equivalente de las cotizaciones que cubren las contingencias comunes (pago de pensiones). Con este segundo movimiento presupuestario la Seguridad Social ingresaría los 10.000 millones que le faltan para cerrar el agujero del déficit.

Los 10.400 millones restantes saldrían de un cambio en la composición de las cotizaciones que, cada mes, pagan las empresas y trabajadores españoles: la AIReF piden que se suban las cotizaciones por contingencias comunes y, al mismo tiempo y en la misma medida, se bajen las cotizaciones por desempleo.

Así, es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el que carga con el grueso del ajuste. Y es a éste organismo al que el Estado debe financiar aquellos servicios o prestaciones no contributivas que considere necesario mantener.

En realidad esto supone pasarle el muerto a otro y que ellos ya no aparezcan con números rojos. Pero, esto no implica ningún cambio real en el problema de fondo porque las pensiones se pagan con impuestos, como el resto de gastos del Estado: la caja es una (para todo el Reino de España) y el que paga también es el mismo (el Reino de España)… que lo llamemos cotizaciones o impuestos es un tema menor.

2.- Retrasar la edad “real” de jubilación para el largo plazo: a este respecto, Escrivá propuso elevar la edad real de jubilación de los actuales 62,4 años a los 65,9 en 2048 y para ello aprobar las reformas necesarias para acercar esa cifra algo más de un año a los 67 años de edad legal que marcaba la reforma de 2011, complicando las jubilaciones anticipadas: “Existe una correspondencia imperfecta entre la edad legal y la edad efectiva ya que existen numerosas situaciones de acceso la jubilación antes de la edad legal. Por lo tanto, es posible llegar a un aumento de edad efectiva mediante distintas vías que no impliquen necesariamente un aumento generalizado de la edad legal“.

3.- Aumentar la carrera de cotización considerada para el cómputo de la pensión: incrementar los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la base de la pensión pasando de los 25 años a 35 años (también se habló de la posibilidad de ampliarlo a toda la vida laboral). Para la inmensa mayoría de los trabajadores, pasar de 25 a 35 años (por no hablar de si lo llevamos a toda la vida laboral) supondrá un recorte en su futura pensión, pues la base reguladora es más baja si tenemos en cuenta los últimos 35 años que si tenemos en cuenta los últimos 25, simplemente por la evolución de los salarios al ir desarrollando la carrera profesional.

4.-Sobre las reformas de 2013, Escrivá fue bastante crítico respecto al Índice de Revalorización Anual, pero sobre el Factor de Sostenibilidad (que no está derogado, simplemente se suspendió su aplicación a la espera de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo) siempre ha sido mucho menos claro.

5.- Incapacidad Permanente. También se propone “meter mano” a las prestaciones de incapacidad indicando que “Que se reorienten las prestaciones de incapacidad para aprovechar mejor la capacidad laboral de los individuos”. En lenguaje llano, hacer que sea más complicado obtener la incapacidad y empujar a los trabajadores a que reorienten su carrera hacia sectores en los que sí puedan seguir trabajando.

El mensaje que se transmite es que la Administración Central tiene instrumentos suficientes para controlar gastos e ingresos; algo que no puede decirse de la Seguridad Social, a la que los gastos (pensiones) e ingresos (cotizaciones) le vienen dados. El Gobierno central puede subir o bajar impuestos y recortar o no otras partidas de gasto. Por eso, pide que el déficit se concentre “en aquellas partes de la Administración que disponen de herramientas para reducirlo“.

La idea es “visibilizar” (esta palabra se repite varias veces en la presentación) el déficit en el Estado y no en la Seguridad Social, con el objetivo de reducir la incertidumbre: pensionistas que no gastan por miedo o personas que dejan de cotizar pensando en que no van a recibir una pensión en el futuro. Es en definitiva más un problema de imagen que otra cosa. Y es cierto que un mensaje muy catastrofista sobre la Seguridad Social podría generar ese tipo de cambios en los agentes económicos. De esta manera, puede entenderse la reforma de corto plazo de la AIReF como un intento de serenar el debate y enfrentarse a la reforma de largo plazo con menos ruido pues ya no habrá noticias que digan “la Seguridad Social tiene un déficit del 1,5-1,7-2,0%”. Cambiamos de titular y es el Estado el que asume esos números rojos.

Pero el problema real de fondo es que reducir de forma artificial el déficit de la Seguridad Social (pasando simplemente los gastos a otras partidas del Presupuesto sin alterar la estructura fundamental de ingresos y gastos) puede tener un efecto desincentivador a la hora de plantear reformas de calado para el largo plazo. Sobre todo si el mensaje que llega a la opinión pública es que se ha solventado la cuestión.

De hecho, eso es precisamente lo que gusta tanto a los partidos: es una seudoreforma de las pensiones indolora en apariencia: se dice que se reforma el déficit de la Seguridad Social y se le deja la decisión difícil (subir impuestos o recortar otras partidas) a otros.

Además, hay un elemento adicional que no podemos obviar pues estas reformas paramétricas no dejan de ser una forma de incumplir las promesas realizadas a los trabajadores. Pueden ser necesarias (de hecho, es casi inevitable hacer algo en este sentido) pero debe quedar claro que es una quiebra parcial del sistema: como la Seguridad Social no puede cumplir con las obligaciones que tiene, se cambian las reglas de juego a mitad de la partido.

ENLACE AL ESTUDIO OPINIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  

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