PENSIONES: ESCRIVÁ NOS LLEVA DIRECTOS AL ABISMO

Fedea calcula que en torno a 2050 se tendría que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos del PIB, lo que supondría en torno al 60% de la recaudación por IRPF, que en 2019 fue del 7,56% del PIB.

Esta reforma de las pensiones -la primera parte aprobada ya y la que está en proceso- condenan al Sistema a un agujero creciente y condenan al componente contributivo del sistema público “a un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente” a lo largo de las próximas décadas.

Como punto de partida hay que señalar que en 2019, el último ejercicio antes de la crisis del Covid y del inicio del trasvase de su déficit al Estado mediante crecientes transferencias para financiar gastos supuestamente impropios, la Seguridad Social presentaba un déficit de unos 16.600 millones de euros o un 1,3% del PIB que tenderá a aumentar con el tiempo como resultado del rápido proceso de envejecimiento que estamos experimentando

Además las principales medidas adoptadas en la primera fase de la reforma de pensiones (la indexación de las pensiones al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad) “generarán un fuerte incremento del gasto en pensiones” durante las próximas décadas sin afectar a los ingresos por cotizaciones, alerta Fedea.

El acuerdo tiene cuatro componentes principales que tienen que ver con el cálculo de la pensión inicial, el “destope” de las cotizaciones sociales, la introducción de una cuota de solidaridad sobre las rentas salariales más altas y un endurecimiento del mal llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

La base reguladora de la pensión se calcula ahora como una media de los salarios actualizados por inflación de los últimos 25 años de actividad, y en el cálculo alternativo propuesto el período de cómputo se amplía hasta los 29 años pero se descartan los 24 meses con menor base de cotización actualizada. Claramente, la medida sólo puede incrementar el gasto en relación con el modelo actual, pues sólo optarán por el período ampliado de cómputo aquellos que obtengan una mayor pensión con esta opción.

Existen medidas acordadas que sí generarán ingresos aunque por un importe muy inferior al que sería necesario para restaurar su equilibrio financiero.

La primera de estas medidas consiste en una subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2024 y 2050, acompañada de la cuasi-congelación de las pensiones máximas a precios constantes. Durante el período indicado, la base máxima de cotización aumentará en términos reales (esto es, tras ajustarla por la inflación) a una tasa anual del 1,20%, mientras que la pensión máxima lo hará al 0,115%. Esto supondrá en 2050 un incremento acumulado del 38% para la base máxima de cotización y del 3,15% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes.

A esto hay que añadirle la introducción de una nueva cuota de solidaridad que gravará la parte de los salarios que exceda la base máxima de cotización a un tipo que irá subiendo gradualmente hasta alcanzar el 6%. Es importante destacar que la cuantía total de las rentas salariales situadas por encima de la base máxima de cotización actual asciende a sólo unos 30.300 millones de euros (un 2,64% del PIB). El potencial recaudatorio de gravar estas rentas, incluso a tipos muy elevados, es por tanto muy limitado. Así, el destope total de las cotizaciones generaría unos ingresos adicionales por cotizaciones de algo menos de un punto del PIB .

Los ingresos de la Seguridad Social aumentarán también a través de una subida de los tipos de cotización ligada en principio al MEI. Esta subida de cotizaciones se aplicará a toda la renta salarial por debajo de la base máxima de cotización, lo que da a este instrumento un poder de recaudación muy superior al de las medidas tipo destope que sólo actúan sobre una pequeña parte de la masa salarial, y lo hace mucho más consistente con la lógica contributiva del sistema. La subida inicialmente prevista del tipo de cotización por esta vía era de 0,6 puntos, lo que habría generado unos ingresos adicionales de en torno al 0,20% del PIB. Puesto que el tipo extraordinarito cotización se elevará ahora hasta el 1,2%, cabe esperar que el impacto sobre los ingresos también se duplique, alcanzando el 0,40% del PIB una vez se aplique el tipo máximo previsto

En definitiva, una vez desplegado por completo en 2050, el destope de las cotizaciones incrementará la recaudación en 0,15 puntos del PIB y la introducción de la ‘cuota de solidaridad’ para los salarios más altos lo hará en 0,13 puntos adicionales. La subida de los tipos de cotización en un 1,2% ligada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), por su parte, aportará otros 0,40 puntos, elevando la ganancia de ingresos hasta 0,68 puntos de PIB, una quinta parte de lo que sería necesario para compensar el incremento esperado del gasto, avisa Fedea.

Así pues, la reforma en curso condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas que habrá que cubrir con ingresos generales (o deuda). En torno a 2050 tendremos que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos de PIB, lo que viene a ser el 60% de la recaudación por IRPF (que en 2019 fue del 7,56% del PIB). Tal presión dejará poco margen para financiar un mayor gasto en casi cualquier otra cosa, incluyendo sanidad y dependencia, con necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población.

ENLACE AL ESTUDIO DE FEDEA

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