Acaba 2019 y todos los malos augurios que teníamos a principios de este año sobre las pensiones se han cumplido uno tras otro
1.-Derogar definitivamente el todavía vigente legalmente Índice de Revaloración anual de las pensiones (IRP) teniendo en cuenta el IPC o, al menos, la subida salarial media. Replantear el cálculo del Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), en “hibernación” hasta el 2023.
2.- “LAS PENSIONES NO SE HEREDAN DE FORMA VITALICIA“. Financiar las actuales Pensiones de Viudedad, orfandad y ayuda a familiares mediante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), liberando de su carga (aprox. el 20% de los gastos actuales) a las cuentas de la SS. Dicho cambio se debería plantear para los nacidos, por ejemplo, después de 1965 y con un periodo transitorio de aplicación.
3.- Tomar TODA LA VIDA LABORAL para el cálculo de la Base Reguladora. A partir de 2023 (cuando finalice el periodo transitorio actual que alarga el periodo de cómputo a los últimos 25 años). Por razones de equidad actuarial. Beneficiaría a los trabajadores expulsados del mercado de trabajo a edades “avanzadas” y sin posibilidad de suscribir un Convenio Especial (CE). En la mayoría de los casos, no obstante, comportaría una bajada de la cuantía de la pensión actual (dado que las cotizaciones iniciales suelen ser mucho menores que las recientes) a no ser que se ajusten las “fórmulas” de cálculo.
4.- Disminución de los COEFICIENTES REDUCTORES POR ANTICIPACIÓN. En la actualidad son actuarialmente excesivamente altos. Deberían estar en el orden del 4 ó 5 % anual para ser realmente equitativos.
5.- Incentivar las JUBILACIONES FLEXIBLE y ACTIVA. Mejora de las actuales reducciones para la Pensión Flexible. Aumentar el límite actual para poder cobrar la Pensión y realizar trabajos por cuenta propia (actualmente el SMI). Facilitar la PENSIÓN ACTIVA para todas las modalidades de pensiones (actualmente solo para jubilaciones ordinarias con el 100% de la Base Reguladora) y aumentar el importe de la cuantía compatible a percibir (actualmente el 50%, con alguna excepción en los RETA que pueden llegar al 100%). En este sentido dar un tratamiento similar a las compatibilidades de las pensiones públicas (Régimen General y RETA) con las derivadas de las Mutualidades de Colegios profesionales.
6.- Derogar definitivamente el COMPLEMENTO DE MATERNIDAD para algunas “madres”. Por discriminación de género y por ser contraria a la redistribución de las rentas (benefician más a las pensiones más altas). Esas “ayudas” deben darse en el periodo de cuidado y crianza que es cuando se originan los gastos, no a “estas alturas del partido”.
7.- Desgravación en el IRPF de los costes de los SEGUROS PRIVADOS DE SALUD. En la línea de lo ya recogido para los RETA con discapacidad en régimen de estimación directa y para asalariados con discapacidad que sean beneficiarios de un seguro sanitario de empresa. Esta medida fiscal se debería ampliar a otros colectivos vulnerables como los jubilados, o el conjunto de personas con discapacidad en general, ya que muchas de ellas están en situación de dependencia y tienen un alto gasto en atención sanitaria.
8.- Eliminar (o al menos informar sobre la realidad) las teóricas desgravaciones fiscales de los Planes de Pensiones Privados. Por ser discriminatorias pues “premian” a los ciudadanos con rentas más altas que pueden acceder a ellos y, sobre todo, porque es simplemente un argumento comercial falso pues en realidad simplemente se difiere la tributación al momento del rescate (aunque si es por medio de rentas la tributación es más “llevadera”). Potenciar los Planes de Empleo (planes de pensiones de empresa) de forma similar a las EPSV del País Vasco.
9.- Eliminar el TOPE DE LA COTIZACÓN MÁXIMA. “Tanto cobras tanto cotizas“. De lo contrario se priman los salarios más altos (que tienen topada la base máxima) en contra de los principios de contributividad.
10.- Replantear el TOPE DE LA PENSIÓN MÁXIMA. También por motivos de equidad: “Tanto cotizas tanto será su prestación“. Paulatinamente el ratio pensión máxima/pensión mínima ha pasado desde el 7,5 en 1984 a 4,0 en 2015. Se rompen los incentivos de sistema contributivo y se apunta a un sistema asistencial con todo lo que ello comporta.
11.- Que los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (aunque son sólo el 3,5% del gasto total) NO deben ser soportados por las cuentas del propio sistema de la SS. Por ejemplo, los sueldos de los funcionarios de la Dirección General de Carreteras los pagamos todos vía impuestos, no mediante una tasa en el precio de la gasolina.
12.- Replantear por fin la cotización de los RETA que actualmente es independiente de los ingresos reales de la actividad, dando lugar a numerosos abusos por parte de muchísimos autónomos. El “agujero” (ingresos versus prestaciones) del RETA en las cuentas generales es abrumador y demoledor para el conjunto de la SS.
