Cada día que pasa la situación de la Seguridad Social es más insostenible. Los más de 9 millones de pensionistas, sus 14 pagas al año, generan un déficit sistemático en la tesorería de la Seguridad Social de carácter irresoluble, a menos que se ejecuten múltiples medidas de ajuste.
Estamos a las puertas de la jubilación de la generación del baby boom y la pensión media no dejará de subir en los próximos años. De hecho, desde 2011, los gastos sin cubrir suman unos 100.000 millones de euros, cifra astronómica que agravan la insostenibilidad financiera de la Seguridad Social y ponen el riesgo la viabilidad estructural del Estado español.
Parece obligado realizar una profunda reflexión sobre la crisis de la Seguridad Social, pues detrás se esconde el diseño de un modelo de sociedad que prioriza y privilegia a las clases pasivas sobre las clases activas, en el marco de un concepto de solidaridad y bienestar que no está focalizado en el ahorro individual ni en la previsión personal y familiar.
Esto hace que el grave desequilibrio de la Seguridad Social represente, en el fondo, una crisis intergeneracional de base moral, con situaciones de pensionistas con viviendas en propiedad y pensiones públicas s de más de 2000 euros, mientras amplias capas de jóvenes asalariados apenas llegan a fin de mes como mileuristas y habitan en pisos de alquiler.
El bienestar de los abuelos, su pensión contributiva blindada y garantizada, se hace a costa de sumir en la precarización a sus propios hijos y nietos, lo cual determina toda la marcha de la sociedad, porque una persona que ha trabajado toda su vida laboral, debería en buena lógica haber tenido capacidad de ahorrar y garantizarse su supervivencia individual como jubilado por varios medios, mientras que los jóvenes deberían tener recursos suficientes, sin las cargas públicas aplicadas a sus ingresos, para poder formar familias, tener hijos, consumir y adquirir propiedades y no casi principalmente para financiar las pensiones públicas de sus propios padres.
Se ha construido un sistema público de protección social a la inversa, priorizando la irresponsabilidad personal y esto nos ha conducido a la precariedad social. La única justicia de un sistema de Seguridad Social debería ser la de las pensiones no contributivas y las contributivas más inferiores, pues estas sí que son para poblaciones realmente necesitadas y las únicas que deberían estar bien dotadas y blindadas. El resto de las contributivas, por contraste, pueden discutirse de varios puntos de vista, comenzado por el hecho de que estos pensionistas, después de una vida laboral cumplida, deberían haber dispuesto sus ingresos hacia el ahorro responsable y no delegar su supervivencia en su tercera edad en la financiación otorgada por las generaciones menguantes de jóvenes precarizados cuya nómina debe soportar cargas y tributos crecientes que hacen que su renta disponible sea escasa para la formación de una vida familiar digna y estable.
A ellos se suma el “invierno demográfico” con cada vez menos jóvenes trabajando y cotizando (no para ellos mismos, si no para sus padres) y el incremento de la esperanza de vida de sus progenitores.
La “seguridad social” de los mayores, tal y como está establecida hoy por el sistema público de pensiones contributivas, es la inseguridad actual y futura de los jóvenes.
Fuente: elmundofinanciero.com
