PENSIONES: ¿CALMA “CHICHA” ANTES DE LA INMINENTE TORMENTA?

La legislatura ha estado marcada por el paquete de reformas comprometido con Bruselas

Los expertos creen que daña a la población activa y joven

 

Lo cierto es que la legislatura finaliza con un balance que se salda con un imponente gasto creciente de la partida sobre los Presupuestos de las pensiones, donde el desembolso en las prestaciones exclusivamente contributivas pasará de 128.000 millones –según la liquidación presupuestaria de 2019– a los 166.700 millones presupuestados para todo 2023. La propia evolución demográfica nos indica que el gasto de la Seguridad Social será progresivamente mayor y además la actualización de las pensiones en 2022, del 8,5%, supuso un importante impulso al desembolso de la Administración.

 

El Gobierno español se comprometió con Bruselas a realizar una serie de cambios que aseguren la sostenibilidad de las pensiones en las próximas décadas. Para la Comisión Europea, los cambios abordados cubren de momento el problema aunque impuso en el último bloque de medidas una cláusula de salvaguarda en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una nueva sobrecotización que deberá ser revisada cada tres años y podrá ser ajustada si el gasto sobrepasa la línea roja del 15% del PIB. Ahora, las cuentas soportan una ratio del 11,7% del PIB, 0,6 puntos más que antes de la pandemia.

 

La separación de fuentes de financiación ha sido otra de las novedades durante la legislatura. El acuerdo implica que la Seguridad Social se hace cargo solo de la parte contributiva que le corresponde y los gastos no contributivas se pagan vía impuestos, con una transferencia de Hacienda. El problema es que el sistema está en déficit desde hace más de una década y las transferencias del Tesoro cubren, además de los gastos no contributivos, parte de los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esta separación de fuentes ha supuesto en definitiva trasladar gasto a otra parte de la Administración. Esto, además se ha utilizado como justificación para que se pueda gastar más.

 

Lo más destacado de la reforma ha sido la importante subida de cotizaciones que los expertos consideran una peligrosa estrategia por el nivel de desempleo de España. El gasto se cubrirá parcialmente con la creación de nuevas cotizaciones sociales. La subida de las cotizaciones sociales se aborda a través del destope de las bases máximas, que subirán más que las prestaciones máximas y daña la contributividad. Además se crea una cotización sobre todos los salarios –el citado MEI– que no genera derecho a pensión y va destinado a la hucha de las pensiones (pese a seguir en déficit y pagar pensiones a costa de deuda) y la cuota de solidaridad, para gravar al tramo salarial que supera la base máxima de cotización, pero que tampoco mejora la prestación futura.

 

Los planes de pensiones individuales se rebajaron la exención fiscal máxima de 8.000 euros a 2.000 euros, y después a 1.500 euros. Debido a este golpe fiscal, el tercer pilar se ha debilitado, pese a contar con más de 80.000 millones de patrimonio. En contraposición, los planes de pensiones de empleo se han potenciado entrarán en juego en la negociación colectiva y el propio Estado, será quien promueva los instrumentos colectivos de gestión privada del nuevo fondo público de pensiones. Espera captar 4.000 millones a corto plazo y llegar a más gente ahorrando.

 

Lo cierto es que de cualquier manera la reforma Escrivá no contó con la conformidad de todas las partes en el diálogo social, sino solo con la de una de ellas, los sindicatos, y además se aprobó por Real Decreto-ley, sin tramitación parlamentaria y contando solo con las mayorías de ocasión pero sin el amplio grado de consenso que requeriría una materia tan sensible social y económicamente como ésta.

 

Si en las elecciones se convalida una mayoría del mismo signo que la de la presente legislatura, ¿contará formalmente por fin con la plena aprobación de su reforma por la Comisión Europea? ¿Se verá obligada por los acontecimientos a adoptar medidas complementarias como las anunciadas dentro de la propia reforma?

 

Si por el contrario cambia el color del Gobierno ¿qué hará con la reforma ya implantada? ¿Revertirla, como hicieron sus oponentes con la suya de 2013 al llegar al poder? ¿Retocarla? ¿En solitario, sin el debido consenso una vez más? ¿Y con qué garantía de continuidad en el tiempo?

 

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