PENSIONES: EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN DE ESCRIVÁ

Los expertos defienden que en 2025 harán falta 14.000 millones más, lo que implicará recortes de pensiones o subir de nuevo las cotizaciones, mientras el ministro asegura que todo está controlado

Fiódor Dostoievski fue el primero en usar la expresión «el elefante en la habitación» para describir una situación en la que hay algo tan evidente que nadie lo ve o quiere verlo. El inefable ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá tiene en su despacho el enorme, gigantesco, elefante de la sostenibilidad el sistema de pensiones español que, para él, no parece ser un problema.

Escrivá defiende con entusiasmo que no hay problema con el futuro de las pensiones gracias a su pseudo reforma. Escrivá hasta ahora ha defendido que todo está controlado. Es quizá el único.

El lunes, los 15 mayores expertos en pensiones del país pusieron en solfa –con un informe detallado los números del ministro. Defienden que en 2025 habrá que recortar prestaciones o aumentar ingresos –es decir, cotizaciones– de empresas y de trabajadores. Más presión sobre las compañías y los salarios. Escrivá esperar que el problema explote, porque explotará y con estruendo, cuando haya otro ministro y otro Gobierno a los que culpar de un problema anunciado y retransmitido. Lo vea o no lo vea, quiera o no Escrivá, ahí está el gran elefante que sí percibió Dostoievski.

Las pensiones son la política con mayor peso en las cuentas públicas españolas, muy por delante de la siguiente, que es la sanidad. El gasto en pensiones representó en 2022 más de una cuarta parte del gasto total de las administraciones públicas (el 27,3% del total), mientras que las cotizaciones sociales representaron el 31,5% de sus ingresos en ese ejercicio presupuestario. Dado que las cuentas públicas españolas cerraron 2022 con un déficit del 4,81% del PIB (-63.776 millones de euros), el saldo negativo del componente contributivo del sistema público de pensiones explica casi tres cuartas partes de su saldo negativo total (un 70,7% del total

En resumen, el sistema público de pensiones presentó en 2022 un desequilibrio financiero del 0,6% del PIB, aún después de recibir abultadas transferencias de la Administración General del Estado (2,8% del PIB o 37.194 millones de euros). De no contar con ellas, el déficit habría alcanzado 3,4 puntos de PIB (-45.365,40 millones de euros)

El análisis de las proyecciones de gastos y de ingresos publicadas recientemente por el Ministerio sugiere que éstas se decantan siempre por las hipótesis y escenarios más optimistas, no siempre coherentes entre sí. Estas proyecciones se apoyan en supuestos demográficos y macroeconómicos más favorables que los utilizados por otras instituciones, así como en estimaciones no suficientemente documentadas y en ocasiones poco creíbles de los efectos presupuestarios de algunas de las medidas de la reciente reforma.

Como consecuencia, las proyecciones del Ministerio infravaloran los efectos de la reforma sobre el déficit presupuestario del sistema y, por lo tanto, sobre el margen de gasto disponible para otras políticas, y sugieren que resulta muy improbable que la cláusula de cierre del MEI llegue a activarse. Los cálculos de este grupo de expertos, por el contrario, apuntan a un crecimiento sustancial del gasto en pensiones durante las próximas décadas que se vería compensado sólo parcialmente por los incrementos de ingresos derivados de la reforma, y sugieren que la condición que activa la cláusula de salvaguarda del MEI se cumple ya en la actualidad, lo que previsiblemente obligará a tomar medidas correctivas en la revisión prevista para dentro de dos años. Un elemento adicional a tener en cuenta es que las proyecciones ignoran los potenciales efectos negativos sobre el empleo de las reformas que incrementan los ingresos. Algo relevante, ya que puede seguir aumentando la carga del ajuste soportado por las generaciones activas durante el proceso de envejecimiento.

Los sesgos al alza de las proyecciones del Ministerio son preocupantes porque las dinámicas electorales de las democracias contemporáneas favorecen que las proyecciones excesivamente optimistas, además de utilizarse como instrumentos de autolegitimación, acaben justificando políticas expansivas de gasto y/o retrasos de ajustes fiscales por parte de los gobiernos. Esta estrategia resulta particularmente arriesgada en un país, como España, que ha dado muestras de divergencia en renta per cápita y productividad en los últimos 15 años respecto a la UE, y arrastra un déficit público estructural comparativamente alto que amenaza con aumentar su ya muy elevado endeudamiento público y deja un margen de maniobra limitado para afrontar otras prioridades o hacer frente a shocks negativos.

Demasiado a menudo se pasa por alto que la capacidad de controlar estas variables también determina la credibilidad de un Estado miembro en el seno de la Unión Europea, su posición en la discusión y adopción de decisiones en organismos comunitarios, y la imagen que de él prevalece en otras sociedades europeas. Precisamente en esta década, en la que hemos comprobado el enorme impacto económico y financiero que pueden tener contingencias imprevisibles, así como la importancia de contar con márgenes fiscales para responder ágil y eficazmente ante ellas, habría que extremar la prudencia en la elaboración de las proyecciones económicas y, al menos, presentar escenarios alternativos en virtud de la transparencia y la responsabilidad política exigibles a los gobiernos.

Es cierto que la nueva legislación española sobre pensiones contempla la activación de mecanismos correctivos en caso de desviaciones al alza de las proyecciones de gasto neto, pero no conviene infravalorar los costes económicos, políticos y sociales de esa activación. Dado el ya elevado nivel de nuestros tipos de cotización, una subida adicional de las cuotas para cubrir el creciente déficit del sistema público de pensiones podría tener efectos adversos sobre el crecimiento potencial, el empleo, la productividad y, en definitiva, sobre el bienestar de la población.